Los populares y CIU piden cambios en la normativa sobre registros y detenciones

J. A. / C. V.El Grupo Parlamentario Catal¨¢n (Converg¨¨ncia i Uni¨®) present¨® ayer una serie de enmiendas al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que, en opini¨®n de su m¨¢ximo responsable, Miquel Roca, "sit¨²an el texto del Gobierno en el marco de la Constituci¨®n". Las principales modificaciones se refieren a los dos art¨ªculos m¨¢s pol¨¦micos del texto que promueve el Ejecutivo socialista: el 20 -detenci¨®n policial de ciudadanos no identificados- y el 21 -entrada en domicilios sin autorizaci¨®n judicial- El PP, por su parte, ha presentado una enmienda a la totalidad y pedir¨¢ asimismo la supresi¨®n del art¨ªculo 21.

En medios pol¨ªticos se ha especulado durante los ¨²ltimos d¨ªas con la posibilidad de que el grupo mayoritario socialista modifique alguno de los puntos m¨¢s pol¨¦micos de la ley mediante la aceptaci¨®n de enmiendas de la oposici¨®n.Respecto al art¨ªculo 20, los nacionalistas catalanes proponen un a?adido al texto del Gobierno en el que se precise que de las diligencias policiales se d¨¦ traslado a la autoridad judicial. Con ello, seg¨²n Converg¨¨ncia i Uni¨®, se pone a disposici¨®n del juez la mayor informaci¨®n posible y de paso se invierte la filosofia inicial del Gobierno, que simplemente dejaba la puerta abierta a que el fiscal o el juez pudieran acudir al registro de detenidos.

La segunda enmienda significativa al texto socialista es la relativa al art¨ªculo 21.2, referente a la entrada en domicilios sin autorizaci¨®n judicial. Los nacionalistas, bas¨¢ndose en sentencias del Tribunal Supremo, limitan esta posibilidad al supuesto de constancia fehaciente de venta o transferencia de productos de drogadicci¨®n. Seg¨²n Miquel Roca, al limitar la facultad policial al momento en que se est¨¢ produciendo la venta de droga "se acota el campo de actuaci¨®n policial, ya que lo importante no es que en un domicilio haya droga sino que se utilice para la venta de droga". Los nacionalistas catalanes se mostraron convencidos de que sus enmiendas, que han sido negociadas por el diputado de CiU Josep Maria Trias de Bes, hasta la fecha sin un acuerdo total, sean asumidas por el Gobierno "ya que constitucionalizan el tema".

El Grupo Popular del Congreso pedir¨¢ la supresi¨®n del art¨ªculo 21 del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, por el que se autoriza la entrada y registro domiciliario de la polic¨ªa, si, como es de esperar, no prospera en la sesi¨®n parlamentaria de hoy su petici¨®n de que el texto sea devuelto al Gobierno.

Federico Trillo, que en nombre de su grupo defender¨¢ hoy la enmienda a la totalidad, presentada por su grupo, no duda en calificar al proyecto como "el ataque m¨¢s grave contra la libertad de los espa?oles desde 1978".

La enmienda que el PP considera m¨¢s fundamental es la introducci¨®n de una disposici¨®n adicional por la que se establezca que el consumo p¨²blico de drogas debe trasladarse al C¨®digo Penal. Ese partido quiere que cuando un sujeto sea sorprendido consumiendo drogas se le traslade a presencia del juez, el cual ordenar¨¢ un dictamen forense que indique si se trata o no de un drogodependiente. En caso positivo el PP entiende que debe establecerse el internamiento del sujeto en un centro de desintoxicaci¨®n.

Respecto del art¨ªculo 20, sobre la facultad que el proyecto otorga a la polic¨ªa para trasladar a comisar¨ªa a ciudadanos que no puedan ser identificados, el PP piensa que es necesario establecer la obligaci¨®n de identificarse ante los agentes de polic¨ªa. Esa obligaci¨®n no est¨¢ establecida actualmente en ning¨²n texto legal. Adem¨¢s de ello una enmienda a ese art¨ªculo, por parte de los populares establece que "en los casos de resistencia o negativa infundada a identificarse [...] se estar¨¢ a lo dispuesto en el C¨®digo Penal y en la ley de Enjuiciamiento Criminal". Por ¨²ltimo pide el Grupo Popular que se suprima el art¨ªculo 38 del proyecto que establece la ejecutividad inmediata de las sanciones y la obligaci¨®n de satisfacer la sanci¨®n para poder recurrir.