Limpieza por correspondencia

LAS IRREGULARIDADES descubiertas en la tramitaci¨®n del voto por correo en Madrid y Salamanca, relacionadas con el Partido Popular, han servido para detectar ciertas lagunas en la legislaci¨®n electoral. Sin embargo, la excepcionalidad misma del procedimiento -reservada a los electores ausentes de su circunscripci¨®n el d¨ªa de las elecciones o a los enfermos e incapacitados- que sustituye la presencia f¨ªsica del elector ante la urna por una serie de tr¨¢mites, favorece la posibilidad de burlar la norma. Como en tantos otros aspectos de lamentable actualidad, las garant¨ªas de limpieza en el procedimiento dependen menos de la excelencia de la ley que de la voluntad c¨ªvica de respetarla. La decisi¨®n de la Junta Electoral de Madrid de suspender la entrega de credenciales a los concejales electos para el Ayuntamiento de la capital explica el deseo de que se cumpla lo legalmente establecido.Pero, de entrada, hay que rechazar la insinuaci¨®n de que se trata de un asunto irrelevante. La cifra de votantes por correo es significativa: 320.000 papeletas, casi el 2% de las emitidas y, dato a considerar, 100.000 m¨¢s que en las municipales de 1987. La sospecha de que se trate de un fraude organizado deriva de ese inusual aumento, m¨¢s sorprendente a la vista de la elevada abstenci¨®n registrada el 26-M; pero tambi¨¦n de la similitud de las irregularidades detectadas, indicadora de una voluntad deliberada de aprovechar ciertos resquicios de la ley o, m¨¢s bien, la ausencia de mecanismos de control en su aplicaci¨®n.

Esa voluntad no tiene por qu¨¦ emanar expresamente de la direcci¨®n de tal o cual partido, pero s¨ª parece evidente como m¨ªnimo que algunas personas, caracterizadas todas ellas por su exceso de celo militante, se han concertado para actuar de la misma manera. Y que ese exceso de celo se ha dado la mano con la connivencia interesada o al menos la pasividad burocr¨¢tica de alg¨²n funcionario de Correos o de la oficina del censo para conseguir como sea votos para su partido. En Madrid, el supuesto fraude alcanza de momento a unas 9.000 solicitudes de voto por correo. En Salamanca, a 600.

Salta a la vista, por lo dem¨¢s, que -al margen de su posible incidencia en el resultado final de la elecci¨®n (en cuanto a la composici¨®n definitiva de los ayuntamientos de Madrid y Salamanca y a la de la diputaci¨®n de esta ¨²ltima ciudad)- tales irregularidades son de las m¨¢s graves que contempla la legislaci¨®n electoral. Constituyen una manipulaci¨®n del sufragio y, en algunos casos, hasta una suplantaci¨®n de la personalidad del elector y el secuestro de uno de sus derechos fundamentales. De acuerdo con la legislaci¨®n electoral, la solicitud del voto por correo debe ser personal, con presentaci¨®n del DNI y comprobaci¨®n de la firma. En caso de enfermedad o de incapacidad que impida la formulaci¨®n personal de la solicitud, ¨¦sta podra ser efectuada por persona autorizada, con acreditaci¨®n de su identidad y de su representaci¨®n mediante documento autorizado por notario.

Estos casos concretos no pueden proyectarse sin m¨¢s en un juicio negativo sobre todo el proceso electoral, como irresponsablemente hicieron algunos con las irregularidades detectadas en Murcia, Pontevedra y Melilla en las elecciones generales de 1989. Pero tampoco pueden permanecer impunes si se quiere evitar que cunda la desmoralizaci¨®n de la ciudadania, tan seriamente puesta a prueba estos d¨ªas. A los culpables de tales desafueros deben aplic¨¢rseles las sanciones previstas en la legislaci¨®n electoral. Y las directivas de los partidos pol¨ªticos deben desautorizar p¨²blicamente a los militantes que recurran a tales pr¨¢cticas y sancionarles con el m¨¢ximo rigor. Va en ello la credibilidad de las formaciones cuestionadas, pero, tambi¨¦n, la legitimidad del sistema.