La residencia de Valdilecha tiene 15 d¨ªas para quedarse con menos ancianos

La Comunidad de Madrid ha dado un ¨²ltimo plazo de 15 d¨ªas a la residencia de ancianos del t¨¦rmino municipal de ValdIlecha para que o bien reduzca sus plazas a un m¨¢ximo de cinco o bien contrate a una auxiliar de enfermer¨ªa. Expirado este plazo, "la Comunidad sopesar¨¢" la posible clausura del centro, que alberga en la actualidad a nueve ancianos, seg¨²n informaron ayer fuentes de la Consejer¨ªa de Integraci¨®n Social.El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Jes¨²s Silva, est¨¢ investigando esta residencia por presuntos delitos de abandono y detenci¨®n ilegal, ya que en ella existi¨® hasta el pasado verano una especie de nave en la que fueron alojados durante meses 12 ancianos en condiciones denigrantes. Los propietarios de este albergue cerraban por la noche con candado y eadena la nave para impedir que los ancianos pudieran salir de, ella, seg¨²n un informe que ha remitido la Comunidad al fiscal Silva (v¨¦ase El PA?S de ayer).

El ultim¨¢tum prohibe asimismo a la due?a del albergue, Mar¨ªa Luisa Andr¨¦s, que incremente el precio de la estancia de los residentes, que ahora pagan al mes cantidades que oscilan entre las 70.000 y las 90.000 pesetas.

Con anterioridad, esta residencia, denominada Santa Virginia y Virgen del Olivo, fue obligada a reducir dr¨¢sticamente su n¨²mero de plazas -desde las 24 ocupadas que ten¨ªa el pasado verano hasta las nueve que tiene ahora-, al considerar la inspecci¨®n que el centro no dispone de medios humanos ni materiales para que los internos reciban una atenci¨®n adecuada.

50 expedientes

Por otra parte, la Consejer¨ªa de Integraci¨®n Social ha incoado desde que entr¨® en vigor la normativa de actuaciones inspectoras de noviembre de 1990 un total de 50 expedientes sancionadores (algunos de los cuales tambi¨¦n han sido enviados a la fiscal¨ªa) contra otras tantas residencias de la tercera edad ubicadas en la regi¨®n. La mayor¨ªa de estos expedientes son consecuencia de denuncias interpuestas por los propios ancianos o sus familiares, y en general se refieren a falta de asistencia, precios elevados, hacinamiento y desorden administrativo, seg¨²n reconoci¨® ayer Pedro Plans, responsable del servicio de inspecci¨®n de la consejer¨ªa.

Plans asegur¨® que la pol¨ªtica inspectora de Integraci¨®n Social tiene como objetivo b¨¢sico dignificar la estancia de los ancianos en los albergues, ya sean p¨²blicos o privados, y que para ello la Comunidad ser¨¢ inflexible con los centros que incumplan la actual normativa. No obstante, aclar¨® que las medidas coercitivas s¨®lo ser¨¢n aplicadas en casos extremos, como el de Valdilecha.