Jornaleros sin jornal

MIENTRAS SE mantienen los encierros de alcaldes y otras protestas relacionadas con la investigaci¨®n judicial del fraude de las peonadas, los Jornaleros de Sevilla llevan varios d¨ªas en huelga para presionar a la patronal en relaci¨®n al convenio colectivo del sector.Son las manifestaciones m¨¢s recientes de los seculares problemas del campo andaluz, agravados por la mecanizaci¨®n y por la imposibilidad de emigrar (o incluso el regreso de parte de los que lo hicieron en el pasado) a las zonas m¨¢s desarrolladas de Espa?a o al extranjero. Hoy como ayer, el problema sigue siendo que el agro andaluz no es capaz de dar trabajo estable a la potencial poblaci¨®n laboral de la regi¨®n. Y eso no lo remedian las soluciones administrativas.Tras la experiencia del empleo comunitario, que suscit¨® similares denuncias de clientelismo a las escuchadas ahora, los socialistas crearon en 1984 el Plan de Empleo Rural (PER), y un a?o despu¨¦s fijaron la nueva normativa del subsidio agrario. La exigencia de certificaciones de un m¨ªnimo de 60 jornadas trabajadas para tener acceso a un subsidio durante nueve meses al a?o produce la paradoja de que sean precisamente los m¨¢s necesitados, aquellos que no han conseguido ni siquiera esos 60 jornales anuales, quienes queden excluidos de la ayuda.

Esa situaci¨®n favorece todo tipo de fraudes, m¨¢s o menos encubiertos en consideraciones morales. Pues una vez interiorizada la inevitabilidad de un cierto nivel de fraude en determinados casos, queda abierta la puerta a su generalizaci¨®n indiscriminada. Es lo que est¨¢ revelando la investigaci¨®n judicial: peque?os agricultores, amas de casa, estudiantes, familiares de los propios empresarios agr¨ªcolas que firman las falsas certificaciones, intentan beneficiarse de ellas para obtener un sobresueldo o reforzar la econom¨ªa familiar. De otro lado, la posibilidad de completar las jornadas exigidas mediante trabajos realizados en el marco del PER permite a los ayuntamientos que gestionan sus fondos todo tipo de pr¨¢cticas clientelistas.

La decisi¨®n del fiscal jefe del Tribunal Andaluz de investigar el fraude por encima del temor a las implicaciones pol¨ªticas y a las protestas de los campesinos es correcta. Si el fiscal, como han sugerido algunos, no hubiera investigado los indicios delictivos que le proporcion¨® la Inspecci¨®n de Trabajo, al considerar que el problema agrario es pol¨ªtico y que ata?e al Gobierno y a los sindicatos, hubiera prevaricado. La actitud de los sindicatos ha consistido en secundar -o criticar sin mucha convicci¨®n- el plan del Gobierno. El pasado mes de noviembre, CC OO y UGT acordaron con el Gobierno modificarla normativa del subsidio y del PER, sin cuestionar aquellos aspectos -como la reducci¨®n de las peonadas m¨ªnimas para tener derecho al subsidio- que hoy son el caballo de batalla del conflicto.

Al Gobierno y a la Junta de Andaluc¨ªa les toca encarar por fin el reto de modernizar el campo andaluz y arrostrar cada una de las graves deficiencias del sector. Es urgente depurar, conjuntamente con los sindicatos, el censo agrario y excluir de ¨¦l no s¨®lo a los pequenos terratenientes o comerciantes, e incluso estudiantes, que cobran el subsidio, sino tambi¨¦n a los jornaleros por encima de los 55 a?os incapacitados para faenas agr¨ªcolas, que percib¨ªan el dinero a t¨ªtulo de caridad social. La entrada en vigor del salario social en Andaluc¨ªa y Extremadura debe incorporar a su n¨®mina a aquellas personas incapaces f¨ªsicamente de trabajar en el campo y que carecen de otros ingresos.