El PSOE conf¨ªa en que no prospere un recurso contra la "ley Corcuera"

El Grupo Socialista del Senado dio ayer por hecho que la Ley de Seguridad Ciudadana llegar¨¢ al Tribunal Constitucional, pero se mostr¨® convencido de que el recurso no prosperar¨¢, seg¨²n explic¨® el senador Joaqu¨ªn Gal¨¢n en su defensa del proyecto. La ley qued¨® aprobada por la C¨¢mara Alta con las matizaciones pactadas con CiU y el PNV y alguna enmienda t¨¦cnica m¨¢s. El ministro del Interior, Jos¨¦ Luis Corcuera, consider¨® "probablemente leg¨ªtimas", las discrepancias.

Corcuera, quien ha acusado reiteradamente a los opositores a la ley de creerse en posesi¨®n de la verdad por presumir su inconstitucionalidad, hizo gala de displicencia hacia quienes rechazan el proyecto. El ministro dijo que los socialistas han realizado un esfuerzo al pactar enmiendas con los nacionalistas catalanes y vascos y a?adi¨® que la nueva redacci¨®n, de los art¨ªculos 20 y 21 deber¨ªa servir para superar las reticencias, "probablemente leg¨ªtimas", que a¨²n puedan existir. Corcuera reafirm¨® su convicci¨®n de que el proyecto era plenamente constitucional tal y como sali¨® del Congreso. Preguntado si la matizaci¨®n del art¨ªculo 21 ha logrado superar las dudas del Defensor del Pueblo sobre la constitucionalidad del texto, contest¨®: "Preg¨²ntenselo a ¨¦l. Debe ser ¨¦l quien lo diga".

Los socialistas dan por desactivado, en realidad, el posible recurso del Defensor del Pueblo, tras la negociaci¨®n mantenida para pulir la redacci¨®n de los art¨ªculos m¨¢s conflictivos. Consideran pr¨¢cticamente seguro, en cambio, que la ley Corcuera acabar¨¢ ante ¨¦l Tribunal Constitucional, al mantener el PP su rechazo frontal tras las ¨²ltimas modificaciones.

As¨ª lo hizo ver el senador Gal¨¢n desde la tribuna. Gal¨¢n pidi¨® tranquilidad a los grupos que se oponen a la entrada policial en domicilios sin mandamiento judicial. "Si los supuestos contemplados en el art¨ªculo 21 no son delito flagrante", se?al¨®, "el Tribunal Constitucional les dar¨¢ la raz¨®n, puesto que la Constituci¨®n s¨®lo admite esa excepci¨®n a la inviolabilidad de domicilio". Gal¨¢n se mostr¨® seguro de que el recurso no prosperar¨¢, pero, dijo, "ya lo veremos".

Libro de registro

La ley fue aprobada con los votos a favor de los grupos socialista, CiU y PNV y la oposici¨®n del PP y la mayor¨ªa del Grupo Mixto, incluidos Izquierda Unida y el CDS.

Tras la introducci¨®n de las ¨²ltimas enmiendas, los agentes de polic¨ªa, en el ejercicio de funciones de indagaci¨®n o prevenci¨®n, podr¨¢n requerir la identificaci¨®n de las personas siempre que lo consideren necesario. Si no se logra por cualquier medio, "para impedir la comisi¨®n de un delito o falta o al objeto de sancionar una infracci¨®n", podr¨¢n requerir al ciudadano a acompa?arles a dependencias pr¨®ximas para realizarla. En las dependencias se llevar¨¢ un libro de registro de estas diligencias. El Ministerio del Interior remitir¨¢ peri¨®dicamente a la Fiscal¨ªa extracto de las mismas.

La polic¨ªa, por otra parte, queda legitimada para penetrar en domicilios particulares sin mandamiento judicial cuando tenga "conocimiento fundado que les lleve a la constancia" de que se est¨¢ cometiendo o se acaba de cometer un delito de narcotr¨¢fico, siempre que su presencia sea necesaria para impedir la consumaci¨®n del delito, la hu¨ªda del delincuente o la desaparici¨®n de los efectos o instrumentos. El atestado deber¨¢ ser remitido "sin dilaci¨®n" a la autoridad judicial.

Los esfuerzos de la oposici¨®n para introducir correcciones en el apartado sobre sanciones se estrellaron ante el bloque mayoritario. PP, IU y CDS trataron sin ¨¦xito de reducir el margen de discrecionalidad de la Administraci¨®n, que podr¨¢ imponer multas de hasta 100 millones de pesetas. "La simple desviaci¨®n del trayecto autorizado de una manifestaci¨®n puede ser castigada con 100 millones", asegur¨® el centrista Alberto Dorrego. La oposici¨®n fracas¨® tambi¨¦n en su intento de modificar el art¨ªculo 34, seg¨²n el cual basta para imponer una sanci¨®n multimillonaria la informaci¨®n policial. Los grupos contrarios creen que este art¨ªculo destruye la presunci¨®n de inocencia y obliga al ciudadano a demostrarla.