Contra los fraudes

EN EL caso del fraude de las falsas peonadas es evidente que no merece la misma consideraci¨®n el jornalero que recurre a esta pr¨¢ctica, bien por necesidad, bien por picaresca, que la autoridad que la consiente o fomenta aunque s¨®lo sea por omisi¨®n. Y no s¨®lo por las mayores responsabilidades que le incumben a esta ¨²ltima en el cumplimiento de la legalidad; tambi¨¦n por las implicaciones pol¨ªticas y las sospechas de que tal pr¨¢ctica sea un medio para la captaci¨®n de votos, manipulando con ello la libre expresi¨®n del sufragio.Por eso es pol¨ªticamente destacable el acuerdo alcanzado por los responsables del Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CC OO para poner en circulaci¨®n un tipo de cartilla agrar¨ªa que dificulte al m¨¢ximo el fraude en la percepci¨®n del subsidio a cargo del Plan de Empleo Rural (PER). Tal iniciativa, aunque no consiguiera plenamente su objetivo, muestra la voluntad institucional de no transigir ante una pr¨¢ctica que, al margen de su ilicitud, contribuye a enrarecer el clima pol¨ªtico all¨ª donde se produce.

Esta actitud de rechazo contra el fraude, compatible por lo dem¨¢s con la de m¨¢xima flexibilidad en el acceso de los trabajadores al subsidio agrario, es la que siempre deber¨ªan haber mantenido sin equ¨ªvocos autoridades y sindicatos. Los casos particulares de fraude son materia de los tribunales de justicia, que no podr¨¢n dejar de tener en cuenta las circunstancias personales y sociales en que se han producido. La impunidad de cualquier tipo de fraude, tambi¨¦n el del empleo rural, no puede ser consentida desde las instancias p¨²blicas. De ah¨ª que sea inadmisible, al margen de su motivaci¨®n paternalista, la actitud benevolente mantenida por la Inspecci¨®n de Trabajo hasta 1987 frente a las anomal¨ªas e irregularidades del PER.