Evitar las sospechas

DESDE LOS voceadores de los veinte iguales-para hoy hasta las inversiones millonarias en medios de comunicaci¨®n o en las finanzas, la Organizaci¨®n Nacional de Ciegos (ONCE) ha recorrido un largo y fascinante camino. Todo empez¨® cuando el Gobierno socialista decidi¨® aprobar el cuponazo como sistema monopol¨ªstico de la loter¨ªa instant¨¢nea a escala nacional. Ello permite a dicha organizaci¨®n facturar hasta 300.000 millones de pesetas anuales, con unos excedentes que c¨¢lculos los m¨¢s pesimistas sit¨²an en los 30.000 millones y otros -quiz¨¢ m¨¢s realistas- en el doble de esa cifra.La capacidad inversora de un mecanismo de acumulaci¨®n de riqueza como ¨¦ste ha excitado las ambiciones de algunos de sus gestores y las de no pocos protagonistas de la pol¨ªtica, las finanzas y los medios de comunicaci¨®n, que ven en la ONCE una fuente de financiaci¨®n con una liquidez verdaderamente espectacular. La presencia de los ciegos en la banca, la prensa, la televisi¨®n y la radio es algo de sobra conocido, y se alzan justificadas voces por parte de quienes la consideran una amenaza para la libre competencia empresarial o para la libertad de expresi¨®n. La cuesti¨®n no es balad¨ª. El dinero que utiliza la ONCE, fruto de una concesi¨®n del monopolio de la loter¨ªa, que corresponde al Estado, puede considerarse de alguna manera corno dinero p¨²blico, por lo que nos encontrar¨ªamos ante otra invasi¨®n de ¨¦ste y su consiguiente distorsi¨®n de los principios de libre competencia. Por otra parte, el hecho de que esa ingente acumulaci¨®n de recursos se haga a partir de una medida tomada por exclusivo arbitrio del Gobierno encierra el indudable peligro de que el mismo se vea tentado a pedir favores a cambio de esa concesi¨®n graciable, que el Consejo de Ministros puede eliminar en cualquier momento. Un conglomerado de intereses semejante entre el poder pol¨ªtico y la organizaci¨®n ben¨¦fica -constituida gracias a aqu¨¦l en el primer capitalista del pa¨ªs, pero sujeta a cauciones administrativas en su actividad- constituye una agresi¨®n directa a la transparencia democr¨¢tica.

No ponemos en duda la legitimidad del privilegio otorgado por el Estado a un conjunto social aquejado de minusval¨ªa tan grave como la ceguera. Es l¨ªcito tratar de resolver por esa v¨ªa los problemas econ¨®micos que la asistencia a los ciegos supone en una sociedad demasiado insensible con sus incapacitados como. es la espa?ola. Lo que sugerimos es que, toda vez que la acumulaci¨®n de dinero generada por la ONCE -y sometida a un r¨¦gimen fiscal peculiar- es muy superior a las necesidades objetivas de la asistencia a sus afiliados, el destino de los excedentes y su manejo deben ser sometidos a controles muy diferentes a los que ahora se practican.

En primer lugar est¨¢ la aplicaci¨®n de los excedentes mismos a las necesidades de otros minusv¨¢lidos en Espa?a. Ning¨²n otro grupo de incapacitados f¨ªsicos o ps¨ªquicos ha obtenido un sistema de Financiaci¨®n comparable, y parece justo que el Ministerio de Asuntos Sociales, de quien depende administrativamente la ONCE, vele por una distribuci¨®n racional de esos excedentes con un sentido m¨¢s equitativo de la justicia. En segundo lugar, habr¨ªa que se?alar la necesidad de que las inversiones que realice la ONCE impliquen el m¨ªnimo riesgo para sus afiliados y eviten cualquier concentraci¨®n de poder en las empresas que las reciban. Se tratar¨ªa, en suma, de que, como los fondos de previsi¨®n de muchos pa¨ªses, tengan limitado el porcentaje de inversi¨®n en las diferentes compa?¨ªas y las acciones que suscriban no disfruten de derechos pol¨ªticos. La existencia de acciones sin voto a cambio de una remuneraci¨®n porcentualmente mayor est¨¢ prevista en la Ley de Sociedades An¨®nimas espa?ola. Esa v¨ªa permitir¨ªa a la ONCE estar presente en los medios de comunicaci¨®n, si considera que es un sector punta interesante para sus inversiones, sin el riesgo de una interferencia indirecta del poder en la independencia de esos medios. Por ¨²ltimo, parece l¨®gico que un montante de dinero tan considerable, fruto de la concesi¨®n de un monopolio p¨²blico, est¨¦ sometido a controles parlamentarios y profesionales adecuados, y no s¨®lo a los que ejerce, de forma tard¨ªa y confusa, la Administraci¨®n del Estado. Las Cortes, y la opini¨®n p¨²blica, deben tener conocimiento de los presupuestos y balances de esta organizaci¨®n, que deben ser auditados por compa?¨ªas independientes. Solamente as¨ª podr¨¢n obtenerse garant¨ªas de transparencia y rigor en la gesti¨®n de esos fondos.

Si se establecen esos controles u otros similares, estamos seguros de que desaparecer¨¢n las desconfianzas y sospechas de connivencia con el poder pol¨ªtico y oscurantismo en la gesti¨®n econ¨®mica que sobre la instituci¨®n ben¨¦fica se vienen cerniendo.