Comenz¨® el juicio por la matanza de seis jesuitas en El Salvador
El proceso contra nueve militares salvadore?os, entre ellos un coronel y dos tenientes, presuntos autores de la matanza de seis jesuitas y dos sirvientas de la Universidad Centroamericana (UCA), en la madrugada de? 16 de noviembre de 1989, comenz¨® ayer en San Salvador. El inicio del juicio puso fin a varias horas de incertidumbre sobre si ser¨ªa posible conseguir el m¨ªnimo exigido por la ley de cinco miembros del jurado dispuestos a correr el riesgo de formar parte de un tribunal civil, que juzgar¨¢ por primera vez en la historia de El Salvador a militares de alto rango por cr¨ªmenes contra los derechos humanos.
ENVIADO ESPECIAL, Con casi cuatro horas de retraso sobre la hora prevista, comenz¨® en el edificio de la Corte Suprema en San Salvador, el juicio por la matanza de los que ya casi todos llaman "los m¨¢rtires de la UCA", el rector Ignacio Bellacur¨ªa y cuatro jesuitas espa?oles, m¨¢s otro salvadore?o y las dos sirvientas. El retraso en el inicio del proceso parece causado por las dificultades para conseguir los cinco jurados, que siguen la causa ocultos a los ojos de los presentes en la sala para evitar ser identificados y pagar probablemente con la vida su participaci¨®n en una condena de los militares acusados. -Tras la larga y penosa espera en las puertas del edificio de la Cort¨¦ Suprema, al filo del mediod¨ªa hora local (20.00 en Espa?a) pudieron entrar los familiares de los acusados y de las dos salvadore?as asesinadas, varios compa?eros de las v¨ªctimas y observadores internacionales.
En la primera fila del espacio reservado a los observadores se sentaron el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, M¨¢ximo Cajal, y el embajador de Espa?a en El Salvador, Ricardo Peidr¨®. Por parte espa?ola tambi¨¦n asistieron el ex embajador en El Salvador Fernando ?lvarez de Miranda y cuatro diputados de la Comisi¨®n del Congreso encargada de elaborar un informe sobre la matanza. Unas filas m¨¢s atr¨¢s se sentaba un sacerdote vasco que se encuentra en El Salvador en representaci¨®n del Vaticano y el embajador de Estados Unidos, William Walker. Antes de entrar al lugar del juicio, el actual rector de la UCA, el jesuita salvadore?o Francisco Estrada, sucesor del asesinado Ellacur¨ªa, expres¨® su esperanza de que el caso no quede agotado con el Picio actual, "no est¨¢n los principales, los autores del coraz¨®n del crimen". Expresaba as¨ª Estrada la tesis extendida entre los jesuitas de la UCA y que confirma el informe de la comisi¨®n parlamentaria espa?ola de que los inculpados pueden ser los autores, materiales del asesinato pero los inductores est¨¢n sueltos y ocupan cargos de mayor rango en las Fuerzas Armadas salvadore?as.
El bien del pa¨ªs
Estrada declar¨® que espera una sentencia adecuada "no s¨®lo por los compa?eros y familiares, sino por el bien del pa¨ªs. Al pa¨ªs, al Gobierno y al mismo cuerpo militar le interesa un juicio condenatorio". Si no se diese una sentencia condenatoria, piensa Estrada que el pueblo quedar¨ªa indefenso, "porque si en este caso que es claro se tienen pruebas, no se hace nada, ?qu¨¦ ser¨¢ con el campesinado, obreros y sindicalistas, que no cuentan con estos indicios y pruebas? Los primeros perdedores ser¨ªan los pobres y el pueblo salvadore?o".
Comparecieron en el juicio ayer s¨®lo ocho acusados, porque el noveno, un soldado, se encuentra pr¨®fugo. Los ocho presentes se sentaron cara al p¨²blico y de espaldas al juez. Los ocho visten uniforme con sus rangos y escuchan con gesto impasible la lectura del sumario que describe con detalles horripilantes la forma en que se encontraron los cuerpos y los resultados de las autopsias de los asesinados. Impasible el adem¨¢n, con la mirada lejos y la frente levantada, los, acusados producen la impresi¨®n de que lo que all¨ª se trata nada tiene que ver' con ellos.
El principal acusado, el coronel Guillermo Benavides, mueve los labios casi sin parar, como si chupase una pastilla. Benavides lleva gafas. Sin uniforme, Benavides pasar¨ªa por un insignificante funcionario si no fuese por su mirada dura y desafiante. La lectura del sumario da idea de la brutalidad de la matanza. Los apodos que usaban los militares podr¨ªan servir de indicio sobre la clase de personajes que ayer se sentaron en el banquillo. Les llamaban Satan¨¢s, Maldito, Coyote, Sans¨®n y Salvaje.
