Poderes complementarios

Poco despu¨¦s de ser elegido presidente de la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias, Francisco V¨¢zquez, alcalde de La Coru?a, en declaraciones a EL PA?S imputaba la precariedad en la que viven, en su opini¨®n, los ayuntamientos espa?oles al inter¨¦s que el Gobierno central viene prestando a las comunidades aut¨®nomas. Impl¨ªcitamente, sosten¨ªa que el futuro dentro de Europa y del Estado es de los municipios, y no de las nacionalidades o regiones.Entiendo que, al gestionar los recursos p¨²blicos desde una mayor proximidad al ciudadano, las comunidades aut¨®nomas y ayuntamientos viven en un cierto marco de concurrencia, del que se derivan necesariamente puntos de conflicto y, tambi¨¦n, no se olvide, problemas comunes. Sin embargo, como presidente de la Comunidad Aut¨®noma de Arag¨®n, y as¨ª lo afirm¨¦ en el discurso que sirvi¨® para clausurar el V Congreso de la FEMP la semana pasada en Zaragoza, considero viciado cualquier an¨¢lisis que induzca o concluya la incompatibilidad entre estas dos Administraciones p¨²blicas.

Pero, adem¨¢s, las palabras del nuevo presidente de la FEMP me parecen peligrosas, ya que pueden alentar el enfrentamiento entre Administraciones que forman parte de un mismo Estado. Tengo la convicci¨®n de que la autonom¨ªa plena de las nacionalidades y regiones no anula ni limita la autonom¨ªa municipal. Somos poderes complementarios, y nunca excluyentes, de un mismo Estado. Cuando se ha aprovechado cualquier afirmaci¨®n nacionalista para lanzar acusaciones de independentismo, es justo admitir que afirmaciones como las realizadas por este dirigente del municipalismo espa?ol pueden quebrar el clima de respeto y colaboraci¨®n institucional que se propone desde su mismo partido como base de un Estado cooperativo.

Al margen de que, en mi opini¨®n, quienes gobernamos unas u otras instituciones p¨²blicas debemos reducir el componente partidista en nuestra gesti¨®n y en nuestras relaciones sociales e institucionales, considero rechazable que se quiera utilizar a las comunidades aut¨®nomas para plantear, dentro de la pugna interna que vive el PSOE, una nueva cr¨ªtica al ministro Solchaga. De hecho, estas declaraciones pueden dar validez a la opini¨®n de que el sector guerrista se ha hecho fuerte en la FEMP y en el municipalismo. Las instituciones y las relaciones entre las Administraciones p¨²blicas no pueden depender de circunstancias de ese tipo.

Oportunismo

Nosotros, tambi¨¦n, tenemos problemas con el Gobierno central. Pero, en ning¨²n caso, considerar¨ªa v¨¢lido responsabilizar de nuestra dif¨ªcil situaci¨®n a los ayuntamientos. Echar culpas a los dem¨¢s suele ser una manera oportunista de no afrontar los problemas propios. Y, en la situaci¨®n espa?ola actual, si queremos acabar de construir el Estado dise?ado en la Constituci¨®n, creo que debemos seguir otro camino, el de la negociaci¨®n y el di¨¢logo para buscar puntos de encuentro.Carecemos de mecanismos de cooperaci¨®n y solidaridad entre las diversas Administraciones p¨²blicas, compartimos un marco competencial confuso y escaso y apenas disfrutamos del principio de suficiencia financiera. En general, la descentralizaci¨®n del poder pol¨ªtico recogido en la Constituci¨®n de 1978 est¨¢ a¨²n lejos de materializarse en toda su plenitud. Desde los ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas venimos sufriendo en carne propia hasta qu¨¦ punto es importante que esos principios pol¨ªticos recogidos en la Constituci¨®n y en las leyes acaben plasm¨¢ndose en realidades concretas.

Aunque pudiera pensarse que me mueven intereses particulares, quiero dejar claro que, en mi opini¨®n, acabar de modelar el Estado se ha convertido ya en un reto de modernidad para Espa?a y en una exigencia de competitividad. ante la Europa de 1993. Si no queremos poner en peligro la credibilidad social de los poderes p¨²blicos, me parece imprescindible lograr que el aparato institucional y administrativo del Estado ofrezca la misma competitividad que demandamos al sistema productivo espa?ol.

