Detenidos un funcionario de Trabajo y otros dos empresarios de la red de 'piratas' inform¨¢ticos

Un funcionario de Trabajo, C. A. A., y otros dos empresarios de? sector de la inform¨¢tica, Javier Jim¨¦nez Sacrist¨¢n y Jos¨¦ Mar¨ªa Rodr¨ªguez Men¨¦ndez, fueron detenidos ayer en relaci¨®n con la red de venta de datos inform¨¢ticos que investiga la polic¨ªa. Estos ¨²ltimos est¨¢n acusados de comercializar los censos, completos de Madrid y otras cuatro capitales. Las diligencias pasar¨¢n a un juzgado de M¨®stoles, dado que los delitos no son competencia de la Audiencia Nacional.

Los dos empresarios detenidos ayer son responsables del Centro de Inform¨¢tica "Tres Cantos", situado en el n¨²mero 14 de la calle de Embarcaciones, en la citada localidad madrile?a y, seg¨²n informaciones policiales, comercializaron ilegalmente los censos completos de poblaci¨®n de Madrid, Ciudad Real, Cuenca, Palencia y el del municipio madrile?o de Colmenar Viejo.Los detenidos se encontraban anoche prestando declaraci¨®n en el complejo policial de la carretera de Canillas ante los polic¨ªas del Servicio Central de Polic¨ªa Judicial. Jim¨¦nez y Rodr¨ªguez est¨¢n acusados de haber vendido' presuntamente los censos de Madrid y otras capitales a Rosa Mar¨ªa ?lvarez Cant¨® Obreg¨®n, propietaria de una peque?a empresa radicada en la calle de Quejigo, en la lujosa urbanizaci¨®n madrile?a del Soto de la Moraleja.

El Centro de Inform¨¢tica Tres Cantos consigui¨® hacerse con estos censos aprovechando su condici¨®n de subcontratista de otra empresa que a su vez hab¨ªa obtenido un contrato de los respectivos ayuntamientos para realizar trabajos inform¨¢ticos.

Ayer tarde, la polic¨ªa detuvo en Madrid a un funcionario del centro de proceso de datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Este hecho refuerza los indicios sobre la existencia de un delito de cohecho, del que por ahora s¨®lo se acusa a Joaqu¨ªn Gonz¨¢lez. Fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n reconocieron anoche que hay sospechas contra al menos "cinco o seis funcionarios m¨¢s" que cobraron por suministrar informaci¨®n.

El juez se inhibe

Mientras la operaci¨®n policial contin¨²a, el juez central de delitos monetarios, Miguel Moreiras, resolvi¨® ayer remitir las diligencias al juzgado n¨²mero 2 de M¨®stoles, el cual tramit¨® la primera denuncia contra Joaqu¨ªn Gonz¨¢lez L¨®pez, supuesto cerebro de la red de piratas inform¨¢ticos. La denuncia fue interpuesta en la comisar¨ªa de M¨®stoles el 11 de julio de 1991 contra Publigest, la empresa inform¨¢tica de Gonz¨¢lez L¨®pez.

Antes de inhibirse del asunto, el juez Moreiras estudi¨® un informe de la fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional, seg¨²n el cual los presuntos hechos denunciados (cohecho, revelaci¨®n de secretos y uso p¨²blico de nombre supuesto) "no son susceptibles de incriminaci¨®n con arreglo a ninguno de los supuestos legales en los que es competente la Audiencia Nacional".

La inhibici¨®n del juez Moreiras en favor del juzgado de M¨®stoles ha supuesto un disgusto para los encargados del caso, que en estos momentos est¨¢n pendientes de someter a an¨¢lisis los 2.000 soportes magn¨¦ticos que han sido decomisados. "En ellos hay una aut¨¦ntica bomba, ya que contienen m¨²ltiples datos sobre 21 millones de espa?oles", declar¨® un responsable policial. Sin embargo, este reconoci¨® que hay un vac¨ªo legal que posibilita la existencia de estas redes.

Hasta la fecha, s¨®lo uno de los 10 detenidos ha ingresado en prisi¨®n, en tanto que para otros cinco el juez ha decretado fianzas de entre 25.000 y 1.000.000 de pesetas, otro ha quedado en libertad sin cargos y los tres ¨²ltimos pasan hoy a disposici¨®n judicial.

La ¨²nica persona que ha ingresado en prisi¨®n incondicional hasta ahora es Joaqu¨ªn Gonz¨¢lez L¨®pez, de 55 a?os, propietario de Publigest, en cuyo carn¨¦ de identidad figura la profesi¨®n de ch¨®fer. En otra etapa de su vida trabaj¨® como fot¨®grafo. "Pero entiende mucho de inform¨¢tica", explic¨® un polic¨ªa.

Gonz¨¢lez L¨®pez, que vive en un chal¨¦ de la localidad madrile?a de Las, Rozas, suele ir armado con pistola. Entre los principales clientes de su empresa est¨¢n aseguradoras, entidades bancarias y empresas relacionadas con el ramo de la automoci¨®n.

La actividad inform¨¢tica de Gonz¨¢lez se inici¨® a mediados de los a?os 70, cuando comenz¨® a comprar ordenadores de segunda mano, sobre todo a entidades bancarias. M¨¢s tarde empez¨® a hacer encargos inform¨¢ticos para el Ministerio de Hacienda, debido a que el Estado no dispon¨ªa entonces de la suficiente infraestructura t¨¦cnica para procesar los datos de las declaraciones fiscales. "Gonz¨¢lez: comenz¨® a poner en pr¨¢ctica la t¨¦cnica de realizar el encargo y, adem¨¢s, aprovechar para hacer una copia y qued¨¢rsela en su propio beneficio", declar¨® un mando policial.

Carlos ?lvarez Cant¨® Obreg¨®n, propietario de una empresa sita en la calle de Baeza, est¨¢ considerado como el cerebro de la parte inform¨¢tica de la organizaci¨®n, de la' que presuntamente formaban parte la empresa que Ricardo Alcantara Vega y Alfonso Mart¨ªnez Melguizo poseen en la avenida de Manoteras; y la que Gabriel Usera Gonz¨¢lez, que qued¨® en libertad bajo fianza de 25.000 pesetas, tiene en la localidad madrile?a de El Escorial.