El juicio se celebra en medio de una escalera de la Corte Suprema habilitada con sillas y mesas en medio de un ambiente inh¨®spito. Rompe la decoraci¨®n de cemento la mampara de madera construida para ocultar a los jurados, que deber¨¢n permanecer encerrados en el recinto hasta emitir su veredicto, que se espera en pocos d¨ªas.
Se necesita un jurado 'kamikaze'
El juicio por el asesinato de los jesuitas se considera una piedra de toque sobre la necesidad de que El Salvador se adentre de verdad por el camino de la justicia y la paz tras la firma en Nueva York del acuerdo entre el Gobierno y la organizaci¨®n guerrillera Frente Farabundo Mart¨ª para la Liberaci¨®n Nacional (FMLN).Dos son las principales interrogantes que se planteaban ante el comienzo de la causa oral por la matanza de los jesuitas: si realmente se conseguir¨ªa constituir un jurado dispuesto a participar en el proceso y la repercusi¨®n que tendr¨¢ el juicio cuando se acaba de firmar el acuerdo de paz entre el Gobierno y el FMLN.
La apertura del juicio, cuando est¨¢n a punto de cumplirse dos a?os de los asesinatos de los seis jesuitas y dos empleadas de la Universidad Centroamericana (UCA) se esperaba con una fuerte dosis de escepticismo en El Salvador. Esta sensaci¨®n se fundaba no s¨®lo en la duda sobre las intenciones de los poderes f¨¢cticos de El Salvador, las Fuerzas Armadas, sino en el hecho de que se someta a juicio por cr¨ªmenes contra los derechos humanos a un alto oficial y otros militares de rango inferior por primera vez en la historia del pa¨ªs. El elemento m¨¢s inmediato de desconfianza lo constituye el propio procedimiento penal salvadore?o, que parece aberrante en las circunstancias en que vive el pa¨ªs..
El diputado espa?ol Gabriel Cisneros, del Partido Popular, lo apunt¨® en su intervenci¨®n en el acto conmemorativo celebrado en la noche del mi¨¦rcoles en la Universidad Centroamericana (UCA), cuando dijo que el sistema de jurados es un procedimiento anglosaj¨®n con pocas posibilidades de viabilidad en el momento actual de El Salvador, y sobre todo en un caso tan escandaloso como la matanza de los jesuitas.
12 ciudadanos
El procedimiento penal salvadore?o prev¨¦ un sistema de jurados que salen del sorteo entre 12 listas de ciudadanos escogidos con unas caracter¨ªsticas de educaci¨®n b¨¢sica y que son citados para comparecer en una diligencia judicial, sin que se les advierta de qu¨¦ se trata. Se cita a 12 ciudadanos por el procedimiento que lleva el pintoresco nombre de insaculaci¨®n, que significa sacar los nombres de un saco. Si no se consigue que comparezcan al menos cinco jurados, el juicio queda inmediatamente aplazado. El temor fundado era que nadie se presentase o no se consiguiese el n¨²mero m¨ªnimo imprescindible de jurados.
Si un jurado no acude a la citaci¨®n del juzgado arriesga una multa de 50 colones (algo menos de 700 pesetas), cantidad irrisoria incluso en un pa¨ªs pobre como El Salvador. Por su. contribuci¨®n a la justicia, cada jurado percibe por todo el tiempo que dure el juicio una indemnizaci¨®n del 25 colones (menos de 350 pesetas). Si se tiene en cuenta que el proceso lleva al banquillo a un coronel, dos tenientes y un subteniente m¨¢s cuatro soldados, porque el quinto est¨¢ en situaci¨®n de pr¨®fugo, resulta dif¨ªcil imaginar que haya cinco aut¨¦nticos ciudadanos kamikazes dispuestos a jugarse la vida tras una sentencia de culpabilidad contra unos militares pose¨ªdos de un fuerte esp¨ªritu corporativo.
Los jurados tienen que ser unos aut¨¦nticos h¨¦roes, porque condenar a los acusados puede significar para ellos, en El Salvador actual y a pesar de acuerdo de paz firmado en Nueva York, apostar la propia vida contra una ¨ªnfima multa Est¨¢ prevista tambi¨¦n la posibilidad de una condena por desobediencia para los jurados que no comparecen a la citaci¨®n judicial, pero ni los m¨¢s viejos del lugar recuerdan en El Salvador que se haya aplicado esta norma.
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