El Supremo declara responsable al Estado en el 'caso GAL' al actuar Amedo "bajo dependencia superior"

La responsabilidad civil subsidiaria del Estado en el caso Amedo deriva de que los polic¨ªas Jos¨¦ Amedo y Michel Dom¨ªnguez actuaron "siempre y en todo momento cuando se hallaban bajo la dependencia de sus superiores", seg¨²n la sentencia del Tribunal Supremo hecha p¨²blica ayer. La sentencia confirma los dem¨¢s pronunciamientos de la Audiencia Nacional -entre ellos la condena de los dos polic¨ªas a 108 a?os de prisi¨®n-, que mantuvo que no pertenec¨ªan a los GAL ni constituyeron una banda terrorista, ya.que no fueron m¨¢s all¨¢ de ser "una rechazable y repudiable asociaci¨®n".

Antes de declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, el tribunal recuerda que Amedo se traslad¨® a Portugal "en misi¨®n oficial" para investigar un tr¨¢fico de armas con destino a ETA, misi¨®n que "no se comunic¨®" por Interior a las autoridades portuguesas. Dom¨ªnguez viaj¨® sin permiso, "encontr¨¢ndose en servicio activo", y el viaje de Amedo fue "financiado a cargo de los fondos reservados de Interior".Los polic¨ªas cometieron los delitos "hall¨¢ndose de servicio", es decir, "sin estar de permiso, ni en horas libres, ni en situaci¨®n funcionarial distinta de la activa", seg¨²n la sentencia. "Por ello, el cord¨®n umbilical que une la relaci¨®n de dependencia del funcionario con la Administraci¨®n se muestra perfectamente perfilado y con todos sus requisitos", a?ade.

El ponente de esta parte de la sentencia, Gregorio Garc¨ªa Ancos, a?ade que el modo de operar de los polic¨ªas se produjo "con extralimitaci¨®n" y "al margen de las ¨®rdenes recibidas de sus superiores". Sin embargo, argumenta que "la extralimitaci¨®n" es la que pone de manifiesto la de que el Estado es responsable "subsidiario", ya que, de no haber habido exceso en el cumplimiento del deber, "nos hallar¨ªamos en presencia de una responsabilidad de los mandos superiores del Ministerio del Interior, bien en concepto de inductores, bien como cooperadores necesarios". "De haber sido as¨ª resultar¨ªa tambi¨¦n la responsabilidad directa del Estado, y no simplemente la subsidiaria".

La Sala de lo Criminal basa la responsabilidad subsidiaria en el "principio de creaci¨®n del riesgo", generado cuando el responsable criminal act¨²a "al servicio" o "bajo la dependencia" del responsable civil subsidiario. Ambos polic¨ªas actuaron, adem¨¢s, "en el desempe?o de sus servicios en todo momento" y se aprovecharon de su dependencia org¨¢nica del Estado "para utilizar los medios materiales que ¨¦ste puso a su alcance".

El primer ponente de la sentencia, Jos¨¦ Augusto de Vega, ha formulado voto particular por disentir sobre la responsabilidad del Estado. Seg¨²n De Vega, "no hay datos para asegurar que la conducta de los polic¨ªas, realizada al margen de sus funciones profesionales, era conocida, autorizada o tolerada por las autoridades del Estado". "Carece de justificaci¨®n" a?ade, "que actuando el agente con car¨¢cter estrictamente particular (...) se trate de acarrear al Estado la asunci¨®n de responsabilidad civil". La sentencia condena al Estado como responsable subsidiario de unas indemnizaciones totales 12,8 millones. No obstante, la indemnizaci¨®n de 2,4 millones al presunto etarra del comando itinerante Frederic Haramboure no tendr¨¢ que ser desembolsada si se le embarga como parte de los 820 millones que debiera haber depositado para responder, a su vez, de los once asesinatos del cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza y el del magistrado Jos¨¦ Mateu.

El alto tribunal rechaza tambi¨¦n que deba repetirse el juicio ante la negativa de la Audiencia Nacional a que ocho miembros de la c¨²pula policial, adem¨¢s del presidente del Gobierno y el ministro del Interior, declarasen sobre fondos reservados. Seg¨²n el Supremo, las preguntas sobre las actividades de los GAL o sobre discursos de Gonz¨¢lez, "nada tienen que ver con el proceso, si es que no se quiere convertir ¨¦ste en un juicio pol¨ªtico sobre la actuaci¨®n de un Gobierno".

Expulsi¨®n de la polic¨ªa

Fuentes policiales manifestaron a Efe que los dos agentes condenados ser¨¢n expulsados "con toda probabilidad" del cuerpo. Actualmente est¨¢n suspendidos de empleo y sueldo. El Sindicato de Comisarios entreg¨® ayer en el registro del palacio de la Moncloa una petici¨®n de indulto para los dos polic¨ªas avalada por 60.000 firmas; la Uni¨®n Federal de Polic¨ªa hizo lo propio ante el Ministerio de Justicia, con 50.000 firmas.

El abogado de la acci¨®n popular, Jos¨¦ Luis Gal¨¢n, dijo que la sentencia pretende "dar carpetazo al caso GAL". "Lo ¨²nico que le falta al Gobierno ahora para pasar la goma de borrar hist¨®rica es conceder el indulto". Gal¨¢n consider¨® improbable un recurso al Constitucional, ya que "t¨¦cnicamente tiene dif¨ªcil encaje". El acusador particular, Miguel Castells, que representa a las v¨ªctimas de los atentados de los GAL, consider¨® asimismo "muy dif¨ªciles de ganar" los recursos de amparo, informa Aurora Intxausti.

Por el contrario, Gonzalo Casado, defensor de los condenados, afirm¨® que la sentencia carece de "rigor t¨¦cnico" y "resulta claramente impugnable" por "la vulneraci¨®n de la presunci¨®n de inocencia".