Alarma social

LA TITULAR del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 11 de M¨¢laga ha decretado la prisi¨®n incondicional para el ginec¨®logo Germ¨¢n S¨¢enz de Santamar¨ªa por considerar que sus declaraciones p¨²blicas criticando virulentamente el funcionamiento de la Justicia en Espa?a pueden constituir delito de desacato a la autoridad y "provocar la alarma social". S¨¢enz de Santamar¨ªa, que hab¨ªa abandonado hac¨ªa 24 horas la c¨¢rcel gracias a un indulto del Gobierno, ha vuelto as¨ª a prisi¨®n. Una duda planea sobre esta lamentable historia: ?qu¨¦ causa m¨¢s alarma en la sociedad espa?ola: las declaraciones del ginec¨®logo o la decisi¨®n de la juez de M¨¢laga?S¨¢enz de Santamar¨ªa no tiene seguramente raz¨®n cuando considera que los jueces son los ¨²nicos responsables de la pena que le fue impuesta por practicar un aborto a una ni?a de 14 a?os violentada por un familiar. La letra de la ley permiti¨® su condena y es responsabilidad del Gobierno modificar, con la mayor urgencia posible, un texto legal tan ambiguo.

Responsabilidad asumida en parte por ese mismo Gobierno al aprobar inmediatamente su indulto, en contra de la opini¨®n expresa de los jueces y fiscales iniplicados. Pero una cosa es que el ginec¨®logo reaccione con irritaci¨®n ante su peripecia personal y otra que la justicia reaccione como un individuo particular.

El delito de desacato se ha convertido en una espada que pende sobre el cuello de los ciudadanos a la hora de criticar libremente los poderes del Estado. El ejercicio democr¨¢tico ha hecho que el Ejecutivo y el legislativo pierdan la concepci¨®n solemne de sus funciones y se abran a la pol¨¦mica. El judicial, sin embargo, sufre indeciblemente cada vez que tiene que recorrer ese mismo camino.

Sin duda se han dado algunos pasos: hace tres a?os, el Tribunal Supremo absolvi¨® al alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, condenado por la Audiencia de Sevilla por haberse atrevido a decir que "la justicia es un canchondeo". El Supremo admiti¨® que la c¨¦lebre frase, cab¨ªa dentro del derecho a la libertad de expresi¨®n. Parec¨ªa que, por fin, se hab¨ªa puesto coto a una figura delictiva tan anacr¨®nica y discutible, cuando de nuevo vuelve a rondar y, una vez m¨¢s, son los jueces los que deciden algo tan impreciso como si se les ha faltado el respeto a ellos mismos.

La alarma se renueva, pero no porque un ginec¨®logo critique con m¨¢s o menos acritud a quienes le condenaron, sino porque una juez decrete por este motivo su prisi¨®n inmediata e incondicional, equiparando a una persona que acaba de ser indultada por el Consejo de Ministros con los delincuentes de mayor peligrosidad social del pa¨ªs.

Los ciudadanos que est¨¢bamos perdiendo poco a poco la costumbre de quedamos perplejos ante ciertas decisiones judiciales volvemos, desafortunadamente, a preguntamos si algunos jueces son conscientes del sobresalto que provocan en la sociedad espa?ola con decisiones destinadas precisamente a evitar que la justicia provoque inquietud. Por estos motivos, S¨¢enz de Santamar¨ªa debe volver a la libertad.