Espa?a se la juega en Flandes

La posici¨®n espa?ola, y la de los otros miembros de la Comunidad, qued¨® clara en el c¨®nclave de ministros de Asuntos Exteriores celebrado la semana pasada en Noordwijk (Holanda). Claridad no quiere decir acuerdo, sino, en este caso, todo lo contrario. Cierto que a¨²n se celebrar¨¢ otra reuni¨®n de Exteriores y que los propios jefes de Gobierno negociar¨¢n personalmente durante dos d¨ªas en Maastricht. Pero de momento las novedades que trajo. Noordwijk no fueron positivas para Espa?a.El Consejo ofreci¨® modificar varios apartados del art¨ªculo 130 del borrador de tratado. De acuerdo con estas modificaciones, la Comunidad deber¨ªa tener en cuenta la cohesi¨®n "al formular y desarrollar" sus diferentes pol¨ªticas, la Comisi¨®n quedar¨ªa encargada de hacer un seguimiento a este respecto y se dejar¨ªa abierta la posibilidad de crear alg¨²n nuevo fondo para financiar determinados cap¨ªtulos.

Los representantes espa?oles se declararon absolutamente insatisfechos y resumieron su propuesta en tres puntos:

1. Modificaci¨®n de la tasa de cofinanciaci¨®n: actualmente, la CE paga hasta el 50% de determinados proyectos destinados a regiones cuyo desarrollo no llega al 75% de la media comunitaria. Espa?a quiere que la financiaci¨®n comunitaria pueda ser superior (m¨¢s del 80%) y que puedan recibir esa ayuda quienes no alcancen el 80% u 85% de la media de desarrollo, de forma que no queden fueran regiones como Asturias o, incluso, Canarias.

2. No dejar abierta la posibilidad de crear nuevos fondos, sino establecer directamente la creaci¨®n de uno, llamado de convergencia estatal, que tendr¨ªa una duraci¨®n indefinida y no, como han sugerido algunos expertos de la Comisi¨®n, algo destinado a acciones coyunturales y con vida limitada, hasta la creaci¨®n de la moneda ¨²nica. Este fondo, cuya dotaci¨®n se fijar¨ªa en el futuro, no se aplicar¨ªa a regiones determinadas, sino a Estados, y permitir¨ªa financiar proyectos de infraestructuras, telecomunicaciones, equipamiento sanitario o equipamiento educativo, entre otros.

3. Modificaci¨®n del art¨ªculo 200 del borrador, de forma que quede claramente establecido el principio de que los recursos propios de que dispone la CE deben ser obtenidos teniendo en cuenta una cierta progresividad (cuanto m¨¢s tienes, m¨¢s pagas). Es decir, acomodar el sistema "tributario" de la CE, de forma que no sea "insuficiente, ineficiente e injusto", como lo es en la actualidad, a juicio del Gobierno espa?ol.

La propuesta espa?ola no recibi¨® en Noordwijk ning¨²n apoyo. El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca intervino para asegurar que todos eran conscientes de los problemas que se le planteaban a Espa?a, Grecia, Portugal e Irlanda, y defender la posibilidad de crear un fondo especial (no interestatal y no definitivo) para los conflictos concretos que provoque la nueva pol¨ªtica comunitaria de medio ambiente. El ministro belga se?al¨® que las reclamaciones espa?olas podr¨ªan quedar recogidas no en el articulado del tratado, sino en una declaraci¨®n pol¨ªtica en la que se hablara de la necesaria cohesi¨®n y de los medios para garantizarla. Espa?a rechaz¨® ambas posibilidades.

Pocas horas despu¨¦s, Felipe Gonz¨¢lez viaj¨® a Holanda y a Alemania para entrevistarse con el presidente de turno de la CE, Rudd Lubbers, y con el canciller Helmut Kolh. A los dos les transmiti¨® el mismo mensaje: el principio de la cohesi¨®n afecta a los intereses vitales espa?oles.

