El tribunal andaluz deja libre de culpa a Alfonso Guerra por el uso del despacho oficial en Sevilla

ALEJANDRO V. GARC?A El Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) ha eximido de responsabilidad penal a tres delegados del Gobierno en Andaluc¨ªa y al secretario del ex vicepresidente del Gobierno en relaci¨®n con el uso de un despacho oficial por parte de Juan Guerra. La sala no cita en los mismos t¨¦rminos a Alfonso Guerra, pero del auto se deduce que el TSJA no encuentra indicios de culpabilidad contra ¨¦l. Si no, hubiera elevado las diligencias al Supremo. Adem¨¢s, s¨®lo de las investigaciones ahora archivadas pudiera derivarse alguna responsabilidad penal contra el ex vicepresidente del Gobierno.

El auto considera al Gobierno facultado para ceder el despacho de Alfonso Guerra en la Delegaci¨®n de Sevilla a otra persona y estima que no hay indicios para suponer que ni Rafael Delgado, secretario de Alfonso Guerra, ni los tres sucesivos delegados conoc¨ªan las actividades reales de Juan Guerra en el despacho.El auto desestima tambi¨¦n, por no ser la v¨ªa adecuada, la petici¨®n de trasladar al Supremo las actuaciones para aclarar posibles responsabilidades de Alfonso Guerra. Se?ala adem¨¢s, respecto a ¨¦ste, que no se puede utilizar, como hizo el magistrado instructor, un escrito sobre competencias para "interesar la imputaci¨®n" del ex vicepresidente del Gobierno.

La sala cree tambi¨¦n que los acusadores no han seguido el camino procesal correcto contra Alfonso Guerra, ya que deb¨ªan haber presentado una querella directamente ante el Supremo, extremo que no descarta alg¨²n abogado de la acusaci¨®n.

El citado auto, contra el que no cabe recurso, descarta definitivamente la responsabilidad de los cuatro pol¨ªticos socialistas y devuelve las diligencias al juzgado n¨²mero 6 de Sevilla, que precisamente las remiti¨® al TSJA para que dictaminara sobre la presunta culpabilidad de los aforados.

El documento declara probado que Rafael Delgado, secretario de Alfonso Guerra en la Vicespresidencia del Gobierno, orden¨® al entonces delegado del Ejecutivo en Andaluc¨ªa, Leocadio Mar¨ªn, la creaci¨®n de un despacho para uso de Alfonso Guerra que, sin embargo, tambi¨¦n pod¨ªa utilizar su hermano Juan como asistente.

Autorizaci¨®n excedida

La sala confirma que Juan Guerra "realiz¨® un uso del despacho que exced¨ªa cuantitativa y cualitativamente los t¨¦rminos de la autorizaci¨®n de acceso". Sin embargo, no ha quedado probado que Delgado, Leocadio Mar¨ªn ni los otros sucesivos delegados del Gobierno -Tom¨¢s Azor¨ªn y Alfonso Garrido- autorizaran a Juan Guerra a usar "en exclusiva" el despacho ni que tuvieran conocimiento ni "prestaran aquiescencia" a las actividades desplegadas en ¨¦l.

Seg¨²n los tres magistrados de la sala -el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa, Juan Ignacio P¨¦rez Alf¨¦rez; Juan Jos¨¦ Ruiz-Rico y Fernando L¨¢zaro-, s¨®lo mediante la presunci¨®n se puede suponer un nexo entre la autorizaci¨®n a Juan Guerra y las actividades que all¨ª desarroll¨®. "No existe una pluralidad de indicios concomitantes o interrelacionados", se?ala.

El auto rechaza luego que la conducta de los cuatro pol¨ªticos del PSOE pueda constituir prevaricaci¨®n (dictar una resoluci¨®n administrativa a sabiendas de que es injusta) o de malversaci¨®n de caudales.

Los magistrados, que en un pre¨¢mbulo advierten que su -resoluci¨®n est¨¢ "al margen" de cualquier evaluaci¨®n de car¨¢cter pol¨ªtico y se desvinculan de los "climas de opini¨®n de los que, por lo dem¨¢s, resulta imposible verificar su verdadero respaldo social", creen que la decisi¨®n de autorizar el acceso al despacho a una persona que hac¨ªa funciones meramente pol¨ªticas, y no gubernativas, no es delito, pues ambas funciones, -en el caso del propietario del despacho, Alfonso Guerra- "no son materialmente escindibles".

As¨ª, se?ala que cuidar por la seguridad del vicepresidente del Gobierno no es una funci¨®n que se pueda hacer sin cuidar la seguridad del vicesecretario general del PSOE.

Sobre la cesi¨®n del despacho, el auto retorna la dualidad indiscernible entre pol¨ªtica y responsab¨ªlidad administrativa, y afirma que la decisi¨®n no tuvo rango administrativo, sino que se encuadra en la potestad del Gobierno de tomar decisiones pol¨ªticas.

"Dif¨ªcilmente podr¨¢ entenderse injusta la resoluci¨®n de partida en los t¨¦rminos que se hizo", ya que las tareas para las que Juan Guerra fue autorizado "no responden a intereses particulares del vicepresidente (... ) ni a intereses exclusivos del partido, sino que facilitan desde el ¨¢mbito extragubernamental el ejercicio de la funci¨®n pol¨ªtica", se?ala el texto del auto hecho p¨²blico ayer.

Respecto al consentimiento de la supuesta malversaci¨®n de caudales que hizo Juan Guerra, el auto subraya que esta tipificaci¨®n no puede predicarse de los bienes inmuebles, en este caso un despacho, aunque su uso haya generado unos gastos determinados.

En esa l¨ªnea estima que tampoco se puede imputar a los cuatro pol¨ªticos socialistas "falta de cuidado o de vigilancia", ya que no hay ninguna ley que responsabilice al delegado del Gobierno de estas labores.