Credibilidad vigilada

LA INMINENTE ilegalizaci¨®n del Frente Isl¨¢mico de Salvaci¨®n (FIS) argelino, el movimiento pol¨ªtico-religioso de mayor capacidad de convocatoria en las ¨²ltimas elecciones generales (un 47,5% de los votos, con una proyecci¨®n de 188 esca?os de un total de 206 en primera vuelta; la segunda, que habr¨ªa dado la mayor¨ªa absoluta a los integristas, no lleg¨® a celebrarse a causa del golpe c¨ªvico-militar facilitado por la dimisi¨®n del presidente Benyedid), ilustra el constante declinar hacia una dictadura del Alto Comit¨¦ de Estado, ¨®rgano m¨¢ximo de la citada junta civil y militar.La controvertida interrupci¨®n del proceso democr¨¢tico y la declaraci¨®n del Estado de excepci¨®n por parte del nuevo organismo ejecutivo han provocado la pol¨¦mica en Argelia, una discusi¨®n en la que parad¨®jicamente las organizaciones han adoptado posturas ins¨®litas: el FIS, que a lo largo de su campa?a electoral no dej¨® de insistir en la necesidad de sustituir el sistema democr¨¢tico por un riguroso islamismo, ahora reivindica el respeto absoluto de los resultados electorales. Por su parte, las organizaciones tradicionalmente democr¨¢ticas, o cuando menos inmersas en un sistema pol¨ªtico pluripartidista, han acogido con un largo silencio, si no con complacencia, el golpe c¨ªvico-militar. La situaci¨®n econ¨®mica, por su parte, es inquietante. Precisamente en ese marco hay que incluir la decisi¨®n comunitaria europea de estudiar una zona de libre cambio con tres pa¨ªses magreb¨ªes, Marruecos, Argelia y T¨²nez, para tratar de estabilizar econ¨®mica y socialmente la zona.

Ante tan densa situaci¨®n, los dem¨®cratas argelinos mantienen una actitud de reserva con respecto al Alto Comit¨¦ de Estado, al que han colocado en u?na situaci¨®n de credibilidad vigilada. Las se?ales de alarma de estos sectores se dispararon hace poco menos de tres semanas, cuando se hizo p¨²blico el decreto de Estado de excepci¨®n en el que se contemplaba la creaci¨®n de campos de concentraci¨®n para los militantes del FIS cuya conducta, sin ser delictiva, pudiera ser considerada por la Administraci¨®n constitutiva de un peligro para la paz de la Rep¨²blica.

Tal medida administrativa est¨¢ provocando el rechazo de las asociaciones de derechos humanos locales e internacionales, que reclaman la clausura de los centros por considerarlos contrarios a la declaraci¨®n de los derechos humanos y que exigen su cumplimiento estricto. La situaci¨®n se ha complicado desde hace una semana, como consecuencia de la desaparici¨®n del Ministerio de Derechos Humanos en el marco de una reestructuraci¨®n del Gabinete presidido por Sid Ahmed Gozali. Todo ello muestra inequ¨ªvocamente el rumbo dictatorial de un sistema que intent¨®, t¨ªmidamente, la apertura hacia Occidente y que hoy se encuentra sometido a la tensi¨®n entre dos conceptos autoritarios de la vida social y pol¨ªtica.