Decisi¨®n pol¨¦mica

EL DIRECTOR general de la Polic¨ªa, Jos¨¦ Mar¨ªa Rodr¨ªguez Colorado, ha expedientado al jefe de la brigada policial que investiga el caso Juan Guerra, bajo las ¨®rdenes del juez ?ngel M¨¢rquez, y ha apartado del asunto a otro de sus miembros traslad¨¢ndole a Fuerteventura. Con la norma en la mano, el director general ha actuado en el marco de sus competencias. Pero la cuesti¨®n es si al decidir as¨ª no hiere de muerte una investigaci¨®n ya de por s¨ª complicada y no interfiere de hecho en el campo que le es propio al juez que la dirige. Porque ?c¨®mo puede desarrollarse una investigaci¨®n con la independencia y eficacia deseables si su responsable es expedientado y pende sobr¨¦ su cabeza la amenaza de ser sancionado?En este asunto hay aspectos que lo hacen todav¨ªa m¨¢s controvertido. De un lado, el director general de la Polic¨ªa ha actuado en manifiesta contradicci¨®n con el juez M¨¢rquez y con la junta de jueces de Sevilla. Y de otro, no parece que los motivos alegados para sancionar a los polic¨ªas tengan un fundamento rotundo. En el caso del expediente abierto al jefe de la brigada judicial se le imputa haber faltado el respeto al juez M¨¢rquez -hecho que ¨¦ste ha negado reiteradamente-, quejarse de falta de medios y haber solicitado informaci¨®n a otros servicios policiales en relaci¨®n con el caso Juan Guerra. Respecto al primer cargo, la pregunta es, obvia: ?c¨®mo puede mantenerse si el posible ofendido, es decir, el juez, que adem¨¢s es el jefe funcional del expedientado, niega el hecho en que se fundamenta? Y respecto a los otros parece evidente su relaci¨®n con actuaciones inherentes a la funci¨®n de Polic¨ªa Judicial que ejerce el expedientado y ala investigaci¨®n que tiene encomendada.

En suma, no puede decirse que la decisi¨®n de la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa sea especialmente oportuna y prudente.Enrarece todav¨ªa m¨¢s un asunto ya de por s¨ª vidrioso y en el que las suspicacias est¨¢n a, flor de piel. Al mismo tiempo, ofrece argumentos a quienes sostienen que el actuafmodelo de Polic¨ªa Judicial facilita la injerencia del Gobierno en la autonom¨ªa investigadora de los jueces.