Complaciente OCDE

EN UN contexto internacional que se caracterizar¨¢ por la recuperaci¨®n de las principales econom¨ªas industrializadas en los pr¨®ximos 18 meses, la Organizaci¨®n para la Cooperaci¨®n y el Desarroll¨® Econ¨®mico (OCDE) prev¨¦ para la espa?ola tasas de crecimiento que seguir¨¢n siendo superiores -2,9% y 3,3% en 1991 y 1992, respectivamente- a las de la mayor¨ªa de esos pa¨ªses. El informe destaca el favorable comportamiento de la inversi¨®n y de las exportaciones, a la vez que se?ala la divergencia de las tasas de inflaci¨®n previstas respecto a los objetivos fijados por el Gobierno espa?ol. La contenci¨®n en el crecimiento de los salarios y la mejora de la productividad no impedir¨¢n, seg¨²n esas previsiones, que la tasa de inflaci¨®n alcance el 6,1% al t¨¦rmino de este a?o, para descender al 5,5% en 1992. La presi¨®n de la demanda interna que caracteriz¨® el reciente periodo de expansi¨®n de nuestra econom¨ªa ceder¨¢ en su componente de consumo privado, desviando una mayor parte de la oferta hacia la exportaci¨®n; junto a ello, el menor crecimiento de las importaciones determinar¨¢ descensos en el desequilibrio exterior. Con todo, el ritmo de reducci¨®n del desempleo ser¨¢ inferior al de los ¨²ltimos a?os, manteni¨¦ndose en tasas del 15,9% en 1991 y del 15,6% en 1992.Esa expansi¨®n equilibrada prevista por la OCDE descansa en un supuesto que no est¨¢ en absoluto garantizado: el mantenimiento de la orientaci¨®n restrictiva de la pol¨ªtica presupuestaria. El tono complaciente del informe no impide destacar las dificultadespara la reducci¨®n del d¨¦ficit presupuestario y la eliminaci¨®n de algunas de las peculiaridades de nuestras finanzas p¨²blicas. Respecto al primer aspecto, la tendencia creciente del gasto p¨²blico de las administraciones aut¨®nomas se constituye en una amenaza tanto m¨¢s importante cuanto que el desequilibrio de las mismas representa ya una tercera parte del correspondiente al Gobierno central, con una tasa de crecimiento del gast¨® p¨²blico que duplica la del Gobierno de la naci¨®n. La peculiaridad del sistema de ingresos p¨²blicos tampoco puede ser pasada por alto: el descenso en la recaudaci¨®n de impuestos indirectos, motivada por el importante fraude en el impuesto sobre el valor a?adido (IVA), ha sido compensado por los ingresos derivados de la imposici¨®n sobre la renta de las personas fisicas, sobre la que sigue recayendo la contribuci¨®n m¨¢s importante al mantenimiento de un ritmo de crecimiento del gasto p¨²blico paralelo al del producto nacional.

Las sugerencias relativas a la pol¨ªtica presupuestaria cobran toda su relevancia en el contexto de la contribuci¨®n que la misma deber¨ªa realizar para la consecuci¨®n de la competitividad que la econom¨ªa espa?ola precisa para afrontar las implicaciones de su inserci¨®n en un espacio econ¨®mico m¨¢s amplio e integrado. La definici¨®n de prop¨®sitos que el Gobierno ha hecho en el pretendido pacto de competitividad carece de actuaciones suficientemente detalladas tendentes a la eliminaci¨®n de esas anomal¨ªas en la generaci¨®n de ingresos y de esa falta de contenci¨®n en el gasto p¨²blico de los Gobiernos aut¨®nomos. Por ello, la amplitud de ese plan -de su contenido y de sus eventuales firmantes- ha de superar el estrictamente asociado a las directrices convencionales de pol¨ªtica de rentas para incluir los esfuerzos de la propia Administraci¨®n p¨²blica en la reducci¨®n de sus ineficacias. Por lo pronto, el objeto de reducir a cero el d¨¦ficit presupuestario al t¨¦rmino de 1992 ha sido ya cuestionado por el propio secretario de Estado de Hacienda.

El horizonte en el que se localiza ese reto de competitividad para la econom¨ªa espa?ola incorpora igualmente la transici¨®n a la uni¨®n econ¨®mica y monetaria, en el seno de la cual la disciplina presupuestaria es una condici¨®n b¨¢sica, al igual que la ortodoxa financiaci¨®n de los desequilibrios presupuestarios. La no por t¨®pica menos necesaria convergencia de nuestra econom¨ªa con las llamadas a dirigir ese proceso de integraci¨®n exige igualmente la de los compo rtamientos de las administraciones p¨²blicas llamadas a configurarlo.