?Por qu¨¦ es vital? Un documento, interno elaborado por la Secretar¨ªa de Estado para la CE lo resume del siguiente modo: "Si Espa?a corre el riesgo de crecer con menores tasas por haber renunciado a tener una mayor soberan¨ªa sobre la pol¨ªtica monetaria y si se dispone de un menor margen de maniobra respecto al presupuesto nacional, es decir, si no debe aumentar sus inversiones p¨²blicas [dos condiciones exigidas por la Uni¨®n Econ¨®mica y Monetaria], los pa¨ªses m¨¢s desfavorecidos deber¨ªan contar con unas transferencias regulares de recursos que contribuyan de manera razonable al ayudarles a reducir sus distancias con la media comunitaria y a soportar los ajustes a los que estar¨¢n sometidos por su especial situaci¨®n".

A la hora de dise?ar una estrategia para defender esos intereses, el Gobierno espa?ol opt¨® por la frialdad y la credibilidad personal de su presidente. Los brit¨¢nicos tienen fama de flem¨¢ticos, y los espa?oles, de apasionados. La realidad, a la hora de las grandes discusiones, ha sido, por lo menos dentro de la CE, justamente la contraria. El Reino Unido ha actuado con el ardor de Carmen, y Espa?a, con la frialdad de mister Pickwick.

Cuando el Reino Unido constat¨® que exist¨ªa un gran desequilibrio entre lo que pagaba a la Comunidad Europea (CE) y lo que recib¨ªa de ella, Margaret Thatcher organiz¨® un verdadero esc¨¢ndalo. La batalla por el cheque dur¨® dos a?os (1982-1984), que a¨²n se recuerdan en Bruselas con pavor, y fue ganada, con todos los pronunciamientos a favor, por la primera ministra brit¨¢nica, que obtuvo un retorno especial por valor del 66% de su d¨¦ficit (m¨¢s de 130.000 millones de pesetas). Espa?a, se enfrenta exacta mente al mismo problema y hasta el momento no ha desencadenado ning¨²n hurac¨¢n, ni en Bruselas ni en Madrid. Thatcher reclamo, adem¨¢s, el apoyo entusiasta de su opini¨®n p¨²blica para defender su posici¨®n en la CE, mientras que Gonz¨¢lez opta por hacerlo de forma tan discreta que no recurre siquiera a la presi¨®n del Parlamento nacional.

Como siempre que se habla de cosas "aut¨¦nticamente vitales" en la CE de lo que se trata es de un problema de dinero. En concreto: Espa?a aporta el 8% del presupuesto global de la CE; hasta el momento ha conseguido obtener retornos de la Comunidad superiores al monto total pagado, pero si no se modifica el actual borrador del Tratado de Maastricht, a partir de 1993 el saldo ser¨¢ pura y simplemente negativo (ver cuadro 1). Es decir, lo que se discuta en Maastricht afectar¨¢ de forma directa, econ¨®mica y financieramente, al Presupuesto General de Estado.

Se trata, como dice el ministro Solchaga, de un problema "capital, econ¨®mica y pol¨ªticamente". "No lo hemos planteado a nuestros socios en t¨¦rminos de ruptura", afirma, "pero creo que todos son conscientes de la importancia que le atribuimos".

El problema, simplificado, radica en la forma en la que se obtienen los fondos con que se financia la CE y en la forma en la que se reparten de nuevo. En este momento, Espa?a entrega a la Comunidad una parte de lo que recauda sobre la base del IVA y paga la parte que le corresponde en todos los gastos que se aprueben (ayuda a la antigua URSS, subvenciones a los pa¨ªses perjudicados por la guerra del Golfo, etc¨¦tera). Ahora recupera ese dinero, algo incrementado, gracias a la parte que le corresponde en el FEOGA (fondos agr¨ªcolas) y el FEDER (fondos estructurales).

