?No encarcelar a Voltaire!
En los a?os sesenta, Sartre fue protagonista de mica en Francia a ra¨ªz de su toma de posici¨®n en la guerra de Argelia y en los viajes que hizo a la Cuba de Fidel, a la URSS de Jruschov y a la Yugoslavia de Tito. Fue entonces cuando algunos manifestantes gritaron en los Campos El¨ªseos: "?Fusilad a Sartre!". El general De Gaulle, en los ant¨ªpodas ideol¨®gicos del fil¨®sofo y escritor, tuvo que salir en su defensa, reconocer que no era un ciudadano ordinario y, dando una lecci¨®n de tolerancia, lanzar una frase que se convirti¨® en historia: "?No se puede encarcelar a Voltaire!".No se puede encarcelar a Voltaire. No se puede ir contra el progreso; es decir, contra la historia. Recordaba esta an¨¦cdota sobre la ausencia de sectarismo de De Gaulle ante Sartre al observar estos d¨ªas algunas de las reacciones m¨¢s desaforadas contra la iniciativa del pacto de competitividad.
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Que Espa?a debe formar parte de la Comunidad Europea en igualdad de condiciones que las naciones m¨¢s desarrolladas de dicho foro es algo que los ciudadanos aprobaron hace mucho tiempo; que para ello es necesario ser m¨¢s competitivos es casi una tautolog¨ªa. Conceptos como competitividad y eficacia han pertenecido hasta hace poco al acervo cultural de la derecha; quiz¨¢ por ello el Gobierno, temeroso de ser acusado una vez m¨¢s de impostura ideol¨®gica, ha arrebatado a los sindicatos las siglas de su antigua PSP (Plataforma Sindical Prioritaria) y ha denominado al acuerdo de competitividad Pacto Social de Progreso (PSP).
Ha llegado la hora de devolver a esos conceptos su neutralidad pol¨ªtica inicial. Que Espa?a pertenezca a la primera divisi¨®n de la CE significa capacidad para producir m¨¢s, comprar y vender m¨¢s y mejor, y tambi¨¦n tener unos servicios p¨²blicos y sociales -el weffiare state- no s¨®lo universales sino que funcionen. Que las empresas espa?olas resistan el envite de las europeas y generen empleo, salarios y beneficios en la misma proporci¨®n al menos que sus hom¨®logas. En resumen, que los ciudadanos espa?oles vivan mejor.
Esto no es s¨®lo tarea de, mercaderes, como a veces sugieren los aspectos m¨¢s econ¨®micos de lo cotidiano. Pero tampoco s¨®lo de un ministro, de un Gobierno o de una capa social determinada. Cuando se firmaron los Acuerdos de la Moncloa para romper con unos desequilibrios que llevaban al pa¨ªs a una coyuntura latinoamericana, su concepci¨®n filos¨®fica y parte de su pr¨¢ctica fueron asumidas por casi toda la sociedad. Ahora el reto es similar: se trata de entrar del mejor modo posible en unas nuevas reglas del juego. Y en este tipo de cambio, al albur exclusivo del mercado, siempre les va peor a los m¨¢s d¨¦biles.
En realidad, para ser competitivo s¨®lo hay dos f¨®rmulas; la primera pertenece al darwinismo social., tan caro a algunos liberales de nuestro entorno: se tratar¨ªa de hacer desaparecer las cauciones de seguridad social a los sectores m¨¢s desfavorecidos de la poblaci¨®n, es decir, a los parados, pensionistas, marginales, etc¨¦tera. Es una f¨®rmula de desaparecerlos del mapa. Un exterm¨ªnio limpio. Pero de esto no se trata.
La segunda f¨®rmula es la de bajar la inflaci¨®n y lograr un entorno de infraestructuras y servicios m¨¢s eficaces para quien trabaje en Espa?a. Para disminuir los precios hay que bajar todo tipo de costes: laborales, financieros, energ¨¦ticos, etc¨¦tera. El Ministerio de Econom¨ªa ha calculado que la inflaci¨®n en Espa?a est¨¢ relacionada en un 55% con los salarios, un 15% con los beneficios empresariales y un 30% con los precios de las importaciones. Tienen raz¨®n los sindicatos al decir que cuando se habla del Pacto Social de Progreso exclusivamente se sustancia el debate en la pol¨ªtica de rentas. Pero ¨¦ste no es el caso. Cuando Solchaga ofrece un aumento salarial del ¨ªndice de precios al consumo m¨¢s dos puntos (o punto y medio) y una cl¨¢usula universal de revisi¨®n si la inflaci¨®n real supera la prevista, est¨¢ dando una victoria hist¨®rica a los sindicatos. No tendr¨¢n otra oportunidad como, ¨¦sa. Adem¨¢s de volver al concepto de inflaci¨®n pasada (y no de inflaci¨®n esperada, como en los ¨²ltimos a?os) la oferta significaba un incremento real del poder adquisitivo con ca r¨¢cter generalizado, que dif¨ªcilmente se dar¨¢ si se llega a negociar convenio por convenio, empresa por empresa. La petici¨®n de que esa revisi¨®n salarial se haga mediante ley, es decir, de que el pacto se convierta en norma y se indicie la econom¨ªa, es imposible pues introducir¨ªa una rigidez en el sistema productivo dificil¨ªsima de cumplir. El problema es pol¨ªtico, no t¨¦cnico: refleja la incredulidad de los sindicatos a que las otras partes efect¨²en sus promesas.
