Un planteamiento negociador

Considera el autor del art¨ªculo que el documento del Gobierno sobre el Pacto Social de Progreso es, en esencia, una propuesta antiinflacionista cuya clave de b¨®veda reside en el control a la baja de las rentas salariales. Critica tambi¨¦n el reparto de los beneficios y justifica el rechazo de los sindicatos ante la citada propuesta.

Que el citado Pacto Social hable tambi¨¦n de que los beneficios repartidos por las empresas no crezcan m¨¢s, proporcionalmente, de como lo hagan los salarios, aparte su muy dudosa viabilidad, no significa otra cosa que posponer ese reparto v¨ªa capitalizaci¨®n, y adem¨¢s con probables premios fiscales. En cuanto a los dem¨¢s asuntos susceptibles de negociaci¨®n, aparecen como algo tangencial y sin poder disimular esa declarada intenci¨®n de confiarlo todo a la moderaci¨®n salarial.No puede extra?ar, pues, que la primera reacci¨®n de los sindicatos haya sido de rechazo. Porque m¨¢s all¨¢ de los argumentos t¨¦cnicos, que podr¨ªan demostrar que el freno a las subidas nominales de los salarios no tiene por qu¨¦ afectar a su poder adquisitivo real, est¨¢ la impresi¨®n pol¨ªtica de que, ante la carencia de otro tipo de f¨®rmulas, el Gobierno recurre a una que, se quiera o no, tiende a culpabilizar a los salarios de los problemas de competitividad de nuestra econom¨ªa, as¨ª como de mantener tasas de inflaci¨®n demasiado elevadas. Y eso, entre otras cosas, no es cierto. Porque los problemas de nuestra competitividad tienen much¨ªsimo m¨¢s que ver con la penuria tradicional en la inversi¨®n para la investigaci¨®n y el desarrollo tecnol¨®gico, con las carencias de formaci¨®n, con los retrasos en mejorar nuestras infraestructuras, con el raquitismo y desinter¨¦s hacia la racionalizaci¨®n del sector p¨²blico, con la baja calidad de buen n¨²mero de productos, etc¨¦tera.

Esta distinta visi¨®n de los problemas acent¨²a los desacuerdos con la receta contenida en el proyecto del Gobierno. Pero, sin salirse de ella, hay que recordar las muchas ocasiones en que las predicciones de inflaci¨®n y los correspondientes l¨ªmites presupuestarios a las retribuciones de empleados p¨²blicos y pensionistas provocaron fiascos tan considerables como para llegar a constituir una de las banderas de la huelga general del 14 de diciembre -el pago de la llamada deuda social- y para terminar perdiendo toda credibilidad.Poder adquisitivoPero hay m¨¢s. La experiencia de los ¨²ltimos cuatro a?os ha demostrado que sin grandes pactos socioecon¨®micos y sin acuerdos interconfederales para la negociaci¨®n colectiva fue posible una discreta mejora del poder adquisitivo. A su vez, han sido a?os de recuperaci¨®n afiliativa y de aumento de la representatividad y prestigio de los sindicatos. Con tales antecedentes no dejar¨ªa de ser un serio riesgo comprometerse en un sistema de fijaci¨®n de la inflaci¨®n y de los incrementos salariales que, en t¨¦rminos comparativos, no s¨®lo no ser¨ªan m¨¢s favorables para los trabajadores, sino que podr¨ªan fracasar y volverse en contra.

Si a todo lo anterior le sumamos el malestar por el largo bloqueo de la negociaci¨®n de la Propuesta Sindical Prioritaria; por la forma en que se ha presentado la previa discusi¨®n del pacto social en las c¨¢maras, m¨¢s parecida a una coacci¨®n a los sindicatos que a otra cosa, y porque incluso se vengan lanzando amenazas como la del recorte del gasto social p¨²blico si no aceptamos lo que se nos propone, tendremos un cuadro explicativo del tipo de respuestas con que en las ¨²ltimas semanas venimos polemizando con Solchaga y su pacto.