Seg¨²n todos los estudios realizados por los expertos espa?oles, es imposible obtener en el futuro m¨¢s de lo que se obtiene hoy d¨ªa del FEOGA, es decir, un 8% o un 9%. Si prosperan como todo el mundo espera las negociaciones del GATT (un acuerdo que regula las condiciones de comercio en todo el mundo), las subvenciones dedicadas a la agricultura europea sufrir¨¢n un progresivo recorte. Puesto que el dinero no se incrementar¨¢, la ¨²nica forma se-

r¨ªa recortar m¨¢s el apartado dedicado a los agricultores del Norte para destinarlo a los del Sur, pero eso est¨¢ absolutamente descartado por todo el mundo.

En cuanto al dinero procedente del FEDER, tampoco se puede esperar obtener un mayor retorno. En primer lugar, porque la mayor¨ªa de los proyectos que pagan estos fondos requieren una fuerte cofinanciaci¨®n del pa¨ªs interesado, en este caso Espa?a, y de momento no hay nada por el estilo previsto en los presupuestos nacionales. La posibilidad de aumentar el FEDER sustancialmente, de forma que conservando el mismo porcentaje la cantidad retornada a Espa?a sea mayor, es tambi¨¦n dif¨ªcil.

Tal y como se distribuyen ahora, por cada 25 ecus (un ecu vale 128 pesetas) que se dedican a proyectos espa?oles, hay que destinar 38,2 tanto a Grecia como a Portugal e Irlanda, y 19,2 a Italia. Es decir, para aumentar el dinero destinado a Espa?a hay que aumentarlo para otros cuatro pa¨ªses, uno de ellos Italia, que ya est¨¢ desarrollado y al que Alemania, Francia o el propio Reino Unido no desean enviar ni una lira m¨¢s.

Adem¨¢s, hay que tener en cuenta que varias regiones espa?olas, por ejemplo Valencia e incluso Asturias, est¨¢n alcanzando ya el 75% de la renta per c¨¢pita media comunitaria, por lo que se saldr¨ªan de la lista de regiones m¨¢s favorecidas, en la que, por el contrario, han entrado los cinco l?nder de la antigua Alemania Oriental.

Se podr¨ªa decir que la situaci¨®n de Espa?a en la CE es parad¨®jica y que lo ser¨¢ cada vez m¨¢s, como no se remedie. La ¨²nica forma de obtener retornos superiores a nuestra contribuci¨®n ser¨ªa a trav¨¦s de programas y acciones comunitarias como los fondos para la investigaci¨®n o los fondos estructurales, a los que no podemos acceder en mayor grado porque precisamente no tenemos el desarrollo tecnol¨®gico ni el presupuesto nacional necesarios.

En teor¨ªa, la soluci¨®n parece simple: puesto que no hay forma de recibir m¨¢s, paguemos menos. Pero es o equivale realmente a mentar a la bicha en una reuni¨®n de supersticiosos. Plantear en la cumbre de Maastricht la modificaci¨®n del sistema de recursos propios sobre el que se asienta hoy la Comunidad ser¨ªa algo as¨ª como poner una bomba bajo la mesa o soltar una colecci¨®n de v¨ªboras sobre ella. Espa?a ya lo sugiri¨® t¨ªmidamente en 1988 (en forma de un nuevo recurso, o fuente de financiaci¨®n, de car¨¢cter progresivo) y la iniciativa de Solchaga pas¨® como un d¨ªa de lluvia en Bruselas: sin que nadie se sintiera impresionado. En Noordwijk se volvi¨® a la carga sin mejores resultados.

La situaci¨®n ser¨ªa dif¨ªcilmente mantenible si todo quedara como est¨¢ ahora. Pero se convertir¨¢ sin duda en insoportable si el Tratado de Maastriclit no recoge algunas de las peticiones espa?olas.