Pero la peronizaci¨®n de los convenios ir¨ªa en sentido contrario al del pacto: la econom¨ªa espa?ola ser¨ªa menos competitiva que la mayor parte de las europeas. No ver esto es estar ciego.
Desacelerar el crecimiento del salario nominal no implica que los asalariados renuncien a un aumento del poder de compra. El saneamiento de la econom¨ªa entre los a?os 1983 y 1989 ha situado la rentabilidad del capital en niveles muy holgados, por lo que no es necesario -como ocurri¨® en los tres primeros a?os de mandato socialista- restaurar primero los beneficios empresariales para que crezca despu¨¦s la inversi¨®n. Hoy es factible que sindicatos, patronal y Gobierno pacten -siempre que lo que les separe no sea el odio africano- un reparto de la productividad que asegure a la vez un crecimiento del poder adquisitivo, de la inversi¨®n y del empleo.
La otra parte del pacto, la que no tiene que ver en primera instancia con las rentas, pertenece todav¨ªa al espacio de las nebulosas. En los 15 a?os de democracia espa?ola no ha habido a¨²n una pol¨ªtica econ¨®mica estructural; casi todo han sido cifras m¨¢gicas, macroeconom¨ªa y coyuntura. La competitividad depende de los precios, pero tambi¨¦n de las estructuras y de los servicios sociales. No es f¨¢cilmente comprensible que 10 a?os despu¨¦s de su presencia en el Gobierno los socialistas no hayan establecido, por ejemplo, un modelo definitivo de sanidad o de transporte. Es sorprendente que en medio de las negociaciones para el pacto el Consejo de Ministros haya iniciado un debate para recortar el gasto p¨²blico. No porque no fuese necesario, sino porque habiendo perdido tanto tiempo lo ha ido a ejecutar en el momento menos oportuno, disminuyendo la capacidad de di¨¢logo de las partes. Adem¨¢s, estos recortes indican de nuevo falta de credibilidad en el acuerdo. El mensaje hasta hoy hab¨ªa sido el siguiente: o pacto o ajuste. A partir de ahora pueden darse ambas cosas.
As¨ª pues, si de Europa nos separan fundamentalmente la inflaci¨®n y los servicios, la contradicci¨®n est¨¢ m¨¢s presente que nunca; para reducir la primera y aumentar los ¨²ltimos se precisa una contenci¨®n del gasto; pero de los gastos corrientes, no de los gastos de inversi¨®n. Si los costes financieros de la Administraci¨®n son deudas adquiridas, y por tanto invariables; y si los gastos para la protecci¨®n social (pensiones, seguro de desempleo, etc¨¦tera) y para pagar los salarios p¨²blicos (salarios) suben un punto y medio o dos puntos, s¨®lo se puede equilibrar el presupuesto disminuyendo la inversi¨®n p¨²blica, lo cual supone que aumentar¨¢n las diferencias en educaci¨®n, sanidad, cooperaci¨®n, ferrocarriles, carreteras, etc¨¦tera, respecto a los principales pa¨ªses de la CE, hecho que tiene una relevancia especial en los meses inmediatamente .anteriores a los eventos de 1992: la Expo y los Juegos Ol¨ªmpicos.
Todo esto indica las dificultades profundas que soporta la econom¨ªa espa?ola, al margen de los vaivenes coyunturales. Y tambi¨¦n el tiempo perdido en plantear un consenso de la sociedad, del cual es sin duda culpable el Ejecutivo, que ahora manifiesta tantas prisas en medio de la incredulidad de la oposici¨®n pol¨ªtica y sindical. No es posible pactar de un d¨ªa para otro con quien hasta hace pocas fechas ha sido objeto de desprecio o de desd¨¦n. Pero todo ello deber¨ªan ser dificultades menores a arreglar en otro momento ante la urgencia del reto principal. Felipe Gonz¨¢lez ha declarado la semana pasada que si no hay consenso habr¨¢ que adoptar medidas dolorosas. El pr¨®ximo presupuesto, el de 1992, es el ¨²ltimo antes de ingresar en el mercado ¨²nico. No existe, pues, otra ocasi¨®n. Se ha llegado al borde del precipicio; si se quieren aumentar las inversiones p¨²blicas y los servicios sociales y bajar a la vez la inflaci¨®n -es decir, si se pretende converger con nuestros socios m¨¢s ricos y m¨¢s equilibrados-, no existe otra pol¨ªtica econ¨®mica que la de tipos de inter¨¦s altos y subir los ingresos p¨²blicos. Ello se consigue o privatizando empresas p¨²blicas (es el peor momento por sus enormes p¨¦rdidas en la mayor parte de los casos, al margen de que ser¨¢ problem¨¢tico que algunas de ellas sean adquiridas por alguien) o combatiendo el fraude fiscal (que se ha convertido ya en fraude estructural y, por consiguiente, de dificil arreglo en un ejercicio) o aumentando los impuestos (en una sociedad al l¨ªmite de su presi¨®n fiscal).
?ste es el envite y as¨ª se ha de explicar para que todos sepamos lo que podemos ganar y lo que perderemos. Por eso es tan importante el pacto. Si no se logra habr¨¢ que explicar qui¨¦nes lo han boicoteado y se han empe?ado en defender un concepto reaccionario de su propio statu quo de grupo, forzando mayores sacrificios para la mayor¨ªa de los ciudadanos.
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