Extra?eza

LA COMPRAVENTA de terrenos por Renfe en San Sebasti¨¢n de los Reyes (Madrid) no s¨®lo ha puesto al des cubierto los procedimientos heterodoxos -y posiblemente delictivos- en una operaci¨®n inmobiliaria dise?ada desde una empresa p¨²blica. Tambi¨¦n ha supuesto un golpe al cr¨¦ditor de la filosof¨ªa urban¨ªstica que inspiraba dicha operaci¨®n: el protagonismo de la Administraci¨®n en el proceso de ordenaci¨®n del suelo, m¨¢s all¨¢ del que le corresponde en el ¨¢mbito legislativo, del planeamiento, y la apropiaci¨®n directa de las plusval¨ªas generadas con el fin de destinarlas a la financiaci¨®n de obras de utilidad p¨²blica o de inter¨¦s social.El caso Renfe ha puesto en evidencia los peligros inherentes a dicha filosof¨ªa, al margen de las buenas intenciones de quienes la apoyan y de su fundamento legal. La presencia directa de la Administraci¨®n en el mercado inmobiliario puede provocar efectos contrarios a los fines que justifican su intervenci¨®n, que no son otros que los de promover las condiciones necesarias para su uso de acuerdo con el inter¨¦s social e impedir la especulaci¨®n. Y, de paso, facilita tambi¨¦n la actuaci¨®n de una picaresca irrespetuosa con el dinero p¨²blico y capaz de poner en serios aprietos pol¨ªticos y legales a sus superiores jer¨¢rquicos. Es decir, lo que ha sucedido en el caso Renfe.

De ah¨ª la extra?eza que causa el dictamen final elaborado por la comisi¨®n parlamentaria que ha investigado la operaci¨®n de compraventa de terrenos de Renfe y que fue aprobado ayer por el Pleno del Congreso. Extra?eza por la benevolencia con que ha juzgado las actuaciones irregulares detectadas en dicha operaci¨®n de compraventa. Y extra?eza tambi¨¦n por el espaldarazo entusiasta, sin la menor cr¨ªtica, que ha dado a una actuaci¨®n p¨²blica urban¨ªstica que de alguna manera ha servido de cobertura a tales irregularidades.

El car¨¢cter benevolente del dictamen se explica por la pretensi¨®n de los socialistas, mayoritarios en la comisi¨®n y en el pleno, de no querer darse por enterados del dato m¨¢s evidente de la investigaci¨®n: que Juli¨¢n Garc¨ªa Valverde era, en la ¨¦poca de los hechos, presidente de Renfe. No reconociendo formalmente la premisa mayor se obviaba la menor, es decir, verse en el trance de exigirle alg¨²n tipo de responsabilidad por lo ocurrido bajo su mandato. A la postre, y como concesi¨®n a los nacionalistas catalanes y vascos a cambio de su voto favorable al dictamen, han admitido que, al menos, fue "responsable" del nombramiento de sus asesores y que orden¨® la ejecuci¨®n de la operaci¨®n. Lo cual no ha hecho sino poner m¨¢s en evidencia lo absurdo del dictamen. ?C¨®mo puede dejar de se?alarse la responsabilidad pol¨ªtica que corresponde al gestor que ha dado su visto bueno a una operaci¨®n que ha causado un perjuicio evidente a la actuaci¨®n y al erario p¨²blicos? Que el entonces presidente de Renfe no conociese al detalle el desarrollo de la operaci¨®n no le exime de esta responsabilidad. S¨ª, en cambio, de las posibles responsabilidades penales investigadas por los tribunales.

En cuanto al apoyo sin matices a la actuaci¨®n de la Administraci¨®n en la generaci¨®n de recursos inherente al proceso urban¨ªstico, la comisi¨®n parece olvidar uno de los principios b¨¢sicos de la Ley del Suelo de 25 de julio de 1990: la incoherencia que supone, de acuerdo con el art¨ªculo 47 de la Constituci¨®n, que las entidades p¨²blicas utilicen terrenos de su propiedad con fines lucrativos, contribuyendo a incrementar las tensiones especulativas en lugar de atenuarlas.