El Defensor del Pueblo dice que los enfermos mentales "no son tratados, sino almacenados"
"Un cuarto de aislamiento de dimensiones reducidas. Una cama. Una ventana sin cristales y con rejas. En una esquina de la habitaci¨®n hay un recipiente met¨¢lico que el usuario utiliza como inodoro. El enfermo permanec¨ªa desde hace un a?o en dicho cuarto, de donde ¨²nicamente sal¨ªa para comer, ba?arse, afeitarse y cuando acud¨ªan sus familiares". Este ejemplo real del hospital psiqui¨¢trico de El Puerto de Santa Mar¨ªa (C¨¢diz) es uno de los exponentes de la Espa?a negra que todav¨ªa existe en 1991 y que acaba de ser denunciado como "caso sobrecogedor" por el Defensor del Pueblo, ?lvaro Gil Robles, en su informe sobre La situaci¨®n jur¨ªdica y asistencial del enfermo mental en Espa?a. Gil Robles ha se?alado que muchos enfermos mentales est¨¢n "almacenados", cuando deber¨ªan ser "tratados y rehabilitados".
Despu¨¦s de haber analizado durante los 17 ¨²ltimos meses 20 de los 51 centros psiqui¨¢tricos del sector p¨²blico, tanto estatal como auton¨®mico, el Defensor del Pueblo ha llegado a la conclusi¨®n de que la falta de centros alternativos al cierre progresivo de los antiguos centros psiqui¨¢tricos est¨¢ provocando que muchos enfermos tengan que permanecer con sus familias o en la calle. Por otra parte, a muchos de ellos que no deber¨ªan estar en un centro especial se les aplica el concepto de "almacenamiento" y no el de tratamiento curativo.En el informe se revela que en Espa?a existen entre 23.000 y 24.000 personas consideradas como enfermas mentales internadas en centros p¨²blicos y privados concertados. La inspecci¨®n y recogida de datos del Defensor del Pueblo se hizo ¨²nicamente sobre los centros p¨²blicos, en los que tiene competencias, pero se ha pedido a la Administraci¨®n que inspeccione los centros psiqui¨¢tricos privados con el fin de conocer su situaci¨®n.
Nuevo modelo
Para Gil Robles, que hizo p¨²blico ayer el informe de 706 p¨¢ginas sobre la situaci¨®n de los enfermos mentales en Espa?a, el cambio de modelo de asistencia psiqui¨¢trica que propugn¨® la Ley General de Sanidad, de 1986, no se est¨¢ realizando corno es debido, "de tal forma que desaparecen los centros psiqui¨¢tricos espec¨ªficos, pero no se crean alternativas reales". Desde 1978 a 1991 se han cerrado 17 centros psiqui¨¢tricos, con una reducci¨®n de 18.860 camas.
El Defensor del Pueblo pidi¨®, en este sentido, que no se cierren m¨¢s centros mientras no exista una red alternativa de asistencia integrada en la sanidad general. Hasta ahora, las redes alternativas que se han creado no son satisfactorias en la mayor parte de las comunidades aut¨®nomas a excepci¨®n de Andaluc¨ªa, Navarra, Pa¨ªs Vasco y Valencia.
Seg¨²n se recoge en el informe, en el que se detalla la situaci¨®n hospital por hospital, la mayor parte de la poblaci¨®n recluida en los centros psiqui¨¢tricos es de avanzada edad. En m¨¢s del 50% de estos centros supera los 65. Adem¨¢s sufren largos periodos de internamiento sin que se produzca rehabilitaci¨®n alguna, "con lo que se quiebra el principio de rehabilitaci¨®n y reinserci¨®n que inspir¨® la reforma psiqui¨¢trica". Para el Defensor del Pueblo, muchas de las personas internadas en estos centros no deber¨ªan estar ah¨ª, ya que no son enfermos, sino deficientes mentales". "Hemos detectado que aproximadamente un 25% de los internos", a?adi¨® Gil Robles, "no deber¨ªa estar donde est¨¢. Por otra parte, existen personas que no est¨¢n identificadas, por lo que no pueden gozar de beneficios sociales como la pensi¨®n de jubilaci¨®n".
El estudio revela que las unidades psiqui¨¢tricas de los hospitales se encuentran en buenas condiciones, aunque su personal est¨¢ sometido a una gran presi¨®n. Se denuncia, no obstante, una deficiencia asistencial, ya que muchos de los centros especializados no tienen ni siquiera psiquiatra, y en otros centros s¨®lo hay uno, que adem¨¢s suele ser el director.
Mayor control judicial
J. F. B. El Defensor del Pueblo ha denunciado que en el hospital psiqui¨¢trico de B¨¦tera (Valencia) hay personas cuyo internamiento ha sido judicialmente denegado, pero que permanecen desde hace varios a?os en el hospital ante la ausencia de una soluci¨®n alternativa.
Peor fue todav¨ªa otro cas¨® denunciado por, ?lvaro Gil Robles, aunque no di¨® el nombre: una persona fue internada de forma involuntaria en 1928 y muri¨® en el mismo centro 60 a?os m¨¢s tarde sin que nadie hubiera revisado su caso.
?stas y otras situaciones que rodean a los enfermos mentales espa?oles afectan a los derechos fundamentales de las personas. El Defensor del Pueblo considera que el internamiento psiqui¨¢trico debe ser excepcional y con control judicial, tal y como recomiendan el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Consejo de Europa.
Antes de que comenzara la reforma psiqui¨¢trica espa?ola, el internamiento y su desarrollo pod¨ªan realizarse sin control del juez, pero ahora es necesario que el juez tenga conocimiento de ello y tambi¨¦n de los tratamientos agresivos que se apliquen al paciente, tales como el electrochoque, ataduras, camisas de fuerza, habitaciones de aislamiento y otros.
"En el tema del control del juez existen much¨ªsimas lagunas legales", se?ala Gil Robles. "Por ejemplo, en el ¨¢mbito civil falta control judicial sobre el internamiento de los menores de edad (un padre puede ingresar a su hijo en un establecimiento psiqui¨¢trico sin control alguno del juez), el tratatamiento agresivo y el seguimiento de los casos. Por eso hemos pedido que se revisen todos los internamientos involuntarios hasta 1983".
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