Obras P¨²blicas admite que existen amenazas mafiosas contra los funcionarios de costas

Fernando Palao, director general de Puertos y Costas del Ministerio de Obras P¨²blicas y Transportes (MOPT), admiti¨® ayer la existencia frecuente de amenazas de tipo mafioso contra los jefes de demarcaci¨®n y los vigilantes de costas, cuyas actuaciones se amparan en la Ley de Costas de 1988. Palao puso el ejemplo del jefe de demarcaci¨®n de M¨¢laga, Luis L¨®pez Pel¨¢ez, cuya esposa recibi¨® recientemente en su domicilio una corona de flores. Palao dijo tambi¨¦n que para completar la regeneraci¨®n de las playas espa?olas¨ª habr¨¢ que invertir 60.000 minones de pesetas en los pr¨®ximos afios.

El director general de Puertos y Costas record¨® que L¨®pez Pel¨¢ez ha mantenido recientemente un contencioso con la urbanizaci¨®n Aldea Beach, de la localidad malague?a de Manilva, por recurrir contra una licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de esa localidad a la mencionada urbanizaci¨®n. Palao critic¨® la actuaci¨®n de esta urbanizaci¨®n, que presiona a L¨®pez Pel¨¢ez a trav¨¦s de anuncios en la prensa y le reclama 500 millones de pesetas por da?os y perjuicios. El Tribunal Supremo ha revocado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa por la que se paralizaron hace dos a?os las obras de esa urbanizaci¨®n en Manilva."No sabemos qui¨¦nes son los autores de las amenazas y las presiones personales contra los jefes de demarcaci¨®n y los vigilantes costeros", dijo Palao, "pero pensamos que pueden estar detr¨¢s quienes se sienten perjudicados por las acciones legales emprendidas por los funcionarios de las jefaturas de costas. Existe una campa?a para atemorizar a esos funcionarios, pero es imposible investigar a fondo este tipo de casos. A estos funcionarios, que est¨¢n sujetos a constantes amenazas y chantajes, se les exige un celo en sus funciones que es desproporcionado con su remuneraci¨®n moral y econ¨®mica".Palao reconoci¨® que en el 60% del litoral espa?ol, donde se encuentra la mayor parte de los cascos urbanos y los terre-nos declarados urbanizables antes de la promulgaci¨®n de la Ley de Costas, no se pueden aplicar las medidas de protecci¨®n que prev¨¦ la ley, "porque en ese territorio hay actuaciones y concesiones de suelo urbanizable anteriores a la entrada en vigor de la ley. En ese 60% del litoral, la Administraci¨®n s¨®lo puede actuar sobre 20 metros a partir de la ribera del mar. Si se hubieran prohibido las construcciones en los 100 metros de servidumbre que dicta la ley, el volumen de expropiaciones habr¨ªa sido inaudito La Ley de Costas tiene una capacidad protectora limitada, y si queremos que el litoral sea tratado adecuadamente, tenemos que contar con el apoyo de las comunidades aut¨®nomas y los ayuntamientos".1.200 expedientes

En la actualidad hay abiertos 1.200 expedientes contra actuaciones ilegales en ¨¢reas de dominio p¨²blico del litoral, y s¨®lo en la Costa del Sol se han derribado 500 chiringuitos. Palao advirti¨® que la gesti¨®n de las ¨¢reas de dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre eran competencia del Estado, aunque admiti¨® que las comunidades aut¨®nomas y los ayuntamientos tendr¨¢n competencias en la concesi¨®n de permisos para actuar en esas zonas, como reconoce una reciente sentencia del Tribunal Constitucional.

Palao present¨® adem¨¢s un informe sobre las actuaciones costeras, del que se desprende que entre 1988 y 1991 se han invertido 20.000 millones de pesetas en la regeneraci¨®n de playas, con unas 250 actuaciones en el litoral. Para completar este programa har¨¢n falta otros 60.000 millones, seg¨²n Palao.