Un fot¨®grafo sobre el asfalto

HOY HACE dos a?os que el joven fot¨®grafo espa?ol Juantxu Rodr¨ªguez, colaborador de EL PA?S, ca¨ªa abatido por las balas de los soldados norteamericanos que, en violaci¨®n de las normas del derecho internacional, acababan de invadir Panam¨¢. En este tiempo, las autoridades norteamericanas se han negado en redondo a investigar una muerte que de ning¨²n modo puede considerarse como una acci¨®n de guerra. En la muerte del fot¨®grafo espa?ol concurrieron circunstancias que hacen plantearse los m¨¢s diversos interrogantes, puesto que quienes dispararon sab¨ªan que no lo hac¨ªan contra soldados paname?os, de los que no hab¨ªa ni rastro en el entorno, sino contra un grupo de fot¨®grafos de prensa plenamente identificados.La inmunidad con que las leyes norteamericanas amparan a su Ej¨¦rcito frente a cualquier reclamacion penal o civil relacionada con sus incursiones b¨¦licas fuera de las fronteras estadounidenses adquiere en la muerte injustificada de Juantxu Rodr¨ªguez los rasgos de la m¨¢s sangrante impunidad. Consentir esa injusticia equivaldr¨ªa a aceptar que la fuerza y la arbitariedad sean los principios rectores del orden jur¨ªdico internacional.

Pero no s¨®lo no ha habido investigaci¨®n y, por ende, posibilidad alguna de castigar a los autores de la muerte de Juantxu Rodr¨ªguez. Las autoridades norteamericanas tampoco han accedido a otorgar reparaci¨®n econ¨®mica alguna a los familiares del fot¨®grafo espa?ol. Si la muerte de Juantxu Rodr¨ªguez fue al menos un tr¨¢gico error, como reconoci¨® en su momento la revista Time, lo coherente hubiera sido que el Ej¨¦rcito norteamericano u otra instancia oficial hubieran respondido de su comisi¨®n con una indemnizaci¨®n adecuada. La ¨²nica v¨ªa que queda abierta ahora es la reclamaci¨®n oficial del Gobierno espa?ol al de EE UU. Ya no hay motivo para que el Gobierno espa?ol se inhiba de actuar diplom¨¢ticamente en el caso, una vez que se ha agotado la v¨ªa interna dala justicia norteamericana. Aunque estuviera condenada al fracaso, tal iniciativa es legal y moralmente obligada. El Estado espa?ol no puede permanecer pasivo cuando se atenta contra los derechos e intereses leg¨ªtimos de sus ciudadanos. Dos a?os despu¨¦s seguimos recordando a Juantxu.