La nueva uni¨®n europea implica serios sacrificios para un pa¨ªs medio como es Espa?a. Supone transferir competencias (soberan¨ªa o capacidad de decisi¨®n, como se prefiera decir) en sectores que generan mayores gastos tanto en la econom¨ªa p¨²blica como en la privada. Y adem¨¢s, en muchos casos, renunciar al derecho de veto y someterse a la voluntad de la mayor¨ªa (por muy cualificada que sea). En concreto, materias como medio ambiente, asuntos sociales, consumo o sanidad, que se decidir¨ªan por mayor¨ªa, generan siempre fuertes obligaciones financieras, tanto para el Estado como para las diferentes administraciones p¨²blicas, e incluso para los agentes privados.

Los c¨¢lculos realizados por los diferentes ministerios espa?oles a este respecto son esclarecedores. Seg¨²n Econom¨ªa, la armonizaci¨®n de los salarios m¨ªnimos, sugerida por algunos pa¨ªses, supondr¨ªa a?adir 2,6 billones de pesetas al presupuesto actual de pensiones. Y ello sin contar la repercusi¨®n en el llamado "salario social", que est¨¢ en relaci¨®n con el m¨ªnimo interprofesional.

Gracias a que todo lo relativo a medio ambiente se ha decidido hasta ahora por unanimidad, el Gobierno espa?ol bloque¨® la directiva sobre grandes instalaciones de combusti¨®n que propuso en su d¨ªa la Comisi¨®n Europea. Implicaba para Espa?a una inversi¨®n en 10 a?os de 600.000 millones de pesetas, que tendr¨ªan que haber repercutido en el coste de las tarifas el¨¦ctricas. La propuesta inicial sobre depuradoras de aguas residuales hubiera representado, por su parte, otros 800.000 millones de pesetas.

El borrador de tratado hacia la uni¨®n europea prev¨¦ que a partir de una cierta fecha todas estas decisiones pasen a tomarse por mayor¨ªa cualificada, lo que resultar¨ªa inaceptable para Espa?a. Tan inaceptable como la posibilidad de que sea directamente la Comisi¨®n (o¨ªdo un comit¨¦ de especialistas) la que decida qu¨¦ zonas, sin l¨ªmite alguno, deben ser protegidas por la existencia de especies en peligro. Ello implicar¨ªa, por ejemplo, que no se podr¨ªan construir presas ni carreteras ni complejos fabriles o tur¨ªsticos en dichas zonas sin permiso de Bruselas.

La posici¨®n espa?ola es que estas transferencias de soberan¨ªa (o competencias) generaran gastos "no asumibles ni prioritarios" para la econom¨ªa nacional. Si todos los dem¨¢s pa¨ªses est¨¢n dispuestos a hacer "comunitarias" estas pol¨ªticas, deber¨ªa exigirse, al menos, que se aprueben los fondos necesarios para financiar, tambi¨¦n comunitariamente, cada proyecto o decisi¨®n.

Hasta ahora, el borrador de tratado no ha contemplado esa posibilidad. La CE s¨®lo prev¨¦, de momento, apoyo financiero excepcional por dificultades econ¨®micas temporales, del tipo de las ayudas que concede el Fondo Monetario Internacional. Nada sobre compensaci¨®n por razones estructurales.

A s¨®lo 20 d¨ªas de la cumbre, no parece f¨¢cil que los otros pa¨ªses comunitarios est¨¦n dispuestos a conceder algo m¨¢s que la modificaci¨®n de la aludida tasa de cofinanciaci¨®n y una vaga declaraci¨®n de intenciones. Pero, como dec¨ªa Westendorp, "las declaraciones no sirven de gran cosa" frente a problemas reales. El Gobierno espa?ol y su presidente, Felipe Gonz¨¢lez, son conscientes de que en Maastricht se juegan algo vital y est¨¢n dispuesto a jugar sus cartas. El problema es que hasta ahora no han exhibido muchos ases. Si la cumbre, agobiada por otros problemas, opta por un tratado de m¨ªnimos, la batalla por "la pica en Flandes" ser¨¢ dolorosa.