Los socialistas pactan matizaciones a la 'ley Corcuera' para satisfacer a CiU y al Defensor del Pueblo

El Grupo Socialista del Senado introducir¨¢ hoy, durante el debate en el Pleno de la C¨¢mara alta, modificaciones de matiz en los dos art¨ªculos m¨¢s pol¨¦micos de la Ley de Seguridad Ciudadana, tras pactar enmiendas transaccionales con CiU y el PNV. Los socialistas ultimaron ayer las negociaciones con la Minor¨ªa Catalana. No obstante, a pesar de las modificaciones, tanto el Partido Popular como el CDS consideran que el texto sigue siendo inconstitucional. Por la ma?ana, Jos¨¦ Luis Corcuera y ?lvaro Gil-Robles llegaron a un acuerdo para plasmar una redacci¨®n del art¨ªculo 21 de la ley que evite la presentaci¨®n de un recurso de inconstitucionalidad.

La oferta del grupo mayoritario para modificar la ley consiste en informar con periodicidad a la fiscal¨ªa de las retenciones efectuadas para identificaci¨®n de ciudadanos, y en reforzar con el t¨¦rmino "constancia" el "conocimiento fundado", exigido para legitimar la entrada policial en domicilios sin previo mandamiento del juez. Los portavoces del Grupo Socialista manifestaron su confianza en que las modificaciones satisfagan finalmente al Defensor del Pueblo.El titular de esta instituci¨®n, ?lvaro Gil-Roibles, hab¨ªa anunciado a finales de diciembre su disposici¨®n a recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional si no se modifica el art¨ªculo 21. En virtud de la redacci¨®n actual de este art¨ªculo, la polic¨ªa podr¨¢ penetrar sin orden del juez en una casa cuando tenga "conocimiento fundado" de que se est¨¢ perpetrando un delito de narcotr¨¢fico.

Gil-Robles pidi¨® un refuerzo del elemento, de convicci¨®n de la polic¨ªa y apoy¨® la enmienda de la Minor¨ªa Catalana, que propon¨ªa sustituir "conocimiento fundado" por "evidencia". Interior rechaz¨® la modificaci¨®n porque consider¨® que reducir¨ªa la eficacia policial, aunque dio luz verde al PSOE para buscar una nueva f¨®rmula capaz de satisfacer al grupo enmendante.

La modificaci¨®n aceptada en el art¨ªculo 21 consiste en reforzar terminol¨®gicamente el "conocimiento fundado". Ahora se establece que, adem¨¢s, debe llevar a la polic¨ªa "a la constancia" de que se est¨¢ cometiendo o se acaba de cometer un delito de narcotr¨¢fico. La introducci¨®n de este matiz, seg¨²n el PSOE, aumenta las garant¨ªa del ciudadano y permitir¨¢ a los jueces afinar en su tarea de control de las actuaciones policiales.

Respecto al art¨ªculo 20, sobre traslado a dependencias policiales de los ciudadanos que no puedan ser identificados, los senadores del PSOE rechazan tambi¨¦n, la enmienda de CiU, pero aceptan otro cambio pactado. La Minor¨ªa Catalana propon¨ªa comunicar de inmediato al juez cada retenci¨®n realizada en aplicaci¨®n de este art¨ªculo. La enmienda, seg¨²n los ponentes socialistas, equiparar¨ªa con la detenci¨®n lo que no es sino "simple diligencia policial" de identificaci¨®n, y desnaturalizar¨ªa el objeto de la ley.

La f¨®rmula intermedia alcanzada para satisfacer a la Minor¨ªa Catalana consiste en obligar a Interior a remitir peri¨®dicamente "extracto de las diligencias de identificaci¨®n al ministerio fiscal", en vez de informar al juez natural.

Acuerdo con el defensor

Por la ma?ana,Jos¨¦ Luis Corcuera y ?lvaro Gil Robles, llegaron a un acuerdo para plasmar una redacci¨®n del art¨ªculo 21 de la ley de Seguridad Ciudadana que evite la presentaci¨®n de un recurso de inconstitucionalidad por parte de dicha instituci¨®n. La f¨®rmula pactada se cifra en que la polic¨ªa registre domicilios sin mandato judicial cuando tengan "un conocimiento fundado" que lleve a la "constancia" de que se est¨¢ realizando un delito de narcotr¨¢fico.

El t¨¦rmino "constancia" es considerado en medios cercanos al Defensor del Pueblo como plenamente acorde con la Constituci¨®n y equivalentes de los t¨¦rminos m¨¢s cl¨¢sicos de la jurisprudencia espa?ola como evidencia o certeza.

El Defensor del Pueblo, en consecuencia, descarta acudir al Constitucional para solventar las serias inquietudes que le ofrec¨ªa este art¨ªculo de la ley previamente a esta modificaci¨®n de ¨²ltima hora. La flexibilidad mostrada por el ministro del Interior in extremis ante el Defensor del Pueblo, de quien lleg¨® a ironizar Corcuera que quiz¨¢s hab¨ªa anunciado a la portera su intenci¨®n de recurrir la ley, se produce tras una serie de contactos de Gil Robles en los ¨²ltimos meses con el presidente del. Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, y otros altos cargos del Gobierno.

Las gestiones de Gil Robles con el vicepresidente del Gobierno, Narc¨ªs Serra, han tenido como corolario que Corcuera admitiera ayer flexibilizar la redacci¨®n de la ley en este pol¨¦mico punto con vistas a eliminar el riesgo m¨¢s que probable de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Defensor. En medios de esta instituci¨®n no se ocultaba que un recurso siempre ser¨ªa una mala soluci¨®n ya que no impedir¨ªa la aplicaci¨®n de la ley hasta que se produjera el fallo del alto tribunal.

A pesar de las modificaciones introducidas en los art¨ªculos 20 y 21 el PP y el CDS siguen considerando inconstitucional la ley. El CDS, en una nota emitida ayer, manifiesta: "Son incre¨ªbles los esfuerzos del PSOE, CiU y PNV por separarse de lo que claramente establece la Constituci¨®n en su art¨ªculo 18.2, que deja bien claro que s¨®lo el delito flagrante salva la falta de consentimiento del titular o la resoluci¨®n judicial". "Se trata", a?ade la nota, "de reducir el, nivel de garant¨ªas que para los ciudadanos fija la Constituci¨®n".

El Grupo Popular considera que sigue siendo inconstitucional la ley. El portavoz del PP en el Senado, Jos¨¦, Miguel Ort¨ª Bord¨¢s, se mostr¨® "muy esc¨¦ptico sobre las posibilidades de encaje de. esta f¨®rmula con el texto constitucional y concluy¨®: "Si la ley que finalmente aprueben las cortes no se corresponde con los art¨ªculos 17 y 18 de la Constituci¨®n, recurriremos ante el Constitucional".