Dineros p¨²blicos

DEMASIADOS CASOS indican que en la Espa?a actual el control de los dineros p¨²blicos no es nada estricto. Tambi¨¦n, que existen canales subterr¨¢neos que comunican esos fondos con intereses privados y, sobre todo, con una financiaci¨®n irregular de los partidos. Contra tales patolog¨ªas del sistema caben iniciativas de diverso orden, desde la p¨²blica denuncia hasta la adopci¨®n de medidas legales que reduzcan las oportunidades de comportamientos irregulares.A este segundo aspecto responden, seg¨²n sus promotores, las propuestas presentadas el lunes por el Partido Popular (PP) en relaci¨®n al actual debate sobre l¨¢corrupci¨®n. Podr¨¢ discutirse la eficacia de algunas de las reformas legales propuestas. Pero la.iniciativa en s¨ª -tal vez resultado de la alusi¨®n al asunto realizada por Fraga en la reciente convenci¨®n del PP- es coherente con la funci¨®n que corresponde a la oposici¨®n. Por de pronto, permite plantear el debate sobre la corrupci¨®n, o algunos de sus aspectos, en t¨¦rminos racionales. Ir algo m¨¢s alla del y t¨² m¨¢s en que se ha convertido durante las ¨²ltimas semanas.

No estar¨ªa justificado, entonces, aplicar a esa iniciativa el tratamiento que el lunes dio Benegas -en su conferencia en el Club Siglo XXI- a los comportamientos del PP como primer partido de la oposici¨®n, al que acus¨® de demagogia irresponsable y de "doble rnoral". Es verdad que lo que los populares presentan como cr¨ªtica a la administraci¨®n socialista parece a veces una involuntarla autocr¨ªtica por su propio comportamiento en algunas comunidades o ayuntamientos. Pero la declaraci¨®n de principios que antecede a la iniciativa ahora presentada comienza por reconocer que no ser¨ªa justo atribuir a un determinado partido "una particular inclinaci¨®n hacia el abuso", o a otro la exclusiva de la moralidad.

Las reformas propuestas por el PP responden, en todo caso, a problemas reales, por m¨¢s que algunas de ellas puedan resultar discutibles. La desviaci¨®n entre los Presupuestos Generales aprobados por el Parlamento y su efectiva ejecuci¨®n crece cada a?o y excede probablemente de lo, que ser¨ªa aconsejable en materia que por definici¨®n debe estar sometida al control parlamentario. Seguramente es cierto que esto dificulta un control efectivo del gasto, pero es sobre todo a la oposici¨®n a quien corresponde pedir cuentas, en el propio Parlamento, por esa desviaci¨®n, y eso no ha sido pr¨¢ctica frecuente. No es seguro, de todas formas, que una vuelta a los controles previos a cargo de la Intervenci¨®n General -que se limita a comprobar si un determinado gasto encaja en alguno de los cap¨ªtulos del presupuesto- sea el procedimiento m¨¢s eficaz contra el eventual despilfarro, entre otras cosas porque a?adir¨ªa lentitud a una m¨¢quina administrativa de por s¨ª bastante pesada. M¨¢s ¨²tiles parecen t¨¦cnicas de auditor¨ªa como las aplicadas en otros pa¨ªses y que permiten controlar la gesti¨®n en cuanto tal (la de los procesos de reprivatizaci¨®n, por, ejemplo), y no s¨®lo su adecuaci¨®n contable.

Especial conexi¨®n con el mundo de la corrupci¨®n parece guardar todo lo relacionado con la contrataci¨®n de servicios (obras p¨²blicas, en particular) por parte de las distintas administraciones. Aqu¨ª s¨ª que cabe estudiar mecanismos m¨¢s eficaces de control, de. acuerdo con la experiencia de estos a?os. Tal vez haya que limitar la discrecionalidad en determinados supuestos, como propone ahora el PP, pero esa misma experiencia parece indicar que la transparencia es la m¨¢s eficaz garant¨ªa contra los abusos. Ello significa, entre otras cosas, que, contra lo que el lunes reiter¨® Benegas, no existe contradicci¨®n entre la denuncia p¨²blica de eventuales abusos realizada por los medios de comunicaci¨®n y las resoluciones que en su caso corresponda aplicar a la justicia.

No s¨®lo porque el ejemplo italiano demuestra que no por mucho legislar dasaparece antes la corrupci¨®n, sino porque algunos de los esc¨¢ndalos recientes conectados con supuestas v¨ªas irregulares de financiaci¨®n de los partidos, desveladas por la prensa, confirman que no es imprescindible que un comportamiento tenga encaje obvio en el C¨®digo Penal para ser merecedor de la repulsa social.