El ponente del 'caso Renfe' carga la responsabilidad sobre los t¨¦cnicos y exculpa a los pol¨ªticos

El borrador de resoluci¨®n presentado ayer por el ponente de la comisi¨®n investigadora de Renfe, el socialista Jenaro Garc¨ªa Arreciado, y que habr¨¢ de debatirse por el pleno de la comisi¨®n, exculpa al ex presidente de Renfe Juli¨¢n Garc¨ªa Valverde, al Ministerio de Transportes, a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de San Sebasti¨¢n de los Reyes. Las numerosas irregularidades que se?ala en su informe se imputan fundamentalmente a Jos¨¦ Mar¨ªa Rodes, director adjunto del grupo empresarial de Renfe; Jos¨¦ Luis Pinedo, que fue asesor inmobiliario de Garc¨ªa Valverde; Alberto Echeverri, director general de Equidesa, empresa filial encargada de las operaciones inmobiliarias de Renfe, y al notario Manuel Clavero.

El documento se?ala que hay que esperar la resoluci¨®n de los tribunales -a los que se pide que se remitan algunas actuaciones- respecto a los estudios encargados por Renfe a unas empresas consultoras; pide que se ponga en conocimiento del ministerio fiscal una supuesta falsificaci¨®n de firma y que se investigue por la Administraci¨®n el destino de 313 millones de una de las operaciones de compraventa de Equidesa.Aunque la propuesta de resoluci¨®n no emplea en ning¨²n momento la expresi¨®n responsabilidad pol¨ªtica o penal, exculpa de hecho a Garc¨ªa Valverde. Sin embargo, los representantes de la oposici¨®n declararon ayer que esa responsabilidad pol¨ªtica debe ser exigida de manera expl¨ªcita al ex presidente de Renfe.

Las consideraciones del ponente socialista arrancan legitimando el dise?o de la operaci¨®n para la construcci¨®n del ferrocarril en San Sebasti¨¢n de los Reyes, es decir, considera leg¨ªtima "toda actuaci¨®n p¨²blica realizada conforme a derecho que genere recursos aplicados a la cobertura de necesidades colectivas" y a?ade que "debe considerarse leg¨ªtima la accion del sector p¨²blico en la ordenaci¨®n del territorio y en la regulaci¨®n del uso del suelo, as¨ª como la realizaci¨®n directa de la actividad urban¨ªstica".

Se establece, seg¨²n el proyecto de resoluci¨®n, que "el dise?o concreto de la operaci¨®n iniciada por Renfe consist¨ªa en adquirir terrenos r¨²sticos en San Sebasti¨¢n de los Reyes con objeto de que una posterior clasificaci¨®n de los mismos como urbanizables generase los recursos financieros necesarios para complementar las asignaciones presupuestarias destinadas a la construcci¨®n del ramal ferroviario". Explica luego que "entre las administraciones competentes se produce un acuerdo pol¨ªtico" consistente en que el Ayuntamiento de San Sebasti¨¢n de los Reyes modificar¨ªa su plan general para clasificar terrenos como urbanizables no programados y que ello ser¨ªa aprobado por la Comunidad de Madrid.

A rengl¨®n seguido se se?ala que "no hay constancia documental expl¨ªcita de este acuerdo ni se formula jur¨ªdicamente su desarrollo. Tampoco existe soporte documental alguno sobre los compromisos adquiridos por cada Administraci¨®n y/o por las empresas p¨²blicas intervinientes". El ponente concluye que estas iniciativas "son justificables tanto en su concepci¨®n (...) como por su fin de recuperaci¨®n de valores generados por la instalaci¨®n de un servicio p¨²blico".Avanza en su explicaci¨®n al decir que "el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Sebasti¨¢n de los Reyes compart¨ªan la necesidad de adquirir una cantidad de terrenos sin definir en extensi¨®n ni localizar en situaci¨®n concreta".

"Dise?o general"

Establece luego que el presidente de Renfe, el de la Comunidad de Madrid y el ministro de Transportes -a los que no cita por sus nombres propios- ten¨ªan conocimiento "del dise?o general de la operaci¨®n".

El informe, despu¨¦s de analizar el dise?o de la compra de terrenos por Renfe y de la concesi¨®n de 1.800 millones de anticipos a Equidesa, propone a la comisi¨®n que apruebe "que el presidente de Renfe ten¨ªa facultades suficientes para tomar las iniciativas que tom¨®"; que en estas operaciones de compraventa Renfe estaba sometida al "ordenamiento jur¨ªdico privado" y, por lo tanto, excluida de una "intervenci¨®n cr¨ªtica previa", la cual, seg¨²n el dictamen, "queda sometida como las empresas privadas a la auditor¨ªa posterior". Aqu¨ª aparece el primer reproche importante al se?alar que los estudios de mercado encargados a las sociedades Syopsa y ABC Empresarios, ofrecen irregularidades sobre las que "no cabe sino esperar el pronunciamiento de los tribunales".

A continuaci¨®n, la propuesta de informe formula los m¨¢s duros ataques, que se concretan en las actuaciones de Jos¨¦ Mar¨ªa Rodes, Alberto Echeverri y Jos¨¦ Luis Pinedo. De Rodes asegura que comunica a Echeverri que Pinedo tomar¨¢ todas las decisiones concretas en las operaciones de compra que se van a llevar a cabo; de Pinedo dice que carec¨ªa de poderes y capacidad que le diesen "superioridad jer¨¢rquica" sobre los dem¨¢s, y de Echeverri que todo lo anterior no le exime de que se hubiesen quebrantado los "amplios poderes" que el consejo de administraci¨®n de Equidesa le hab¨ªa otorgado.

Las reacciones al borrador no se hicieron esperar. Rafael Mart¨ªnez Campillo, miembro del CDS en la comisi¨®n, considera "inaceptable" la justificaci¨®n jur¨ªdica de la operaci¨®n. Felipe Camis¨®n, del PP, calific¨® el informe de "superficial, confuso e inconcreto". Jer¨®nimo Andreu, de IU, dijo que la propuesta no refleja lo dicho ante la comisi¨®n, informa Efe.