Pero ni somos insensibles a los serios problemas de competitividad que tienen bastantes empresas y sectores de la producci¨®n -no todos, afortunadamente- ni minimizamos las repercusiones de la plena puesta en marcha del mercado ¨²nico europeo. La ¨²ltima expresi¨®n de que no hay tal ceguera es la elaboraci¨®n de la Iniciativa Sindical de Progreso que, empalmando con la Propuesta Sindical Prioritaria, perfila los rasgos con que desde el lado de los dos grandes sindicatos contemplamos esos problemas de competitividad. Ocurre, eso s¨ª, que nuestro enfoque choca con la pol¨ªtica econ¨®mica del Gobierno y, por tanto, con la orientaci¨®n de su propuesta de pacto social.Ahora bien, que la puesta en escena de la iniciativa gubernamental haya sido un tanto desgraciada; que sus contenidos, tal cual est¨¢n, no resulten asumibles, y que en el contexto de unas profundas diferencias respecto de la pol¨ªtica econ¨®mica no parezca viable un gran pacto socioecon¨®mico al viejo estilo que, aun indirectamente, pareciera un aval a la actual pol¨ªtica econ¨®mica, no es incompatible, ni mucho menos, con la necesidad de negociar y con la voluntad de llegar a acuerdos. Pues tambi¨¦n la experiencia prueba que, sin variar la sustancia de dicha pol¨ªtica, los sindicatos hemos conseguido conquistas muy importantes, como lo fueron las contenidas en los acuerdos suscritos con el Gobierno en los primeros meses de 1990.Aunque al final ser¨¢n los contenidos los que inclinen la balanza de uno u otro lado, en esta ocasi¨®n tiene especial importancia el m¨¦todo que se siga. Pues si de antemano alguna de las partes se aferra a la idea del todo o nada en un pacto ¨²nico, global y tripartito, como lo fueron, por ejemplo, el Acuerdo Nacional sobre Empleo de 1981 o el Acuerdo Econ¨®mico y Social de 1984, entonces habr¨¢ pocas posibilidades de ¨¦xito. De ah¨ª que la adopci¨®n de un m¨¦todo similar al de 1990, que permiti¨® compatibilizar acuerdos y desacuerdos y hasta delimitar partes aceptables y no aceptables de un mismo asunto, podr¨ªa ser lo m¨¢s adecuado. En cuanto a los interlocutores -Gobierno, patronal y sindicatos-, habr¨ªa casos en que ser¨ªa necesaria la participaci¨®n de los tres, pero en otros la ¨²nica posibilidad de obtener resultados positivos ser¨ªa mediante la negociaci¨®n bilateral.Prioridades y ritmosRespecto, de las materias a negociar, habr¨ªa que empezar por establecer un ¨ªndice y fijar cu¨¢les son las prioridades y los ritmos. A t¨ªtulo meramente indicativo, interesar¨ªa negociar en primer t¨¦rmino lo relativo a la formaci¨®n profesional, la reducci¨®n de las modalidades de contrataci¨®n, la protecci¨®n al desempleo, algunos aspectos de la fiscalidad, la salud laboral, la sanidad y la vivienda. En paralelo, deber¨ªan establecerse los criterios b¨¢sicos de pol¨ªtica industrial a partir de los cu¨¢les se abrieran las correspondientes negociaciones sectoriales. Deber¨ªa conseguirse un compromiso sobre el calendario para negociar otras cuestiones y acelerar la puesta en marcha del Consejo Econ¨®mico y Social para remitir all¨ª algunas de ellas.

Sobre la parte m¨¢s pol¨¦mica, la pol¨ªtica de rentas, parece claro que las posiciones ser¨ªan m¨¢s o menos flexibles en funci¨®n de c¨®mo evolucionara la negociaci¨®n sobre los otros temas. Tambi¨¦n depender¨ªa de las perspectivas de los fondos de inversi¨®n de asalariados, que son algo distinto a los fondos de los que habla el proyecto del Gobiemo. Pero sobre todo ser¨ªa clave que no hubiese brusquedades ni voluntarismos en la fijaci¨®n de las cifras de inflaci¨®n, que las rentas salariales no perdieran peso en el producto interior bruto y tendieran progresivamente a mejorarlo, que se asegurara para los salarios individuales mejoras concretas y que la cl¨¢usula de salvaguarda funcionara adecuadamente.

Los resultados de este planteamiento negociador no son f¨¢ciles de predecir. En especial porque no se sabe hasta d¨®nde est¨¢ dipuesto a llegar el Gobierno. Pero, sea como fuere, no est¨¢ de m¨¢s sugerir el camino que, al menos para un sector del movimiento sindical, nos parece en principio el m¨¢s razonable.

es miembro del secretariado de la Confederaci¨®n Sindical de CC. OO.