La Inspecci¨®n de Trabajo de Granada recibi¨® ¨®rdenes de no investigar en el Plan de Empleo Rural

La Inspecci¨®n de Trabajo de Granada recibi¨® ¨®rdenes, con anterioridad a 1987, para que se abstuviese de investigar las anomal¨ªas derivadas del Plan de Empleo Rural (PER), seg¨²n consta en un informe oficial sin firma en poder del juez que investiga el supuesto fraude. El escrito fue redactado tras una reuni¨®n de la junta consultiva de la Delegaci¨®n de Trabajo de Granada, celebrada el 5 de noviembre de 1987, en la que se decidi¨® arbitrar diversas medida para acabar "con irregularidades de dif¨ªcil soluci¨®n posterior".

El entonces director provincial del Instituto Nacional de Empleo (Inem), Rafael Arroyo Mu?oz, justific¨® que los ayuntamientos cotizaran al r¨¦gimen agrario trabajos propios del r¨¦gimen general ya que, de otro modo, "decrecer¨¢ notablemente el n¨²mero de jornadas a realizar, pues los jornales se regir¨¢n por el convenio colectivo de aplicaci¨®n", lo que ir¨ªa en perjuicio de "trabajadores y ayuntamientos".Seg¨²n los documentos en poder de este peri¨®dico, hasta el 16 de junio de 1987, fecha en que el entonces subdirector general de Prestaciones del Inem, Jos¨¦ Manuel Mu?oz Pel¨¢ez, comunica a su delegado en Granada los indicios del fraude, la Administraci¨®n consinti¨® una serie de pr¨¢cticas an¨®malas. El informe citado, fechado el 1 de diciembre de 1987, relata pormenorizadamente las causas de las m¨²ltiples irregularidades observadas entonces en la aplicaci¨®n del PER y el cobro del subsidio. Entre ellas se se?ala "el escaso control de la Inspecci¨®n de Trabajo a la que en su momento se hab¨ªa indicado que deb¨ªa abstenerse de entrar a comprobar los temas derivados del PER en los ayuntamientos".

Seguridad Social

El informe oficial reconoce que por lo general "se vienen abonando a los trabajadores que participan en las obras salarios agrarios, evitando con ello cotizar al r¨¦gimen general de la Seguridad Social, y aumentar as¨ª el n¨²mero de jornadas computables para el subsidio". Tambi¨¦n se da cuenta de que el grado de ejecuci¨®n de las obras financiadas por el PER es "muy bajo" y que el Inem "no ha sometido a los proyectos de obras presentados por las corporaciones a las comprobaciones m¨ªnimas necesarias".Respecto a la actuaci¨®n de empresas y trabajadores, el informe se?ala que la situaci¨®n en Granada, con un alto grado de fraude, es pr¨®xima a la de otras provincias andaluzas". "La caracter¨ªstica principal y negativa de esta provincia", contin¨²a el informe oficial, "es el fraude institucional existente por la intervenci¨®n de 40 o 50 ayuntamientos con firmas de complacencia por jornadas de trabajo agr¨ªcolas no realizadas como medio de que accedan con facilidad sus vecinos al subsidio de desempleo".

Entre las consecuencias del fraude, el informe se?ala que el n¨²mero de subsidiados agrarios pas¨® de 18.200 que hab¨ªa en 1984, a?o de creaci¨®n del PER, a 31.700 en septiembre de 1987. "El caso m¨¢s sangrante es el de la localidad de Pinos Puente, que en gesti¨®n del anterior alcalde, el municipio pas¨®

de un colectivo de 900 trabajadores a 4.500".

A partir de ah¨ª el documento recoge las instrucciones cursadas por el director general de la Inspecci¨®n de Trabajo para controlar la percepci¨®n del subsidio y las consecuentes inspecciones.

El informe enumera las empresas y trabajadores controlados hasta el momento, 469 y 704, respectivamente, y a?ade: "Estas cifras se incrementar¨¢n en cuanto a empresas,y trabajadores a controlar, pues est¨¢ previsto que sean un m¨ªnimo de 1.500 y 3.705". En el escrito se hace referencia a las acciones emprendidas por la Administraci¨®n para atajar el fraude y se adjunta la copia del acta de la reuni¨®n celebrada el 5 de noviembre de 1987 por la junta consultiva de Trabajo.

En el acta se reconoce que la naturaleza de los trabajos que se hacen con cargo al PER corresponden al r¨¦gimen general de la Seguridad Social, pero que se cotizan al r¨¦gimen agrario para evitar gastos. Esta pr¨¢ctica hace que el problema que genera "pueda ser muy importante". A esta exposici¨®n, el director provincial del Inem replic¨®: "Si todas las obras con cargo a subvenciones del PER se realizan mayoritariamente por el r¨¦gimen general decrecer¨¢ notablemente el n¨²mero de jornadas a realizar... No obstante reconoce la irregularidad de la situaci¨®n".

Como consecuencia de esta reuni¨®n, el entonces director provincial del Ministerio de Trabajo, Emilio Rodr¨ªguez Labella, paraliz¨® las nuevas afiliaciones de los ayuntamientos en tanto no se comprobase su legalidad. Por su parte, la Delegaci¨®n del Inem se comprometi¨® a que se aplicaran los convenios en vigor seg¨²n la naturaleza de los trabajos.

[El ex alcalde de la localidad granadina de Villamena, Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Almendros, uno de los investigados por el presunto fraude al PER, no compareci¨® ayer a declarar ante el titular del juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 6 de la capital, seg¨²n informa la agencia Servimedia].