Magistrados moderados se oponen a que se elimine la acci¨®n popular en el aborto

La asociaci¨®n judicial minoritaria y moderada Francisco de Vitoria se opone a la eliminaci¨®n de la acci¨®n popular en los casos de aborto por considerar que, con independencia del delito de que se trate, el ejercicio acusatorio directo del ciudadano es una de las "mayores garant¨ªas de un estado de derecho", seg¨²n precis¨® ayer el portavoz, Pedro Mart¨ªn.

En cambio, la asociaci¨®n judicial progresista Jueces para la Democracia, por boca de su portavoz Ventura P¨¦rez Mari?o, se mostr¨® favorable a evitar "el anacronismo de que m¨¢s de la mitad de los juicios seguidos por aborto en los dos ¨²ltimos a?os se haya debido a iniciativas privadas a trav¨¦s de la acci¨®n popular y obedeciendo a los mismos criterios ideol¨®gicos".El ministro de Justicia, Tom¨¢s de la Quadra-Salcedo, anunci¨® la semana pasada que su departamento estudiaba la posibilidad de eliminar la acci¨®n popular en los casos de aborto con el Fin de evitar que las asociaciones antiabortistas inicien procesos contra mujeres que abortan o cl¨ªnicas y facultativos que realicen las interrupciones de embarazo. El ministro razon¨® su postura en el criterio de que el aborto es un delito privado y s¨®lo perseguible a instancia de parte.

Frente a la iniciativa de Justicia -avalada por miembros de la Uni¨®n Progresista de Fiscales reunidos en congreso la semana pasada en Palma de Mallorca-, la asociaci¨®n Francisco de Vitoria entiende qUe el principio acusatorio de la acci¨®n popular no puede ser restringido en, ning¨²n caso. Por el contrario, los jueces entienden que la eliminaci¨®n de esta figura ser¨ªa un precedente peligroso. "Imaginemos que luego se pretenda evitar la acci¨®n popular en procesos seguidos por delitos cometidos por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", manifest¨® el magistrado Mart¨ªn.

Fiscal dependiente

La asociaci¨®n defiende la existencia de esta figura, porque considera que si desaparece la acci¨®n popular, el principio acusatorio descansar¨ªa esencialmente en el fiscal. "No se duda de que el ministerio p¨²blico se guia por el principio de legalidad e imparcialidad, pero tampoco se puede olvidar la dependencia del fiscal respecto al poder Ejecutivo", a?adi¨® el portavoz.

Mart¨ªn subray¨® que es un error introducir modificaciones cuyo ¨²nico fin es intentar paliar los efectos de una legislaci¨®n, como ocurre en el caso del aborto. "Lo que hace falta es que se aborde de una vez la modificaci¨®n sobre la legislaci¨®n del aborto", precis¨® Mart¨ªn. [El ministro de Sanidad Jull¨¢n Garc¨ªa Valverde, se ha pronunciadoen favor de una ley despenalizadora del aborto que, seg¨²n la experiencia de otros pa¨ªses, combine el sistema de plavos con otros y evite problemas con los profesionales, informa .]

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Dernocracia record¨® que esta asociaci¨®n cree que el aborto se debe resolver a trav¨¦s de reformas legislativas urgentes. No obstante, "la supresi¨®n de la acci¨®n popular para casos de aborto no pone en entredicho la instituci¨®n, sino que supondr¨ªa considerar en la pr¨¢ctica a dicho delito como privado, igual que ocurre con otros de car¨¢cter eminentemente personal como la injuria o aquellos delitos contra la libertad sexual en los que es es necesaria la denuncia de la v¨ªctima para que se persigan", declar¨®.

P¨¦rez Mari?o puntualiz¨® que la supresi¨®n de la acci¨®n popular para los delitos de aborto no puede presentarse como la primera eliminaci¨®n de esta instituci¨®n, ya que la acci¨®n popular no es ejercitable en otros delitos y es pr¨¢cticamente desconocida en derecho administrativo.