Defensa cancela la modernizacion de 23 'cazas' Mirage III, en la que ha invertido 6.000 millones

El Ministerio de Defensa ha comunicado a las empresas afectadas su decisi¨®n de cancelar el programa de modernizaci¨®n de los 23 cazas Mirage III del Ej¨¦rcito del Aire, aprobado por el Gobierno en diciembre de 1988, por un importe de 23.500 millones de pesetas. Fuentes de Defensa aseguran que la decisi¨®n no ha venido motivada por el recorte presupuestarlo sufrido por el departamento, sino por la incapacidad de las dos empresas espa?olas adjudicatarias, la privada Ceselsa y la p¨²blica Construcciones Aeron¨¢uticas (CASA), para desarrollar conjuntamente el programa.

Hasta el 31 de diciembre de 1989, Defensa hab¨ªa invertido 6.156.300.000 pesetas en este programa, seg¨²n la respuesta remitida al diputado del Grupo Popular Javier Rup¨¦rez en febrero del 1990. Fuentes de Defensa consideran que las empresas deber¨¢n responder ahora del empleo de este dinero.La cancelaci¨®n del programa supondr¨¢ a medio plazo la baja de los aviones, que llegaron a Espa?a en 1970 y deb¨ªan haber concluido su vida operativa en la primavera de 1987, seg¨²n el Plan Estrat¨¦gico Conjunto (PEC) de 1984. El objetivo del programa cancelado era precisamente prolongar en 12 a?os, hasta despu¨¦s del a?o 2000, dicha vida operativa. En medios de Defensa no se descarta, no obstante, la realizaci¨®n de algunas mejoras parciales a los aparatos para garantizar su continuidad hasta que Espa?a reciba los primeros aviones de combate europeo (EFA). Si estas mejoras no llegaran a realizarse, por los recortes que ha sufrido el presupuesto de Defensa en 1991 y las malas perspectivas para 1992, el Ej¨¦rcito del Aire se quedar¨ªa con 23 aviones menos y tendr¨ªa que plantearse el cierre de la base de Manises (Valencia), donde est¨¢n ubicados.

Repercusiones industriales

El programa Mirage III ten¨ªa grandes repercusiones industriales y estrat¨¦gicas. Se trataba, seg¨²n los expertos, del con trato m¨¢s importante desde el punto de vista tecnol¨®gico, aunque no el m¨¢s caro, de los adjudicados hasta ahora a la industria militar espa?ola, que no ha sabido superar este reto. Adem¨¢s, el prop¨®sito de Defensa era incorporar a los Mirage III los sistemas de avi¨®nica de los cazas F-18 y, si la operaci¨®n ten¨ªa ¨¦xito, se podr¨ªa repetir la experiencia con otros aparatos, como los F-5.El 23 de diciembre de 1988, el Consejo de Ministros aprob¨® el contrato de modernizaci¨®n de los 23 cazas Mirage III del Ej¨¦rcito del Aire. Al concurso se: hab¨ªan presentado dos ofertas, una integrada por CASA y la. empresa francesa fabricante del avi¨®n, Marcele-Dassault, y otra formada por Ceselsa y la firma isarel¨ª Israel Aircraft Industries (IAI).

El Ministerio de Defensa consider¨® que se trataba de una oportunidad ¨²nica para potenciar la industria nacional de aerona¨²tica y electr¨®nica, por lo que forz¨® a las dos empresas espa?olas a formar un consorcio llamado ATTORN, integrado a partes iguales por CASA y Ceselsa, que tuvieron que prescindir de sus socios extranjeros.

La adjudiaci¨®n del programa a ATTORN se revel¨® como una fuente inagotable de problemas. El 18 de julio de 1990, a?o y medio despu¨¦s de la firma del contrato, el Ministerio de Defensa lanz¨® un primer ultim¨¢tum a las empresas adjudicatarias, que a¨²n no hab¨ªan comenzado los trabajos, a pesar de que ¨¦stos deb¨ªan estar concluidos en octubre de 1992.

A finales de ese mes, se suspendi¨® la ejecuci¨®n del programa y se abrieron unas complicadas negociaciones que culminaron el 30 de octubre de 1990. Defensa decidi¨® entonces revisar el contrato de adjudicaci¨®n, otorg¨¢ndole la responsabilidad principal a CASA y dejando a Ceselsa de subcontratista.

Esta decisi¨®n acall¨® la pol¨¦mica p¨²blica, pero no resolvi¨® el problema pues, para ponerla en pr¨¢ctica, era preciso que CASA absorviera a ATTORN y se hiciera cargo de los gastos ya realizados por Ceselsa, lo que nunca lleg¨® a producirse. A lo largo de las negociaciones, t¨¦cnicos de CASA advirtieron repetidamente que, con la documentaci¨®n aportada por Ceselsa, no pod¨ªan garantizar la seguridad y aeronavegabilidad de los aparatos.

Durante los ¨²ltimos ocho meses se han multiplicado los contactos entre las partes afectadas y las advertencias oficiales. El ¨²ltimo plazo dado por Defensa a las empresas para resolver sus diferencias expir¨® el 31 de julio. El 17 de junio, en el Senado, el ministro de Defensa, Juli¨¢n Garc¨ªa Vargas, ya advirti¨®: "Probablemente simplificaremos [el programa] para ganar en tiempo de realizaci¨®n de cara a no ponernos en una fecha excesivamente distante".

Altos cargos del departamento adelantaron que se estudiaba eliminar la parte de avi¨®nica, la m¨¢s importante y costosa. No obstante, en medios del Ej¨¦rcito del Aire, todav¨ªa se daba por segura en esos d¨ªas la continuidad del programa.

Por otra parte, Garc¨ªa Vargas dijo ayer en Oviedo tras reunirse con su colega franc¨¦s, Pierre Joxe: "Yo no pongo objeci¨®n alguna a la pol¨ªtica econ¨®mica del Gobierno, pero entiendo que cualquier recorte presupuestario deber¨¢ distribuirse de modo equitativo entre los distintos departamentos", informa Javier Cuartas.