Los familiares de los 82 muertos en Alcal¨¢ 20 no han recibido ni un duro de indemnizaci¨®n

Un total de 78 personas murieron atrapadas en el incendio de la discoteca Alcal¨¢ 20, en Madrid, en la madrugada del 17 de diciembre de 1983, hace justamente ocho a?os. En los d¨ªas sucesivos, la cifra de fallecidos lleg¨® a 82. El fuego caus¨® adem¨¢s 25 heridos que se salvaron de la muerte en medio de una densa humareda y a trav¨¦s de una encrucijada de escaleras, pasillos y salidas. Ocho a?os despu¨¦s, 29 personas siguen incapacitadas como consecuencia de aquel desastre. El juicio no se ha celebrado, y los afectados aspiran a ser indemnizados antes de que se dicte sentencia. Despu¨¦s de muchas peticiones no han recibido ni un duro de la Administraci¨®n. Los familiares se concentrar¨¢n hoy en el lugar del suceso.La pelea de las familias va por dos v¨ªas, seg¨²n el abogado de los parientes de 58 fallecidos, Antonio Garc¨ªa-Pablos. Por un lado, el proceso legal, que decidir¨¢ si hubo imprudencia de los due?os de la discoteca y de la Administraci¨®n (central y local). Por otro, su aspiraci¨®n a ser indemnizados por los poderes p¨²blicos antes de que se celebre el juicio.

La secci¨®n sexta de la Audiencia de Madrid abri¨® juicio oral contra los procesados en el sumario en mayo de este a?o. Entre ellos Figuran, acusados de imprudencia temeraria, el ex concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid Emilio Garc¨ªa Horcajo, los cinco empresarios de la

discoteca, el arquitecto, el aparejador y el decorador del local -abierto tras ser reformado tres meses antes del incendio- y un funcionario del Ministerio del Interior. El Ayuntamiento no inspeccion¨® Alcal¨¢ 20 en el mes de octubre, y aleg¨® despu¨¦s que "la puerta estaba cerrada".

Seg¨²n Garc¨ªa-Pablos, el 13 de enero termina el plazo para que presenten sus conclusiones provisionales el fiscal y los acusadores particulares.

Derechos

El camino legal, retrasado, en palabras de Garc¨ªa-Pablos, "por todos los recursos presentados por los procesados a lo largo de estos a?os", sigue su camino. El problema de las indemnizaciones es m¨¢s complejo. "Los familiares de las v¨ªctimas tienen el derecho a ser indemnizados por los poderes p¨²blicos, ya que la tragedia fue consecuencia del funcionamiento de los servicios p¨²blicos", se?ala Garc¨ªa-Pablos.

Los poderes, en este caso, son el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio del Interior, que mantuvieron conversaciones con el abogado hace casi dos a?os para indemnizar a las v¨ªctimas antes del juicio. El secretarlo general t¨¦cnico del Ministerio del Interior, V¨ªctor Moreno, dec¨ªa, el 28 de diciembre de 1989, tras la entrevista con Garc¨ªa-Pablos, que se pedir¨ªa con urgencia un dictamen preceptivo del Consejo de Estado para que pudieran resolverse las indemnizaciones en el plazo de un mes.

Dos a?os despu¨¦s nada est¨¢ firmado. Un portavoz de Interior asegur¨® ayer que el dictamen del Consejo de Estado no se pidi¨® nunca. "Cuando se empez¨® a estudiar se vio la complejidad jur¨ªdica del tema, del hecho de indemnizar a los afectados antes de que exista una sentencia firme", dijo este portavoz.

Garc¨ªa-Pablos asegura que se ha dirigido hace unos d¨ªas al ministro del Interior, Jos¨¦ Luis Corcuera, para pedir que los afectados sean indemnizados a fecha de hoy, cuando se cumplen ocho a?os del incendio. En la carta enviada al ministro con fecha del 11 de diciembre, Garc¨ªa-Pablos invoca los precedentes de los afectados de Ortuella y el incendio de Almacenes Arias, "que percibieron indemnizaciones sin llegar a sentencia". En Ortuella (Vizcaya), una explosi¨®n de gas propano ocurrida en la escuela del pueblo mat¨® a 48 ni?os de entre cinco y 10 a?os. Otras 45 personas resultaron heridas. Garc¨ªa-Pablos explica que ha llegado a un acuerdo verbal con el abogado del Estado por el que se indemnizar¨ªa a las v¨ªctimas con 13,5 millones de pesetas.