Hacienda tendr¨¢ m¨¢s poderes para investigar las cuentas bancarias

Hacienda y, el sector financiero vuelven a estar enfrentados por el secreto bancario. El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1992 pretende ampliar las facultades de la inspecci¨®n fiscal para exigir informaci¨®n a bancos y cajas de ahorro, lo que ha provocado la inmediata reacci¨®n del sector, que estudia pasar a la acci¨®n con todos los medios a su alcance. La historia se repite, mientras el fisco quiere cerrar el cerco al dinero negro.

Bancos y cajas de ahorros se preparan para emprender una nueva batalla en defensa del secreto bancario. Y probablemente para perderla, como viene sucediendo desde que en 1986, el Gobierno socialista inici¨® su campana contra el fraude fiscal. En esta ocasi¨®n, el motivo de la disputa surge de una modificaci¨®n en materia de inspecci¨®n fiscal introducida en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1992, por la que se incrementan las competencias de los inspectores para requerir informaci¨®n a la banca. El art¨ªculo 84 del proyecto, que endurece las condiciones para la utilizaci¨®n del N¨²mero de Identificaci¨®n Fiscal (NIF), establece prerrogativas para que los inspectores puedan exigir informaci¨®n a bancos y cajas.Inspecci¨®n fiscal

En su ¨²ltimo p¨¢rrafo dice: "Todos los datos relativos a los movimientos de las cuentas, cualquiera que sea. su denominaci¨®n y naturaleza, que utilicen las entidades o establecimientos de cr¨¦dito para reflejar operaciones activas o pasivas, incluidas las de car¨¢cter transitorio, as¨ª como para reflejar la operatoria de los cheques, tendr¨¢n car¨¢cter de informaci¨®n de trascendencia tributarla a los efectos previstos en el art¨ªculo 111 de la Ley General Tributaria".

En otras palabras, lo que dice el Gobierno es que a partir de la entrada en vigor de los Presupuestos de 1992, Hacienda podr¨¢ requerir toda la informaci¨®n bancaria sobre un contribuyente sometido a inspecci¨®n fiscal. Hasta el momento, el fisco tan s¨®lo pod¨ªa requerir la documentaci¨®n cuentas bancarias definidas de antemano. Pero a partir del 1 de enero, podr¨¢n solicitar toda la informaci¨®n que tengan sobre una persona f¨ªsica o jur¨ªdica, incluyendo cuentas corrientes, tarjetas de cr¨¦ditos, inversiones y pr¨¦stamos.

La decisi¨®n ha provocado la reacci¨®n inmediata del sector financiero, que ha pedido explicaciones al Ministerio Hacienda sobre el alcance de la medida. Fuentes del departamento han se?alado que aunque la ampliaci¨®n del car¨¢cter de informaci¨®n de transcendencia tributarla a todas las operaciones bancarias suponga un aumento de competencias para la inspecci¨®n, la medida tiene un alcance limitado. El fisco s¨®lo podr¨¢ exigir esa informaci¨®n cuando se est¨¦ realizando una inspecci¨®n.

Sector financiero

Estas explicaciones no han dejado satisfechos a los banqueros, que se preparan para combatir la medida. Fuentes del sector comentaron a este peri¨®dico que "se trata de un problema muy serio, porque el Estado da un paso m¨¢s en la vulneraci¨®n de la intimidad de los ciudadanos. No se trata de que queramos colaborar en la lucha contra el fraude, sino que entendemos que con la medida se traspasan las garant¨ªas y los l¨ªmites de privacidad de los clientes bancarios".

En el fondo, no se trata m¨¢s que una nueva vuelta del torniquete en la lucha de Hacienda contra el fraude fiscal. Aunque el sector financiero lo entiende como un exceso y una vulneraci¨®n del derecho bancario. "Primero suprimieron la necesidad de un mandamiento judicial para pedir datos a la banca", a?adieron las citadas fuentes, "y ahora pretenden generalizar la exigencia de informaci¨®n mediante decisi¨®n administrativa. La medida va mucho m¨¢s all¨¢ de lo que hacen el resto de los pa¨ªses de la Comunidad Europea".

La respuesta de bancos y cajas de ahorro es similar a las campa?as realizadas por el sector financiero en 1986, 1988 y 1990, cuando Hacienda ampli¨® los campos de acci¨®n de la inspecci¨®n, emprendi¨® una ofensiva contra las p¨®lizas de seguro de prima ¨²nica y finalmente cuando autoriz¨® el embargo de cuentas bancarias por deudas con el Estado.