Privilegiados

LA PROPOSICI?N de ley presentada hace un a?o en el Congreso por Converg¨¨ncia i Uni¨® (CIU) con la finalidad de extender a determinados cargos auton¨®micos el privilegio procesal de declarar por escrito ante el juez ha sobrepasado con creces su objetivo inicial. A su socaire, el Grupo Parlamentario Socialista pretende que todos los integrantes de la clase pol¨ªtica e institucional, altos jefes militares y jerarcas religiosos variados -cat¨®licos, jud¨ªos, protestantes y musulmanes- queden liberados de la com¨²n obligaci¨®n ciudadana de colaborar con la justicia acudiendo personalmente al llamamiento del juez.Esta prerrogativa, tradicionalmente restringida a contadas autoridades del Estado, puede beneficiar a partir de ahora a un colectivo pr¨®ximo a las dos mil personas. Uno de sus m¨¢s inmediatos beneficiarlos ser¨¢ el anterior ministro del Interior, Jos¨¦ Barrionuevo. Su actual condici¨®n de diputado, si no la de ex ministro, le eximir¨ªa de comparecer en persona como testigo en el pr¨®ximo juicio sobre el caso Amedo.

La cuesti¨®n originariamente planteada por los nacionalistas catalanes tiene una razonable base legal y pol¨ªtica. Los art¨ªculos de la centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal, que autorizan a determinadas autoridades a declarar por escrito, y no personalmente, en caso de ser citadas como testigos en una causa, no se adaptan, desde luego, al car¨¢cter democr¨¢tico, auton¨®mico y laico del actual Estado. Una reforma de dichos preceptos est¨¢, pues, justificada si se trata de hacerlos congruentes con este car¨¢cter, sin menoscabo de los principios constitucionales de igualdad ante la ley, de separaci¨®n entre Iglesia y Estado y de obligada colaboraci¨®n de los poderes p¨²blicos y de .los ciudadanos con la Administraci¨®n de justicia.

No tiene sentido, por ejemplo, que gobernadores militares y obispos y arzobispos sigan gozando en nuestros d¨ªas de este privilegio procesal. Ni el origen democr¨¢tico ni el car¨¢cter aconfesional del actual Estado justifican esta, reminiscencia del pasado. Puede estar justificado, sin embargo, que dicha prerrogativa ampare a determinadas autoridades auton¨®micas. Pero, en cualquier caso, la ampliaci¨®n de un privilegio debe hacerse con cautela y respetando siempre su car¨¢cter restrictivo si no se quiere vulnerar principios constitucionales b¨¢sicos.

Nada de esto parece tener en cuenta el Grupo Parlamentario Socialista cuando pretende extender esta prerrogativa procesal a los 350 diputados y senadores, a los varios cientos de miembros de las instituciones estatales y aut¨®nomicas -antiguas y de nueva planta-, a los secretarios de Estado, a los subsecretarios y asimilados, a los delegados del Gobierno, a los gobernadores civiles, etc¨¦tera. Tambi¨¦n se ampl¨ªa este privilegio procesal en el estamento castrense. A los tradicionales gobernadores militares se a?aden otros nuevos altos cargos de los tres ej¨¦rcitos. Lo mismo ocurre en el ¨¢mbito religioso, de acuerdo con una interpretaci¨®n harto curiosa de la aconfesiorialidad. Los arzobispos y obispos cat¨®licos son flanqueados en este caso por los altos dignatarlos de las confesiones religiosas de notorio arraigo. En suma, que la obligaci¨®n de testimoniar personalmente en los procesos penales ser¨¢ a partir de ahora cosa de ciudadanos corrientes y, en todo caso, de alcaldes y concejales.

Es dificil no ver en este tipo de iniciativas de la actual clase gobernante una cierta a?oranza de las jurisdicciones especiales del r¨¦gimen anterior. En aquella ¨¦poca, el poder pol¨ªtico obviaba a los jueces sustrayendo de su conocimiento los asuntos m¨¢s comprometidos. En la actual se mantienen algunos flecos de aquel sistema -fondos reservados, materias clasificadas- a la vez que se restringe la potestad judicial frente a personas de determinado rango pol¨ªtico o institucional. Tal prop¨®sito cuenta ya con alg¨²n precedente. En 1985, el Parlamento y la clase pol¨ªtica en su conjunto no dudaron en extender la inmunidad parlamentaria a los juicios civiles de protecci¨®n del honor con la exclusiva finalidad de librar al entonces diputado socialista Pablo Castellano de la demanda que interpuso contra ¨¦l la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura. El Tribunal Constitucional puso despu¨¦s las cosas en su sitio y se?al¨® la sinraz¨®n de tamafia cacicada. La misma suerte merece correr la proposici¨®n de CiU si se convierte en ley en los t¨¦rminos que pretenden los socialistas.