Huelgas y sociedad

DESDE SU inicio, el pasado d¨ªa 7, coincidiendo pr¨¢cticamente con la campa?a electoral, el actual movimiento huelgu¨ªstico en el sector de la empresa p¨²blica ha atra¨ªdo sobre s¨ª, independientemente de las razones laborales para su convocatoria, las sospechas de una posible intencionalidad pol¨ªtica. La cadencia de paros programados en estas fechas y su culminaci¨®n en una huelga general en el sector p¨²blico el d¨ªa 24, v¨ªspera de la jornada de reflexi¨®n electoral, son indicios f¨¢cilmente interpretables como forma de presi¨®n para una mayor flexibilidad negociadora de los gestores p¨²blicos ante la posible repercusi¨®n del conflicto en el voto ciudadano.La prueba definitiva sobre lo bien fundado de esta presunci¨®n puede estar en la convocatoria de huelga indefinida a partir del d¨ªa 24 por buena parte de los trabajadores de Entel, filial inform¨¢tica de Telef¨®nica, encargada del c¨®mputo de los votos en la jornada electoral del d¨ªa 26. Cualquier incidencia en el proceso de recuento de votos constituye una injerencia dif¨ªcilmente justificable en el normal ejercicio del derecho de participacion pol¨ªtica, en el que se sustenta el sistema democr¨¢tico. La entidad de sus reivindicaciones, entre ellas la de una mayor informaci¨®n sobre la fusi¨®n que les ata?e y una mejor remuneraci¨®n del trabajo inform¨¢tico en el recuento de las votaciones, de ning¨²n modo justifica una acci¨®n reivindicativa que incide directamente en el fundamento mismo de la derriocracia pol¨ªtica: la expresi¨®n de la voluntad popular mediante el voto. As¨ª lo han entendido los trabajadores del centro de c¨¢lculo de Entel, que han anunciado su desvinculaci¨®n de la huelga y han expresado su intenci¨®n de realizar el c¨®mputo de los datos electorales.

M¨¢s all¨¢ de las intencionalidades pol¨ªticas, la cadena de huelgas en las grandes empresas p¨²blicas tiene una interpretaci¨®n laboral. Es posible que los sindicatos, a pesar de su reiterada negativa, utilicen las elecciones como un elemento de presi¨®n en su estrategia, pero es un hecho emp¨ªricamente constatable el bloqueo de los convenios colectivos en el sector p¨²blico, como lo es que la oferta salarial de la Administraci¨®n es bastante inferior al 8,5% de incremento medio de los convenios firmados en el sector privado.

El car¨¢cter peri¨®dico, como el de los monzones en algunos lugares, de la conflictividad laboral en la empresa p¨²blica espa?ola es un s¨ªntoma claro de la persistencia de males estructurales, una de cuyas manifestaciones es el encorsetamiento de los mecanismos de negociaci¨®n. La dependencia en muchos casos de los presupuestos del Estado, la consideraci¨®n cada vez m¨¢s ambigua del papel del sector p¨²blico en la econom¨ªa de mercado y los condicionamientos que implican decisiones de ¨ªndole pol¨ªtico-internacional en lo referente a inversiones en el extranjero mediatizan la labor de los gestores p¨²blicos y generan situaciones de mayor inflexibilidad en la negociaci¨®n laboral.

Los sindicatos, que tienen su principal base de afiliaci¨®n en el sector p¨²blico, pueden verse tentados de exacerbar la negociaci¨®n colectiva por motivos de protagonismo social y de supervivencia. Esta situaci¨®n ser¨ªa menos intolerable si no desembocara siempre en el deterioro grav¨ªsimo de derechos ciudadanos esenciales, desde el de votar hasta el de libre desplazamiento. Por ello se plantea, cada vez con m¨¢s urgencia, la necesidad de una ley de huelga ante la incapacidad de la Administraci¨®n, la patronal y los sindicatos de llegar a una autorregulaci¨®n, que garantice plenamente este derecho pero evite los perjuicios y las l¨®gicas irritaciones al resto de los ciudadanos.