Hasta las cejas

"Estoy convencido de que nos pagar¨¢n la deuda, por mucho que diga Solchaga". El reci¨¦n elegido presidente de Cantabria, Juan Hormaechea, hac¨ªa as¨ª su reaparici¨®n en la escena del poder auton¨®mico a principios de Julio, y echaba por tierra cualquier esperanza de que, en su nuevo mandato, fuera a abordar el problema del endeudamiento de la comunidad c¨¢ntabra, que se ha saltado los l¨ªmites establecidos por ley. Desde Madrid, una de las soluciones que se barajan es convencer a los bancos de que no presten m¨¢s dinero a Cantabria si antes no se presenta un plan de saneamiento para salvar una situaci¨®n calificada de quiebra t¨¦cnica, adem¨¢s de plantear al Tribunal de Cuentas que abra una investigaci¨®n.

CONCHA MART?N, Las conclusiones son que a 31 de julio de este a?o Cantabria arrastraba una deuda formalizada con los bancos por valor de 57.567 millones de pesetas, m¨¢s otros 28.517 millones pendientes de obtener cr¨¦ditos. En total, unos 85.000 millones de pesetas, cantidad que triplica los ingresos corrientes previstos para 1991 y que supera ampliamente los 15.000 millones de deuda que ten¨ªa Cantabria cuando Juan Hormaechea accedi¨® por primera vez a la presidencia, en el a?o 1987. El presupuesto de Cantabria para 1991 es de 49.911 millones.Lo pendiente de formalizar con los bancos son 17.690 millones de pesetas, resultado de una ley de cr¨¦dito extraordinario aprobada por el Parlamento c¨¢ntabro para financiar deudas contra¨ªdas por el anterior Gobierno de Hormaechea, y para lo que no se hab¨ªa hecho la correspondiente dotaci¨®n presupuestaria. A ello hay que a?adir otros 7.826 millones previstos en el presupuesto de 1991 y otros 3.000 millones que han aparecido despu¨¦s de la ley de cr¨¦dito extraordinario y para lo que tampoco exist¨ªa dotaci¨®n.

La ley extraordinaria se aprob¨® "porque nos reclamaban pagos de los, que no exist¨ªan documentos, ya que se hab¨ªan realizado de forma verbal y sin pasar por la C¨¢mara y para pagar las facturas que nos encontramos en los cajones", se?ala V¨ªctor Gij¨®n, portavoz del anterior gobierno de coalici¨®n PSOE-PP-PRC-CDS. La situaci¨®n lleg¨® a provocar la moci¨®n de censura que derroc¨® a Hormaechea y una querella por malversaci¨®n de fondos (diciembre de 1990) que est¨¢ en tramitaci¨®n. Ese gobierno de coalici¨®n intent¨® negociar en Madrid y se constituy¨® una comisi¨®n entre Econom¨ªa, Haciendas territoriales, Banco de Espa?a y Banco de Cr¨¦dito Local. El intento se qued¨® en eso tras las elecciones y el pacto Hormaechea-PP.

?Qu¨¦ hizo ¨¦l para merecer esto? Dar rienda suelta a su imaginaci¨®n, que se ha demostrado sin l¨ªmites. Adem¨¢s de su afici¨®n por los animales -parque natural de Cab¨¢rceno (5.000 millones), zool¨®gico de La Magdalena y adquisici¨®n del malogrado toro Sult¨¢n- y de su pasi¨®n por la m¨²sica -construcci¨®n del Palacio de Festivales, 4.000 millones- ha destinado recursos a obras p¨²blicas, sobre todo carreteras. Desde la oposici¨®n se le califica de "extravagante y populista", con un fuerte tir¨®n electoral, pero sin escr¨²pulos a la hora de gastar los recursos que gestiona.

El resultado es un nivel de endeudamiento que Cantabria no se puede permitir en relaci¨®n a sus ingresos, que son fijos cada a?o y provienen de lo que le transfiere el Estado como porcentaje de participaci¨®n en la recaudaci¨®n de impuestos. Si se tiene en cuenta s¨®lo lo presupuestado para este a?o -a ello habr¨ªa que a?adir la deuda que ha ido aflorando y a¨²n no est¨¢ claro a qu¨¦ corresponde-, Cantabria tiene que afrontar este a?o el pago de 8.120 millones de pesetas entre intereses y amortizaci¨®n de prestamos. El problema es que esta cantidad representa el 31% de sus ingresos corrientes previstos para este a?o (26.127 millones de pesetas), frente al 25% como l¨ªmite m¨¢ximo establecido por la ley.

Seg¨²n ha puesto de manifiesto el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza, Cantabria es la ¨²nica comunidad aut¨®noma que se ha saltado este techo del 25% previsto en la Ley de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas (LOFCA). Esta ley establece que el importe total de las anualidades de amortizaci¨®n, por capital e intereses, no debe exceder del 25% de los ingresos corrientes.