El Gobierno y las autonom¨ªas se reprochan el retraso en la gesti¨®n de las nuevas pensiones

La Ley de Pensiones No Contributivas, que entr¨® en vigor en enero, cuenta ya con una lista de espera de m¨¢s de 140.000 personas. De ellas, unas 80.000 son ancianos que solicitan cobrar por primera vez una pensi¨®n. El Ministerio de Trabajo asegura contar con los fondos para pagar todas las pensiones que se reconozcan, pero, hasta el momento, s¨®lo se han concedido 1.234. La causa, se dice, son problemas de gesti¨®n que la Administraci¨®n central achaca veladamente a las autonom¨ªas. Estas, a su vez, culpan al Inserso de crear "falsas expectativas" y de remitirles con retraso las solicitudes que han recogido.

El objetivo de la Ley de Pensiones No Contributivas es universalizar las prestaciones de la Seguridad Social al crear unas nuevas pensiones para las personas mayores de 65 a?os que nunca han cotizado a la Seguridad Social o no lo han hecho los a?os suficientes. Esta norma, que afecta en total a 700.000 personas y cuesta 456.852 millones de pesetas, entr¨® en vigor el pasado mes de enero.Se trata de una ley tremendamente cara y que ha tenido un proceso de elaboraci¨®n muy prolongado, en opini¨®n de Manuel N¨²?ez, diputado del Partido Popular por Le¨®n, quien explica que, por ejemplo, la ley estuvo dos a?os en el Parlamento cuando "se pudo haber aprobado en lectura ¨²nica". N¨²?ez, que fue ministro de Trabajo con la Uni¨®n de Centro Democr¨¢tico, no puede evitar pensar que el recorte presupuestarlo planea sobre la ley.

La ley, a su paso por el Senado, tuvo 155 enmiendas, la ¨²ltima de las cuales, del senador socialista Barreiro Gil, establece que las 11 autonom¨ªas espa?olas que no tienen transferido el Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inserso) se ocupen de la tramitaci¨®n de las solicitudes de estas nuevas prestaciones.

H¨¦ctor Maravall, representante de CC OO en el Consejo General del Inserso, se?ala que esta transferencia ha provocado que la lentitud en la tramitaci¨®n "tenga dif¨ªcil arreglo de inmediato".

Pero la puesta en marcha de la ley se encontr¨® con otro obst¨¢culo: las elecciones municipales. "En el mes de marzo [periodo electoral], los consejeros de las comunidades estaban pensando en otras cosas", se?ala H¨¦ctor Maravall. En Madrid, la pelea por polarizar el beneficio pol¨ªtico de esta ley entre el Gobierno aut¨®nomo y el local apart¨® a los asistentes sociales de los ayuntamientos de la gesti¨®n, seg¨²n fuentes de la comunidad.

Entregas con retraso

Adem¨¢s de las elecciones, muchas autonom¨ªas, unas con el Inserso transferido y otras afectadas por la enmienda 155, explican que gestionan lentamente porque el Inserso no les ha entregado a tiempo varios ¨²tiles de trabajo indispensables, como el soporte inform¨¢tico o las solicitudes oficiales. El resultado de todo esto es que en julio -la ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fern¨¢ndez asegur¨® que en julio se empezar¨ªan a pagar- s¨®lo se han pagado 1.244 de las m¨¢s de 140.000 solicitadas. El resto espera desde hace meses una respuesta de las autonom¨ªas.

"Todo est¨¢ manga por hombro", se?ala Mariano Alonso, de UGT y miembro tambi¨¦n del Consejo del Inserso refiri¨¦ndose a la gesti¨®n de las pensiones. En Andaluc¨ªa y en Galicia, la gesti¨®n de las pensiones se est¨¢ realizando "a mano". Los ordenadores no funcionar¨¢n "a pleno rendimiento hasta septiembre", se?ala Claustre Massana, de la Junta de Andaluc¨ªa. Javier Bat¨¢n, director general de Servicios Sociales de la Xunta de Galicia, reconoce que los expedientes no se est¨¢n resolviendo al ritmo deseable".

Pilar Mart¨ªn, directora general de Servicios Sociales de Castilla y Le¨®n, se queja del retraso con que el Inserso ha hecho toda la trasferencia, lo que "restar¨¢ agilidad al cobro de las pensiones". El director general del Inserso, ?ngel Rodr¨ªguez, se?ala que las demoras en Castilla y Le¨®n "son esperables", y a?ade que, a su juicio, "hay otras dos [autonom¨ªas] que no van a pagar en los pr¨®ximos meses", pero no ha precisado cu¨¢les son.

Amparo Rodr¨ªguez, directora general en funciones de Servicios Sociales de Canarias, califica esta ley de "disparatada", y dice que necesita una "m¨ªnima negoclaci¨®n previa" con el Inserso para ponerla en marcha. Negociaci¨®n que, a su entender, no se ha producido.

Ante estas acusaciones ?ngel Rodr¨ªguez contesta que, si en esta comunidad "no se consideran competentes, es su problema, pero que no trasladen responsabilidades a la Administraci¨®n central", y se?ala que para la puesta en marcha de la ley realizaron tres reuniones con las autonom¨ªas.

Las solicitudes de Canarias est¨¢n guardadas literalmente en cajones, a la espera de que se cree la infraestructura adecuada para cubrir tal servicio. El programa inform¨¢tico para tramitarlas lleg¨® a las islas, desde Madrid, hace dos semanas, y los impresos lo hicieron tras entrar en vigor la ley, por lo que "improvisaron unos formularios artesanales", aseguran.