La Generalitat valenciana volar¨¢ 10 bloques con 552 viviendas en Alicante

El consejero de Obras P¨²blicas y Urbanismo de la Generalitat valenciana, el socialista Eugenlo Burriel, firm¨® el pasado d¨ªa 10 una resoluci¨®n por la que se ordena la demolici¨®n de 10 construcciones, con un total de 552 viviendas, en la costa de los t¨¦rminos alicantinos de Orihuela y Pilar de la Horadada. Las casas infringen la ley porque est¨¢n construidas a menos de 100 metros de la costa. Los edificios fueron hechos sin licencia y forman parte de las urbanizaciones Torrehoradada y Mil Palmeras II, promovidas por la empresa Milpasa.La orden de demolici¨®n es consecuencia del expediente abierto por la Direcci¨®n General de Urbanismo de la Generalitat, que en su d¨ªa orden¨® la paralizaci¨®n de las obras porque se realizaban en terrenos calificados como suelo r¨²stico no urbanizable. El Ayuntamiento de Orihuela aprob¨® en mayo de 1988 una delimitaci¨®n de suelo urbano en esa localidad y en la pedan¨ªa de Pilar de la Horadada que fue considerada ilegal por la Administraci¨®n auton¨®mica.

El Ayuntamiento de Orihuela hab¨ªa aceptado un donativo de 100 millones de pesetas realizada por Justo Quesada, promotor de las urbanizaciones afectadas ahora por las ¨®rdenes de demolici¨®n, para ampliar el suelo urbano. Quesada es uno de los principales promotores urban¨ªsticos de la costa de Alicante.

En las dos urbanizaciones cuestionadas ya hay otros 12 bloques, con m¨¢s de 800 viviendas, que, pese a estar construidos tambi¨¦n dentro de la zona de 100 metros de servidumbre de protecci¨®n de costas, son "legalizables", ya que est¨¢n terminados y habitados, de acuerdo con una disposici¨®n transitoria de la Ley de Costas. Esa posibilidad de legalizaci¨®n no exime, sin embargo, al promotor del pago de las multas que correspondan.

Costes de urbanizaci¨®n

Pero hay otros 10 bloques, que suman 552 viviendas, igualmente situados en la zona de 100 metros, cuya construcci¨®n fue paralizada y que por tanto no est¨¢n habitados. Estos tienen que ser derribados. La resoluci¨®n de la Generalitat, sin embargo, deja en suspenso la orden de derribo hasta que quede "legalizada", a trav¨¦s de los planes parciales correspondientes, toda la situaci¨®n. El promotor de ambas urbanizaciones, deber¨¢ asumir los costes de urbanizaci¨®n. El derribo se podr¨ªa producir despu¨¦s del verano, seg¨²n Burriel.