Podencos que corren como galgos

ECONOMISTAS Y pol¨ªticos est¨¢n de acuerdo en la urgencia de conseguir un incremento decisivo de la competitividad de importantes sectores de nuestra econom¨ªa en la perspectiva del mercado ¨²nico de 1993. Los pol¨ªticos y sus asesores econ¨®micos coinciden tambi¨¦n en considerar ese objetivo inseparable del de reducir el diferencial de inflaci¨®n respecto a las econom¨ªas de los principales pa¨ªses competidores. Y, con algunas excepciones no muy significativas, pol¨ªticos y economistas comparten igualmente la idea de que es preferible que las medidas a adoptar sean el resultado de un acuerdo entre los interlocutores sociales antes que de actuaciones del Ejecutivo en materia presupuestaria, monetaria, etc¨¦tera. Tan de acuerdo est¨¢n todos con esos planteamientos que el primer reproche al plan de competitividad enunciado esta semana por el Gobierno ha sido el de su retraso: hace a?o y medio que la iniciativa era esperada. Dicho lo cual, los mismos pol¨ªticos o sindicalistas que critican (se supone que asesorados por sus expertos respectivos) ese retraso hacen todo lo posible por entorpecer, o al menos aplazar, cualquier acuerdo pr¨¢ctico. Y ello, como suele ser habitual entre nosotros, con la coartada de que existen divergencias metodol¨®gicas que justifican la presentaci¨®n por parte de cada cual de su propia propuesta alternativa.Al tomarse como referencia para la fijaci¨®n de los salarios no los incrementos de precios pasados, sino los esperados, los pactos sociales suscritos en el periodo 1979-1985 sentaron las bases para la contenci¨®n de la inflaci¨®n en la fase de reconversi¨®n y saneamiento de los primeros ochenta; sin embargo, la fijaci¨®n de las remuneraciones con criterios gen¨¦ricos, sin tener en cuenta las diferencias en la productividad sectorial, contribuy¨® a deteriorar la competitividad de algunos sectores clave de nuestra econom¨ªa y a cuestionar las ventajas comparativas de que depend¨ªa su supervivencia. El aumento de la competencia internacional asociado al mercado ¨²nico amenaza con generalizar tal deterioro.

A ese problema intenta responder la pol¨ªtica de rentas contenida en el plan de competitividad presentado por el ministro de Hacienda. El establecimiento, de acuerdo con iniciativas experimentadas en otros pa¨ªses, de una relaci¨®n entre los incrementos salariales y los de productividad; el est¨ªmulo a la reinversi¨®n de los excedentes empresariales, y la existencia de cl¨¢usulas complementarias que garanticen la capacidad adquisitiva de los salarios constituyen lo esencial de esa pol¨ªtica. Pero, junto a ello, la propuesta presentada por Solchaga contiene actuaciones orientadas a eliminar las ineficiencias y limitaciones estructurales que pesan sobre algunos sectores y mercados. Tal es el caso del descontrol de los precios en determinados servicios -de los seguros m¨¦dicos al transporte p¨²blico, pasando por la hosteler¨ªa o la ense?anza privada- no sometidos a la presi¨®n de una competencia exterior y que vienen siendo decisivos en las alzas del IPC de los ¨²ltimos a?os. Esos sectores ser¨¢n objeto de actuaciones de pol¨ªtica econ¨®mica para las que el Gobierno no precisar¨¢ en principio del concurso de los agentes sociales o del consenso pol¨ªtico.

Pero la pol¨ªtica de rentas s¨ª lo requiere. Que sea o no conveniente sancionar la propuesta en el Parlamento antes de ponerla sobre la mesa, que resulte oportuno o no incluir una nueva reforma fiscal en el paquete, que la negociaci¨®n deba ser tripartita o bipartita, en mesas sectoriales o integrada, son, entre otros, aspectos discutibles; pero hacer de ellos condiciones excluyentes previas a la aceptaci¨®n del proceso mismo de concertaci¨®n equivale a apostar contra ¨¦sta. Discutir sobre si son galgos o podencos lo que viene cuando el mercado ¨²nico asoma ya en el horizonte es entretenido pero irresponsable.