La fiscal¨ªa sevillana pide al juez M¨¢rquez que abra juicio oral contra Juan Guerra por delito fiscal

La Fiscal¨ªa de Sevilla remitir¨¢ esta semana un dictamen al juez ?ngel M¨¢rquez en el que solicita la apertura de juicios orales por varios de los delitos investigados en el caso Juan Guerra. La fiscal¨ªa estima que ya hay "elementos suficientes" para abrir juicio por delito fiscal contra Juan Guerra y sus socios; por prevaricaci¨®n y maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas en la venta de terrenos de Ensidesa y por las irregularidades observadas en la concesi¨®n de licencias para m¨¢quinas tragaperras.

Seg¨²n las conclusiones de la Fiscal¨ªa de Sevilla, no existen motivos para retrasar a¨²n m¨¢s la apertura de juicio oral en determinados asuntos. Entre ellos, la fiscal¨ªa estima que la instrucci¨®n est¨¢ completa y que se han detectado indicios delictivos de fraude fiscal en la actividad de Juan Guerra y sus socios durante los a?os 1988 y 1989, y en las empresas Corral de la Parra SA y Fracosur. Asimismo, est¨¢ creditado el delito de falsedad en documentos p¨²blicos en estas empresas.El juez ?ngel M¨¢rquez impuso el 1 de febrero de 1991 fianzas por valor de 1.025 millones a Juan Guerra, Juan Jos¨¦ Arenas Casas y Francisco Javier L¨®pez Mart¨ªn por delitos de fraude a la Hacienda P¨²blica. A Juan Guerra los informes realizados por Hacienda le atribuyen la defraudaci¨®n de 48.865.036 pesetas.

La fiscal¨ªa pide tambi¨¦n la apertura de Juicio oral por delitos de prevaricaci¨®n. y maquinaci¨®n para alterar en precio de las cosas por la compra-venta de terrenos en la localidad sevillana de Alcal¨¢ de Guadaira. Los terrenos, propiedad de la empresa p¨²blica Ensidesa, fueron vendidos a Cimpa -una empresa participada por Juan Guerra- despu¨¦s de que el Ayuntamiento rechazara su recalificaci¨®n urban¨ªstica. Posteriormente, una vez que Cimpa los adquiri¨®, la corporaci¨®n municipal estableci¨® un acuerdo para su recalificaci¨®n. En este asunto est¨¢n implicados varios concejales socialistas.

Igualmente, la fiscal¨ªa pide que se concluya la instrucci¨®n de la llamada Trama de las Tragaperras, por la que est¨¢n en libertad bajo fianza el ex delegado de Gobernaci¨®n de la Junta Francisco Morillo y el empresario Manuel Mora.

La fiscal¨ªa pedir¨¢ tambi¨¦n que se remita a Altea (Alicante), para su investigaci¨®n en el ¨®rgano judicial correspondiente, el asunto relativo a la urbanizaci¨®n Bah¨ªa Real, en la que no se ha demostrado la participaci¨®n de Juan Guerra, aunque s¨ª irregularidades urban¨ªsticas.

Malversaci¨®n de fondos

De otro lado, los magistrados de la sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) se reunir¨¢n hoy para deliberar sobre las actuaciones a seguir en las diligencias abiertas contra los aforados Tom¨¢s Azor¨ªn y Leocadio Mar¨ªn y contra el delegado del Gobierno en Andaluc¨ªa, Alfonso Garrido, y el ex secretario de Alfonso Guerra, Rafael Delgado, imputados de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y prevaricaci¨®n por su presumible vinculaci¨®n en el caso Juan Guerra. El tribunal debe decidir sobre la petici¨®n de la fiscal¨ªa y de la defensa de los implicados, que han solicitado el archivo del caso, informa

Fuentes del alto tribunal andaluz confirmaron, ayer a este peri¨®dico que la deliberaci¨®n se realizar¨¢ esta ma?ana, aunque mostraron, sus reservas acerca de que sea factible llegar a un acuerdo hoy mismo. Las mismas fuentes apuntaron la posibilidad de la existencia de "alg¨²n problema procesal" que eludieron explicar.

La sala se pronunciar¨¢ sobre el informe emitido el pasado viernes por el fiscal jefe del TSJA, Luis Portero, quien, en la misma l¨ªnea planteada por el defensor de los cuatro imputados, Alfonso Mart¨ªnez del Hoyo, ha solicitado el archivo de las actuaciones contra esos pol¨ªticos al entender que no ha quedado probada la responsabilidad criminal de ninguno de ellos con respecto al uso de un despacho oficial por parte de Juan Guerra.

El dictamen de Portero se apoya en la convicci¨®n de que, de las declaraciones aportadas por los aforados al juez ?ngel M¨¢rquez, es "imposible" concluir que ¨¦stos tuvieran conocimiento "claro y determinante" de que en el despacho de la delegaci¨®n del Gobierno en Andaluc¨ªa, Juan Guerra realizase actividades presuntamente ileg¨ªtimas y diferentes de las que motivaron su apertura.

El fiscal de Sevilla, Alfredo Flores, coment¨® que la decisi¨®n que tome la sala del TSJA " puede cerrar el curso judicial del caso, aunque seguro que el curso pol¨ªtico seguir¨¢ abierto".

La sala estar¨¢ formada por el presidente del TSJA, Juan Ignacio P¨¦rez Alf¨¦rez -quien recientemente ha mostrado su convicci¨®n de que cualquier resoluci¨®n que se adopte ser¨¢ objeto de pol¨¦mica- el magistrado Juan Jos¨¦ Ruiz Rico -instructor de la parte del caso relacionada con Comasa- y por el magistrado Federico L¨¢zaro Guil, de la sala de lo Contencioso. El magistrado Jos¨¦ Cano Barrero no participar¨¢ al ser el instructor de las diligencias sobre el despacho oficial.