Un alto cargo de la sanidad catalana ser¨¢ juzgado por denegar un aborto legal

Jaume Bergad¨¤, director general del hospital Vall d'Hebr¨®n de Barcelona, ser¨¢ juzgado bajo las acusaciones de coacciones y omisi¨®n del deber de socorro por haber denegado el derecho de abortar a Mar¨ªa Rosa Mart¨ªn Garc¨ªa, que solicit¨® la interrupci¨®n del embarazo por el grave peligro que representaba la gestaci¨®n para su salud. En noviembre de 1985, Bergad¨¤, entonces subdirector general de los Servicios Sanitarios de la Generalitat de Catalu?a, neg¨® la autorizaci¨®n, y la mujer, de 39 a?os y madre de cuatro hijos, tuvo que acudir a un centro de Holanda y costearse la intervenci¨®n.

Mar¨ªa Rosa Mart¨ªn present¨® una querella criminal contra Bergad¨¤ en noviembre de 1986 por considerar que hab¨ªa sido privada de un derecho amparado por la ley del aborto, aprobada en agosto de 1985. Al cabo de cuatro a?os la juez Carmen Su¨¢rez, titular accidental del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 6 de Barcelona, ha resuelto abrir juicio oral contra Bergad¨¤ y los siete miembros de la comisi¨®n de evaluaci¨®n de la residencia del Vall d'Hebr¨®n de Barcelona. En el auto, dictado el pasado 3 de diciembre, la magistrada dispone que cada uno de los acusados deposite una Fianza de un mill¨®n de pesetas para atender la responsabilidad civil.La mujer acudi¨® en noviembre de 1985 a un centro de planificaci¨®n de Santa. Coloma de Gramenet (Barcelona), ciudad donde resid¨ªa, solicitando la interrupci¨®n del embarazo, acogi¨¦ndose al primer supuesto de la ley para los casos en que la salud de la madre corre grave peligro.

Mar¨ªa Rosa Mart¨ªn, que hab¨ªa tenido dos abortos espont¨¢neos, aport¨® un informe m¨¦dico que se?alaba que padec¨ªa graves problemas circulatorios: trombos parietales y varicosidades importantes.

Las alteraciones le fueron diagnosticadas tras el nacimiento de su ¨²ltimo hijo, en 1978. El informe precisaba que no exist¨ªa la posibilidad de un intervenci¨®n quir¨²rgica para atajar las irregularidades de la circulaci¨®n de la sangre.

A la vista del caso, dos facultativos del centro de planificaci¨®n, Merc¨¨ Gasc¨® y Francisca Molero, firmaron el dictamen aconsejando la interrupci¨®n del embarazo. El 17 de noviembre de ese mismo a?o, la mujer tuvo una entrevista con Bergad¨¤ quien, a, ver el informe, le indic¨® que deb¨ªa someterse a otro reconocimiento, examen que se realiz¨®. Toda la documentaci¨®n se remiti¨® a la comisi¨®n de evaluaci¨®n de la residencia maternal del Vall d'Hebr¨®n, ya que en aquella ¨¦poca era preceptivo el pronunciamiento de la citada comisi¨®n.

La respuesta fue negativa. Sin embargo, el informe de la comisi¨®n destacaba la sorpresa por el estado de gestaci¨®n actual" debido a que su estado de salud lo desaconsejaba. A?ad¨ªa que Mar¨ªa Rosa ten¨ªa que haber sido sometida a una rigurosa contracepci¨®n. En este sentido, la demandante declar¨® ante el juez que antes del embarazo hab¨ªa solicitado una intervenci¨®n de ligadura de trompas, que le fue denegada. La comisi¨®n de evaluaci¨®n se opuso a la pr¨¢ctica del aborto porque, seg¨²n sus miembros, la gestaci¨®n pod¨ªa ser controlada".

Todos los miembros de la comisi¨®n ser¨¢n juzgados bajo los mismos cargos que Bergad¨¤. Los integrantes de la comisi¨®n eran: Francesc Pla Clavell, Jos¨¦ Antonio de Andr¨¦s gast¨®n, ?ngel Mart¨ªnez de la Riva, Jos¨¦ Antonio Somoza Acu?a, Eugenio Castells Alpuente, Jorge Prats Vi?as y Enric Serret Grau.

Bergad¨¤ se sum¨® a la negativa de la comisi¨®n y notific¨® verbalmente a la solicitante la imposibilidad de practicar el aborto en un centro de la sanidad p¨²blica catalana. Ante la respuesta, la mujer decidi¨® viajar a Holanda y el 19 de diciembre de 1985 aborto en un centro de Amsterdam.

Poco despu¨¦s, Mar¨ªa Rosa Mart¨ªn decidi¨® emprender acciones judiciales por considerar que hab¨ªa sido privada de un derecho, adem¨¢s de haber sido sometida a coacciones y vejaciones por determinados empleados de la sanidad p¨²blica catalana cuando al atenderla en los tr¨¢mites comprobaban que se trataba de una petici¨®n, de aborto.

Indemnizaci¨®n del ICS

Pese a que la querella fue presentada por la abogada Mar¨ªa Jos¨¦ Varela en 1986, la tramitaci¨®n de las diligencias ha sufrido continuos atrasos, as¨ª como algunos incidentes. Uno de ellos fue la recusaci¨®n de un perito, designado por el juzgado, porque estaba vinculado a una de las partes demandadas, el Instituto Catal¨¢n de la Salud (ICS), al que asesoraba. Finalmente, la juez Carmen Su¨¢rez ha optado por abrir el juicio oral en base a la acusaci¨®n formulada por la propia demandante, ya que en este caso el ministerio Fiscal no ha presentado escrito de acusaci¨®n. El juicio se celebrar¨¢ una vez que las defensas presenten el escrito de calificaci¨®n en el juzgado.

Por su parte, la acusaci¨®n particular pide una multa de 300.000 pesetas para cada uno de los inculpados y requiere del ICS, en concepto de responsable civil subsidiario, una indemnizaci¨®n de cinco millones de pesetas. En el auto de apertura de Juicio oral la magistrada no hace menci¨®n sobre la posible responsabilidad civil subsidiaria.