La necesaria derogaci¨®n del 'decreto Boyer' de alquileres

El 30 de abril de 1985 el Gobierno aprob¨® un Decreto-ley de Ordenaci¨®n y Medidas Econ¨®micas, llamado vulgarmente decreto Boyer de alquileres. Dicho decreto establec¨ªa en su art¨ªculo 8? la posibilidad de transformar las viviendas en locales de negocio independientemente de la calificaci¨®n que le otorgasen los planes generales de urbanismo.En su art¨ªculo 9% el decreto suprim¨ªa la pr¨®rroga forzosa en los contratos de arrendamientos urbanos, dejando la derogaci¨®n al acuerdo que "libremente" estableciesen las partes.

La justificaci¨®n de la primera de estas medidas era, seg¨²n consta en la exposici¨®n de motivos, "facilitar la creaci¨®n de peque?as y medianas empresas". Con la liberalizaci¨®n de los alquileres se pretend¨ªa "la reducci¨®n de la presi¨®n del alza de los alquileres con beneficio para el propietario y arrendatario, lo que permitir¨¢ satisfacer las necesidades de vivienda a una generaci¨®n de j¨®venes que tienen dificultades para adquirir una vivienda".

La promulgaci¨®n de este decreto constituy¨® en su momento una carga de profundidad contra la filosof¨ªa sostenida por la izquierda en materia urban¨ªstica y materializada en muchos planes de urbanismo que hab¨ªan sido aprobados recientemente. Frente al criterio de que son los ciudadanos a trav¨¦s de sus representantes quienes deciden c¨®mo y de qu¨¦ manera desean construir su ciudad, se manifiesta en el decreto con toda su crudeza una filosof¨ªa neoliberal en la que la ciudad es una mercanc¨ªa.

La promulgaci¨®n de este decreto fue acompa?ada en su momento por una recomendaci¨®n del propio presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, en forma de circular a alcaldes y concejales, destinada a priorizar el fomento del sector de la construcci¨®n en detrimento de la necesaria e incipiente disciplina urban¨ªstica, calificando a esta ¨²ltima de mero "tr¨¢mite burocr¨¢tico".

Se ignora, tal vez intencionadamente, que en los pa¨ªses europeos de nuestro entorno los avances sociales en materia de vivienda y calidad de vida han sido la consecuencia de un fuerte intervencionismo en materia de suelo y vivienda, que ha llevado en su mayor parte a la municipalizaci¨®n del suelo urbano.

Han pasado ya seis a?os de la promulgaci¨®n de esta norma y estamos ya en condiciones de valorar los efectos producidos por la misma siquiera sea en relaci¨®n a los propios objetivos que defin¨ªa en la exposici¨®n de motivos.

Especulaci¨®n inmobiliaria

En lo que hace referencia a la transformaci¨®n de viviendas de uso residencial en locales de negocio, es evidente que no ha sido un elemento importante en la creaci¨®n de peque?as y medianas empresas. Por el contrario, ha sido un instrumento a la hora de favorecer la especulaci¨®n urban¨ªstica a cargo de las grandes inmobiliarias.

En paralelo, ello ha fomentado la expulsi¨®n de la poblaci¨®n popular de las zonas centrales de la ciudad, ya que exist¨ªa la expectativa de transformar el uso de la vivienda. En los ¨²ltimos a?os, cerca de 250.000 vecinos han debido abandonar el centro y desplazarse a la periferia.

Si analizamos las razones por las que se establec¨ªa la liberalizaci¨®n de alquileres, veremos que dicha medida ha sido un factor complementarlo de la anterior ya que, en primer lugar, ha propiciado una subida en la media de los alquileres de entre 80% o 90%. Entre 1985 y 1989, el n¨²mero total de viviendas en nuestro pa¨ªs aument¨® en 1.138.556 viviendas nuevas, mientras el n¨²mero de viviendas puestas en alquiler descendi¨® en 379.164 en las mismas fechas.

A la vista de estos datos, ante la especulaci¨®n del suelo desatada y la situaci¨®n de verdadera angustia social que viven aquellas personas que carecen de medios para adquirir una vivienda en propiedad, deber¨ªa ser obligada la derogaci¨®n del decreto Boyer si se quiere comenzar a abordar el problema de la vivienda desde una perspectiva seria.

Es por estas razones que el grupo parlamentario de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid ha presentado una propuesta de ley para que ambos art¨ªculos, el 8? y el 9?, sean derogados.