Acciones a una peseta

El Consejo de Ministros del 24 de abril de 1985 autoriz¨® la venta de la empresa Mart¨ªnez Colomer (Marcol), sociedad del expropiado holding de Rumasa, a una compa?¨ªa llamada Gesti¨®n y Desarrollo Empresarial, SA (GYDESA), que contaba como accionistas mayoritarios a la familia Ortells. El precio por cada una de las 380.000 acciones de Marcol se estableci¨® en una peseta. Seis a?os despu¨¦s, la compa?¨ªa se encuentra en un proceso de quiebra.

En la actualidad siguen las protestas laborales y las deudas son superiores a los 4.000 millones de pesetas.. La historia de la cadena de distribuci¨®n comercial, creada en la d¨¦cada de los cincuenta por el empresario valenciano Ernesto Mart¨ªnez Colomer, y que lleg¨® a ser una de las m¨¢s importantes de Espa?a, no deja de ser controvertida.Marcol ha pertenecido, adem¨¢s de a Ernesto Mart¨ªnez Colomer, al holding Rumasa y posteriormente a la Direcci¨®n General del Patrimonio del Estado por la expropiaci¨®n que el Gobierno realiz¨® en 1983 del grupo de la abeja. En 1985, la firma fue reprivatizada y vendida a la familia Ortells.

Esta compa?¨ªa, que ha basado durante muchos a?os sus beneficios en la venta al por mayor, dirig¨ªa su actividad empresarial en la ¨²ltima etapa a la conversi¨®n de sus centros en grandes superficies comerciales. A finales de 1989 entr¨® irremediablemente en una espiral de problemas que contin¨²an hasta hoy. Este grupo, con centros abiertos en Madrid, Valencia, Alicante y Palma de Mallorca, cuenta con una plantilla pr¨®xima a los 1.200 empleados y un patrimonio evaluado por encima de los 25.000 millones de pesetas, seg¨²n datos del comit¨¦ de empresa.

La estructura de Marcel, que arrastra una d¨¦cada de n¨²meros rojos en sus cuentas, pudo, mantenerse hasta que, en julio de 1990, el Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 1 de Valenecia dict¨® un auto de quiebra contra la firma, instada por la sociedad catalana Grupo de Riesgos, en representaci¨®n de varios proveedores con los que Marcol manten¨ªa deudas.

Expropiaci¨®n

En este proceso, y debido a la presi¨®n social de los trabajadores, que han pasado por dos ex pedientes de regulaci¨®n temporal de empleo, la Administraci¨®n intervino ante la existencia de empresas comerciales dispuestas a comprar Marcol. Nombres como los de Mercadona, Mark and Spencer y Makro se barajaron hace unos meses como posibles candidatos, aunque se mantuvieron en el anonimato. No obstante, seg¨²n han coincidido en calificar la Administraci¨®n y los trabajadores, la actitud de los actuales propietarios, la familia Ortells, impidi¨® cualquier venta. Los portavoces de la familia Ortells se han negado a realizar declaraciones p¨²blicas durante los ¨²ltimos meses.Como en una reacci¨®n en cadena, los compradores se retiraron, los responsables de la quiebra cerraron los centros de la firma en febrero y los empleados han presentado ante los juzgados de lo social unas 800 demandas por despido nulo ante la falta de trabajo y, de salario. Pr¨¢cticamente a continuaci¨®n salt¨® a la palestra una posible segunda expropiac¨ª¨®n de Marcol, defendida fundamentalmente por los empleados. Esta propuesta, vista como una posibilidad en un principio por la Generalitat, ha sido descartada por el Ejecutivo valenciano.

Las acciones de los empleados se dirigen ahora a la v¨ªa judicial. El pasado mi¨¦rcoles, 27 de marzo, la abogada (que representa al presidente del comit¨¦ de empresa de Marcol y a parte de trabajadores, Isabel Santos, de UGT, present¨® ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 18 de Valencia documentaci¨®n de apoyo a la denuncia que sobre presunto delito social, alzamiento de bienes y estafa obra contra los actuales propietarios de Marcol.

La abogada ha solicitado al juez encargado del caso que llame a testificar a todos los miembros de la familia Ortells y a los tambi¨¦n accionistas Joaqu¨ªn Yvancos, vinculado al empresario Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos, y Jos¨¦ Mar¨ªa Guti¨¦rrez del Castillo. En estos momentos existen cuatro procedimientos judiciales contra los propietarios de Marcol.