Biling¨¹ismo

EL TRIBUNAL Constitucional ha avalado el art¨ªculo de la Ley de la Funci¨®n P¨²blica de la Generalitat de Catalu?a que exige el conocimiento oral y escrito del catal¨¢n para optar a funcionario de la Administraci¨®n auton¨®mica. Dicha ley fue aprobada por unanimidad en el Parlamento catal¨¢n e impugnada en 1985 por el Gobierno central. El recurso paraliz¨® la vigencia del disputado art¨ªculo en unos momentos claves en el proceso de dotaci¨®n de personal de la Administraci¨®n auton¨®mica, que -al margen de su pol¨¦mica elefantiasis- no ten¨ªa ning¨²n instrumento para garantizar que todos sus funcionarios pudieran atender al ciudadano en una de las dos lenguas oficiales de Catalu?a.La sentencia no tiene efectos retroactivos, lo que constituye una cautela absolutamente razonable. Pero al mismo tiempo ello ha posibilitado que durante cinco a?os se haya llegado de hecho a una situaci¨®n de par¨¢lisis de una normativa que al final ha sido revalidada por el Constitucional. En este sentido, aunque el texto jurisprudencial no la implique, la Administraci¨®n perif¨¦rica del Estado deber¨ªa sentirse igualmente obligada por el mismo criterio.

Con la citada sentencia, el alto tribunal considera prioritario asistir el derecho del ciudadano de una comunidad biling¨¹e a que su Administraci¨®n pueda atenderlo plenamente en cualquiera de los dos idiomas. Quienes alegan que con esta medida se introduce una discriminaci¨®n contra los aspirantes a funcionarios que desconocen el catal¨¢n, olvidan un dato fundamental: que la lengua catalana, como tambi¨¦n la vasca y la gallega, no es algo que ¨²nicamente afecte a los ciudadanos de estas comunidades biling¨¹es. En la medida en que la Constituci¨®n -que rige para todos los espa?oles- las ampara, es, un deber de todos los ciudadanos su protecci¨®n y desarrollo. Argumento que, por pasiva, debe aplicarse a las minor¨ªas que en las citadas comunidades propugnan una aut¨¦ntica defenestraci¨®n del castellano y con la ineludible matizaci¨®n de que ser¨ªa discutible considerar la sentencia aplicable sin m¨¢s a otras realidades, como la del Pa¨ªs Vasco, por cuanto no es lo mismo una sociedad mayoritariamente biling¨¹e que otra en la que s¨®lo lo es la cuarta parte de la poblaci¨®n.

El desarrollo del catal¨¢n conlleva desplegar medidas que compensen la destructiva pol¨ªtica de persecuci¨®n y ninguneo sufrida durante el franquismo. En este sentido, la tesis del Constitucional corrige una sentencia del Supremo que en 1985 reconoci¨® la necesidad de que los maestros en Catalu?a supieran los dos idiomas oficiales en la comunidad, pero no admit¨ªa ninguna prueba por parte de la Generalitat para averiguar la capacitaci¨®n de los citados maestros para ense?ar en una sociedad biling¨¹e.

La resoluci¨®n ha sido recibida con l¨®gica satisfacci¨®n por los partidos catalanes. En el caso de Converg¨¨ncia, su propio aplauso deber¨ªa hacer reflexionar a sus l¨ªderes sobre pasados comentarios acerca de la supuesta pol¨ªtica de laminaci¨®n auton¨®mica practicada por el Tribunal Constitucional. Conviene que la alegr¨ªa de hoga?o replantee la imprudencia con que se abordaron anta?o ciertas campa?as sobre la imparcialidad pol¨ªtica del alto tribunal.