Y, en ese sentido, el Estado que necesitamos no exige la eliminaci¨®n de ninguna de sus Administraciones p¨²blicas ni la confrontaci¨®n entre ellas. S¨ª que nos obliga a ajustar al m¨¢ximo los diversos campos competenciales, a crear mecanismos de coordinaci¨®n que sean operativos y a contar con una suficiencia financiera que nos permita prestar servicios de calidad suficiente a los ciudadanos.

Me atrevo a afirmar que la financiaci¨®n es el aut¨¦ntico term¨®metro de la descentralizaci¨®n pol¨ªtica. La autonom¨ªa de los municipios, consagrada en el art¨ªculo 140 de la Constituci¨®n, quedar¨¢ en un puro enunciado, si no se cumple el art¨ªculo 142 de la Carta Magna, de forma que las haciendas locales puedan disponer de los medios suficientes para desempe?ar las funciones que la ley atribuye a las corporaciones locales. La articulaci¨®n auton¨®mica del Estado quedar¨¢ en entredicho, salvo que se garantice un sistema de financiaci¨®n que permita traducir en gesti¨®n concreta la te¨®rica capacidad de decisi¨®n de las comunidades aut¨®nomas.

Sentido de Estado

Pero, m¨¢s que convertir este problema en enfrentamiento institucional, a todos nos corresponde realizar un esfuerzo de di¨¢logo para intentar llegar a acuerdos positivos. Es cierto que desde las comunidades aut¨®nomas y desde los ayuntamientos esperamos que el Gobierno central sea el primero en estas pautas de conducta, imprescindibles para generar un clima de confianza entre las tres Administraciones.Desde esa misma filosof¨ªa pol¨ªtica, creo que estamos obligados a dirimir las diferencias que se est¨¢n produciendo, combinando la defensa de los propios intereses con un sentido de Estado. Y sorprende que, cuando se aprovecha cualquier reivindicaci¨®n de l¨ªderes de partidos territoriales para lanzar acusaciones de insolidaridad, esa l¨ªnea de actuaci¨®n no sea asumida por dirigentes institucionales, como el nuevo presidente de la FEMP, que pertenecen al partido con mayores responsabilidades de Gobierno dentro de Espa?a.

Con demasiada frecuencia se olvida la atenci¨®n pol¨ªtica y econ¨®mica que las comunidades aut¨®nomas venimos prestando a los ayuntamientos. Sin pretender poner a Arag¨®n como ejemplo, no puedo dejar de recordar que estamos trabajando en la configuraci¨®n de un Fondo Auton¨®mico de Cooperaci¨®n con las Haciendas Locales que se compondr¨ªa de transferencias corrientes incondicionadas, a modo de participaci¨®n de los ayuntamientos en los ingresos de la comunidad aut¨®noma.

De ah¨ª que, al margen de la valoraci¨®n pol¨ªtica que me merece, me sienta decepcionado cuando desde la m¨¢xima responsabilidad de la FEMP y desde una parte del PSOE se alimenta una competencia in¨²til entre ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas, no s¨®lo dentro del Estado, sino tambi¨¦n en el contexto de la nueva uni¨®n pol¨ªtica europea. Ni desde los m¨¢s marcados intereses partidistas puede entenderse que se defienda una Europa de los Estados y de los municipios, mientras se niega la viabilidad y el sentido a una Europa de las nacionalidades y regiones.

Igual que sucede con la financiaci¨®n, ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas necesitamos participar en la construcci¨®n europea, de manera que ¨¦sta no sea privilegio exclusivo de los Gobiernos centrales. El modelo alem¨¢n demuestra c¨®mo, en Estados descentralizados, puede darse participaci¨®n a los dem¨¢s poderes p¨²blicos. Por eso, considero un error plantear tambi¨¦n este debate desde la incompatibilidad de ambas Administraciones o, incluso, excluyendo en ese futuro a las comunidades aut¨®nomas.

A veces, la historia clarifica muchas cosas. Creo que ni el propio presidente de la FEMP se atrever¨ªa a negarme la evidencia de que la configuraci¨®n de Espa?a como Estado se articul¨® a trav¨¦s de pueblos y entidades pol¨ªticas nacionales o regionales, como la Corona de Arag¨®n y Catalu?a, no de ciudades. Y la propia identidad cultural europea se ha ido construyendo a trav¨¦s de componentes nacionales, de unidades culturales que superan desde hace siglos, incluso, las barreras de los Estados.