Un informe elaborado para la 'Comisi¨®n Abril' acusa de fraude a la sanidad privada

El sector privado de la sanidad oculta sus datos por motivos fiscales y desv¨ªa al sector p¨²blico gran parte de su gasto farmace¨²tico, seg¨²n un informe elaborado por encargo de la Comisi¨®n de An¨¢lisis y Evaluaci¨®n del Sistema Nacional de Salud, presidida por Fernando Abr¨ª Martorell, y conocida como Comisi¨®n Abril. Los especialistas en econom¨ªa sanitaria que han redactado el informe afirman que la escasez de datos hace "muy dif¨ªcil estimar el nivel de defraudaci¨®n de profesionales e instituciones".

El desv¨ªo de parte de los gastos sanitarios del sector privado a los presupuestos p¨²blicos hab¨ªa sido denunciado, hasta ahora, por asociaciones profesionales defensoras de la sanidad p¨²blica. Pero es la primera vez que se reconoce en un informe, en el que han participado economistas de la salud que trabajan para el sector privado y abogan claramente por ¨¦l, como Juan Jos¨¦ Artells, ex director general de Planificaci¨®n Sanitaria que ocupa actualmente un puesto destacado en una compan¨ªa catalana.El cap¨ªtulo en el que se trasluce m¨¢s claramente el posible fraude es el del consumo farmace¨²tico. As¨ª, mientras que el gasto con las recetas de la Seguridad Social ha aumentado los ¨²ltimos cinco a?os del 11% al 13,4%, la situaci¨®n ha sido a la inversa en la receta privada, descendiendo m¨¢s de tres puntos.

El trasvase de las recetas prescritas por un m¨¦dico de una compa?¨ªa privada a las recetas de la Seguridad Social puede hacerse por dos mecanismos diferentes. El m¨¢s habitual de ellos, consiste en que el propio asegurado acude a su m¨¦dico de zona para solictarle que, sin reconocimiento ni diagn¨®stico de ese facultativo, se limite a prescribirle en una de las recetas oficales lo que ya le ha sido indicado por su m¨¦dico particular. Para evitar este sistema, en las ¨²ltimas semanas la direcci¨®n provincial del Insalud en Madrid ha distribu¨ªdo una circular por centros de salud y ambulatorlos en el que se recuerda a los facultativos la ilegalidad de esa pr¨¢ctica.La otra f¨®rmula de fraude consiste en la pr¨¢ctica de aquellos m¨¦dicos que trabajan en ambos sectores y dispensan recetas en su consulta privada con talonarios de la Seguridad Social, seg¨²n explica Jos¨¦ Conde, que se perfila como uno de los m¨¢ximos candidatos para ser nombrado hoy director general del Insalud en sustituci¨®n de Jes¨²s Guti¨¦rrez Morlote.Personal diferente

Conde, que ya ocup¨® ese puesto en una etapa anterior, considera por ello que si sale adelante el proyecto del actual ministro de Sanidad, Juli¨¢n Garc¨ªa Valverde, de dar m¨¢s protagonismo al sector privado se deben regular los conciertos de manera que los facultativos del sector p¨²blico no trabajen en el privado y a la inversa.

"Es imprescindible que no se comparta personal", subraya Conde, tras manifestarse partidario de la nueva l¨ªnea marcada por el ministerio. Aunque "en modo alguno", matiza, "la sanidad privada, con la excepci¨®n de instituciones prestigiosas como la Fundaci¨®n Jim¨¦nez D¨ªaz, puede ser, en su conjunto, una alternativa para el sector p¨²blico".

El protagonismo que piensa dar la Administraci¨®n al sector privado se debe, seg¨²n varias fuentes, a las quejas planteadas sistem¨¢ticamente desde ese sector por el descenso del gasto sanitario privado. Sin embargo, el informe de la Comisi¨®n Abril se?ala que ese descenso no es cierto. La principal escollo encontrado por los redactores del informe en el sector privado ha sido "la escasez de fuentes y la ocultaci¨®n, en gran parte por motivos fiscales. En consecuencia, el gasto del sector privado est¨¢, en parte, infravalorado, dado que es muy dif¨ªcil estimar el nivel de defraudaci¨®n de profesionales e instituciones".

Entre otras irregularidades en el sector privado, el informe destaca el contencioso suscitado tras la venta de Sanitas, una de las compa?¨ªas de mayor implantaci¨®n. La operaci¨®n, realizada a finales de 1988, se encuentra actualmente en los tribunales tras presentar los actuales propietarios, la compa?¨ªa inglesa Bupa, cinco demandas y una querella criminal contra Marcial G¨®mez Sequeira, antiguo accionista. En ellas, se le acusa del delito de falsedad y apropiaci¨®n indebida, as¨ª como de haber causado perjuicios a la sociedad que ascienden a 1.350 millones de pesetas.