Comisi¨®n del diputado: una ventanilla sin abrir

Por una u otra raz¨®n, la posibilidad de que el Congreso juzgue el comportamiento de un diputado o deje fuera de toda sospecha la honestidad de uno o varios miembros de la C¨¢mara est¨¢ todav¨ªa por utilizar. Nadie ha tenido a bien comparecer ante la Comisi¨®n del Estatuto del Diputado, que vio ampliadas sus competencias para estos menesteres al objeto de evitar que cada vez que surgiera una situaci¨®n de sospecha se creara una comisi¨®n de investigaci¨®n.La iniciativa parti¨® del CDS el 13 de febrero de 1990, defendida con vehemencia por su portavoz parlamentario, Alejandro Rebollo, a ra¨ªz de la negativa del PSOE de crear una comisi¨®n de investigaci¨®n por el llamado caso Juan Guerra. En esa sesi¨®n plenaria se emplaz¨® a la Mesa del Congreso para que elaborara unas normas que especificaran la naturaleza de los casos que pod¨ªa juzgar la Comisi¨®n del Estatuto.

?stas vieron la luz cuando estall¨® el caso Naseiro y despu¨¦s de que el Grupo Popular pidiera que se creara una com¨ªsi¨®n de investigaci¨®n sobre ellos mismos. El PSOE se opuso, y fue cuando de nuevo se record¨® que exist¨ªa la ventanilla de la citada Comisi¨®n del Estatuto.

El portavoz de Convergencia i Uni¨®, Miquel Roca, intervino en un pleno del Congreso de los Diputados para invitar a los populares a que utilizaran esa v¨ªa para demostrar que nada ten¨ªan que ocultar. El Partido Popular se desmarc¨® y dijo que o una comisi¨®n de investigaci¨®n o nada.

Empresas investigadas

Ahora es Izquierda Unida el grupo que, despu¨¦s de meditar por d¨®nde pod¨ªa meter el diente al asunto de la financiaci¨®n del PSOE, record¨® que el nombre m¨¢s citado es el del diputado Carlos Navarro, por lo que se le pide que acuda a la Comisi¨®n del Estatuto y explique su presunta vinculaci¨®n con las empresas Malesa, Filesa y Time Export.

Todo induce a pensar que tampoco esta vez se considerar¨¢ oportuno, con el argumento de que nada tiene que ver el cargo de diputado de Carlos Navarro con sus presuntas actividades empresariales. Lo cierto es que hasta ahora las presuntas irregularidades econ¨®micas que se han atribuido a algunos diputados nada ten¨ªan que ver con su condici¨®n de parlamentarios, que es el requisito imprescindible que marca la norma.

Si se mantiene su actual redacci¨®n, es obvio que ¨¦sta no es la v¨ªa para juzgar responsabilidades pol¨ªticas.