El compromiso

LA REDUCCI?N de los desequilibrios b¨¢sicos que presenta la econom¨ªa espa?ola, su convergencia con los pa¨ªses centrales de la Comunidad Europea, constituye la gu¨ªa fundamental que ha de orientar la conducci¨®n de la pol¨ªtica econ¨®mica en los pr¨®ximos a?os. El horizonte de la Uni¨®n Econ¨®mica y Monetaria (UEM), la participaci¨®n en el inicio de su tercera y definitiva fase, constituye un objetivo dif¨ªcilmente cuestionable. Antes de partir para la cumbre de Maastricht, el presidente del Gobierno recibi¨® del Parlamento espa-, ?ol un respaldo global a sus demandas para reforzar la solidaridad de los pa¨ªses comunitarios m¨¢s desarrollados con los m¨¢s pobres, concretadas a trav¨¦s del fondo de cohesi¨®n. Reclamaci¨®n tanto m¨¢s razonable cuanto que esas diferencias intracom unitarias de riqueza que se pretenden acortar act¨²an a su vez como importantes obst¨¢culos en la homologaci¨®n de las condiciones de competitividad que distinguen a unas y otras econom¨ªas. Ahora bien, la autoridad de los argumentos en que esas peticiones descansan obliga a hacer expl¨ªcitos los esfuerzos nacionales destinados a reducir esos desequilibrios: a satisfacer las condiciones de convergencia acordadas en esa cumbre.No otro ha de ser el prop¨®sito del programa espec¨ªfico que, al igual que el resto de los Gobiernos, ha de presentar el espa?ol pr¨®ximamente en Bruselas. Los pa¨ªses que traten de subir al tren de la UEM deben satisfacer al t¨¦rmino de 1996 cuatro condiciones, adem¨¢s de acoger la banda estrecha de fluctuaci¨®n del Sistema Monetario Europeo: una diferencia m¨¢xima de inflaci¨®n de 1,5 puntos por encima de los tres pa¨ªses que tengan un ¨ªndice de precios al consumo (IPC) m¨¢s bajo, unos tipos de inter¨¦s nominales a largo plazo que no excedan en dos puntos a esos tres pa¨ªses de referencia, un d¨¦ficit p¨²blico que no rebase el 3% del producto interior bruto (PIB) y una deuda p¨²blica inferior al 60% del PIB.

Espa?a presenta, respecto a ese objetivo, algunos desajustes, cuya correcci¨®n debe plantear en ese programa de convergencia. Aun cuando las exigencias formales de contenido y presentaci¨®n de tal programa no sean excesivamente rigurosas, y sea desigual la trascendencia que le asignen los distintos Gobiernos y Parlamentos nacionales, la elaboraci¨®n del correspondiente a la econom¨ªa espa?ola constitUye una oportunidad excepcional para transmitir a los agentes econ¨®micos y sociales la identificaci¨®n y el compromiso con esa meta.

Las todav¨ªa importantes diferencias en tasas de inflaci¨®n respecto a los pa¨ªses comunitarios con precios m¨¢s estables constituyen el principal obst¨¢culo para satisfacer esas exigencias, no s¨®lo por su cuant¨ªa y, en cierta medida, por el car¨¢cter de precondici¨®n de las restantes, sino igualmente por la manifiesta dificultad para conseguir reducciones adicionales con las orientaciones vigentes de pol¨ªtica econ¨®mica. La necesaria adecuaci¨®n de la pol¨ªtica presupuestaria y del crecimiento de las rentas a ese objetivo ha de constituir el eje esencial del programa. Una necesidad que dificilmente se puede materi¨¢lizar este a?o, a tenor del car¨¢cter de los Presupuestos del Estado aprobados y de la ausencia de consenso en las l¨ªneas generales de las negociaciones salariales. Ello no deber¨ªa impedir, sin embargo, que en tomo al referido programa, una vez obtenido su respaldo por el Parlamento, se procurara conseguir el consenso suficiente entre los agentes econ¨®micos y sociales y el Gobierno para que se constituyera en la referencia esencial de la pol¨ªtica econ¨®mica en los pr¨®ximos cuatro a?os. La trascendencia de un empe?o tal justificar¨ªa su amplia discusi¨®n parlamentaria y la asunci¨®n de sus principios y orientaciones b¨¢sicas por el Gobierno resultante de las pr¨®ximas elecciones generales.