Tres polic¨ªas ser¨¢n juzgados por 'retener' a un sospechoso porque no llevaba DNI

Miguel ?ngel Montes Mart¨ªn y Jos¨¦ Luis Primola Mart¨ªnez, agentes del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, junto con el inspector Amancio Santos ?lvarez, ser¨¢n juzgados el martes en la Secci¨®n Primera de la Audiencia Provincial de Madrid, acusados de detenci¨®n ilegal, actuaci¨®n contra el ejercicio de los derechos c¨ªvicos y torturas causadas hace cinco a?os a Rafael Torres S¨¢nchez. Seg¨²n Luis Vicario, ahogado de ¨¦ste, "la polic¨ªa le someti¨® a lo que entonces llamaba retenci¨®n, que es una figura ilegal, seg¨²n ha reconocido el Tribunal Constitucional".

El letrado Luis Vicario Trevi?o, que act¨²a como acusador particular en representaci¨®n de la Asociaci¨®n contra la Tortura, se?ala que Torres fue reiteradamente golpeado por los polic¨ªas, quienes le ocasionaron heridas que le obligaron a estar 20 d¨ªas de baja m¨¦dica.La acusaci¨®n particular pide para cada uno de los procesados tres a?os de suspensi¨®n por el delito de detenci¨®n ilegal, siete a?os de inhabilitaci¨®n especial por un delito contra el ejercicio de los derechos c¨ªvicos, adem¨¢s de seis meses de arresto mayor y ocho a?os de inhabilitaci¨®n especial por los malos tratos infligidos a la v¨ªctima. Adem¨¢s, Vicario pide una indemnizaci¨®n de casi tres millones de pesetas y que se declare al Estado responsable civil subsidiario. El fiscal acusa tan solo a los dos polic¨ªas b¨¢sicos -no al inspector- y solicita para ellos la imposici¨®n de una pena de dos meses de arresto por las lesiones, un a?o de suspensi¨®n de su cargo por la detenci¨®n ilegal y 100.000 pesetas de indemnizaci¨®n.

El abogado Juan Carlos Fern¨¢ndez considera que sus clientes, Miguel ?ngel Montes y Jos¨¦ Luis Primola, son inocentes y pedir¨¢ para ellos la absoluci¨®n. El letrado hizo hincapi¨¦ en que los hechos se produjeron en, 1986, "en una ¨¦poca que no tiene nada que ver con la actual". Ayer no fue posible localizar a Isabel Mart¨ªnez de Salas, defensora del inspector Amancio Santos.

Rafael Torres S¨¢nchez, ex marinero, que entonces ten¨ªa 28 a?os, se hallaba el 1 de octubre de 1986 en la plaza de Tirso de Molina, en la localidad madrile?a de Getafe. Un polic¨ªa descendi¨® de un coche patrulla y le pidi¨® la documentaci¨®n. Pero Rafael no llevaba encima el DNI, motivo por el que mostr¨® al agente su carn¨¦ de conducir y la cartilla de la Seguridad Social.

El funcionario del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa replic¨® que tales papeles no le satisfac¨ªan, por lo que empez¨® a cachear al sospechoso. Torres se opuso a ser registrado en la plaza p¨²blica, lo que motiv¨® que el agente le esposase y le condujera a la comisar¨ªa.

Agresi¨®n

Seg¨²n la v¨ªctima, nada m¨¢s bajarse del coche patrulla fue agredido por el funcionario que le hab¨ªa arrestado, quien tambi¨¦n le oblig¨® a desnudarse, a hacer flexiones y a apoyarse s¨®lo con los dedos en la pared, manteniendo las piernas abiertas. "A continuaci¨®n, los polic¨ªas acusaron a Rafael de insultos y resistencia a la autoridad, por lo que procedieron a interrogarlo, sin informarle de sus derechos y sin avisar al Colegio de Abogados para proporcionarle asistencia letrada", asegura Vicario. Torres fue puesto despu¨¦s en libertad en la propia comisar¨ªa de Getafe, sin pasar a disposici¨®n del juez de guardia.El abogado Vicario explica: "A Rafael le aplicaron lo que la polic¨ªa denominaba entonces una retenci¨®n, que en realidad es una detenci¨®n ilegal, como se?al¨® hace a?os el Tribunal Constitucional". En efecto, fue puesto en libertad, pero sin que se le informara de sus derechos, sin que fuera reconocido por un m¨¦dico y sin que le asistiera un abogado durante el interrogatorio policial, seg¨²n recuerda el representante de la acusaci¨®n particular.