El caso del hotel Sarri¨¤ de Barcelona

La decisi¨®n del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de anular el plan urban¨ªstico que autoriz¨® la construcci¨®n de las torres de KIO, por sobrepasar los l¨ªmites de edificabilidad legalmente previstos, tiene cierto paralelismo con lo sucedido a finales de los a?os setenta con el hotel Sarri¨¤ de Barcelona, actualmente propiedad de la cadena Sol.La semejanza entre ambos casos -a pesar de las diferencias que los separan- podr¨ªa devenir en precedente en caso de que los tribunales decidieran, en un futuro, ordenar el derribo parcial de las citadas torres.

El hotel Sarri¨¤ de Barcelona, abierto en 1975, se benefici¨® en aquella ¨¦poca de una disposici¨®n municipal que permit¨ªa a los promotores de hoteles de cuatro y cinco estrellas construir un volumen de edificaci¨®n un 40% superior al asignado por la normativa urban¨ªstica vigente. La citada disposici¨®n, recogida en las ordenanzas municipales de edificaci¨®n de la ¨¦poca, hab¨ªa sido aprobada en 1971 por el Ayuntamiento de Barcelona, presidido entonces por el alcalde Jos¨¦ Mar¨ªa de Porcioles.

4.428 metros a derribar

La licencia concedida al hotel Sarri¨¤ acogi¨¦ndose a esta norma fue recurrida posteriormente por un grupo de ciudadanos. La Audiencia Territorial de Barcelona primero (en 1975) y el Tribunal Supremo despu¨¦s (en 1976) consideraron ilegal la normativa municipal y ordenaron el derribo parcial del hotel. En 1978, la Audiencia fij¨® en 4.428 metros cuadrados la superficie a derribar, y dio un plazo de 30 d¨ªas para ejecutarla orden.

A partir de aqu¨ª, el Ayuntamiento -presidido entonces por Josep Mar¨ªa Soc¨ªas Humbert- inici¨® los preparativos t¨¦cnicos y administrativos para cumplir la sentencia. Sin embargo, y antes de que se produjera el derribo, se produjeron dos hechos que cambiar¨ªan la situaci¨®n: la elecci¨®n, en 1979, del primer consistorio democr¨¢tico y la venta del hotel por parte de los antiguos propietarios -la sociedad Valera, SA, controlada por Antonio van der Walle, amigo personal del entonces presidente del Gobierno, Adolfo Su¨¢rez- a la empresa p¨²blica Entursa, dependiente del Instituto Nacional de Industria (INI).

Este nuevo escenario propici¨® un acuerdo entre el Ayuntamiento y los nuevos propietarios del hotel, seg¨²n el cual estos ¨²ltimos evitaban el derribo pagando una indemnizaci¨®n de 70 millones de pesetas a la ciudad. Este dinero ser¨ªa destinado posteriormente a la adquisici¨®n de dos fincas pr¨®ximas para construir un centro c¨ªvico municipal y una zona verde.

El acuerdo entre ambas partes fue refrendado oficialmente en 1983 por la autoridad urban¨ªstica -la hoy inexistente Corporaci¨®n Metropolitana de Barcelona-, que declar¨® de "inter¨¦s p¨²blico" la conservaci¨®n del edificio del hotel. Este pronunciamiento fue aceptado por los tribunales y la orden de derribo qued¨® finalmente sin efecto.