Sin enmienda

EL 22 de febrero concluy¨® el plazo legalmente establecido para la renovaci¨®n parlamentaria de cinco magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Cuatro meses antes de esta fecha, el presidente del alto tribunal, uno de los magistrados cuyo mandato ha expirado, se dirigi¨® al del Congreso de los Diputados para que se pusiera en marcha el procedimiento de designaci¨®n de los nuevos magistrados. Pues bien, los grupos parlamentarios no s¨®lo han hecho caso omiso de esa solicitud, dejando transcurrir el plazo previsto para la renovaci¨®n, sino que casi un mes despu¨¦s siguen en la misma actitud y sin prop¨®sito alguno de enmienda.Esta especie de desidia institucional no es nueva ni afecta s¨®lo al Parlamento. Ahora mismo, el Gobierno lleva casi a?o y medio sin proceder al relevo del presidente y del vicepresidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Motivo: falta de sinton¨ªa en los criterios del Ejecutivo y del PSOE sobre el perfil de las personas que han de sustituirlos. El caso es que pugnas pol¨ªticas, que en s¨ª mismas pueden no ser reprochables, provocan efectos que s¨ª lo son: crear una situaci¨®n ambigua en la direcci¨®n de un organismo como el CNS, del que depende el control y la vigilancia de la producci¨®n de la energ¨ªa nuclear.

Pero con ser grave esta actitud en el ¨¢rea gubernativa y administrativa, lo es todav¨ªa m¨¢s en la parlamentaria. Al Congreso le ata?e la designaci¨®n de los miembros de instituciones que tienen encomendadas tareas de control y de arbitraje esenciales para el equilibrio de los poderes del Estado. De ah¨ª que sea preocupante la costumbre de tomar con una parsimonia rayana en la frivolidad el cumplimiento de las competencias que le corresponden en este terreno. Las designaciones pueden resultar todo lo pol¨¦micas que se quieran, pero al menos deben respetarse los plazos previstos, aunque s¨®lo sea por la consideraci¨®n que se merecen tales instituciones y quienes las integran.

El pretexto alegado ahora para prorrogar todav¨ªa m¨¢s el tiempo de incumplimiento en la designaci¨®n de los cinco magistrados del TC es el debate sobre el estado de la naci¨®n, se?alado para el pr¨®ximo martes. Los grupos parlamentarios parecen necesitar toda su energ¨ªa para la preparaci¨®n de dicho debate. Pero no hay raz¨®n alguna para considerar que ambas tareas son incompatibles. Tan fundamental es la funci¨®n parlamentaria de control sobre la actividad del Gobierno como la de cumplimentar en tiempo y forma el nombramiento de los cargos institucionales.

Desgraciadamente, el recurso a esta especie de agravio comparativo institucional no es infrecuente. La ¨²ltima renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en octubre de 1990, fue aplazada durante un mes a causa de las elecciones auton¨®micas vascas. No es extra?o que el presidente de esta instituci¨®n, que ha sufrido en sus propias carnes los efectos del incumplimiento de plazos y de las discrepancias pol¨ªticas en la designaci¨®n de sus miembros, haya declarado, en relaci¨®n con la actual situaci¨®n del Tribunal Constitucional, que "las instituciones deben ser respetadas incluso en las fechas".

La cuesti¨®n es si este sistem¨¢tico desprecio por los plazos -en el a?o 1983 se prolong¨® durante varios meses la elecci¨®n parlamentaria de cuatro magistrados del TC, un vocal del CGPJ y doce miembros del Consejo de Administraci¨®n del RTVE- no es, en realidad, uno m¨¢s de los efectos perversos derivados del sistema de cuotas de poder al que se aferran los grupos parlamentarios en la designaci¨®n de tales cargos. Lo cual no har¨ªa sino agravar todav¨ªa m¨¢s el problema. La credibilidad de tales instituciones descansa en la llamada legitimidad de origen (pureza de los procedimientos de elecci¨®n) tanto o m¨¢s que en la de ejercicio (correcto uso de sus competencias). De ah¨ª que deba rechazarse toda pugna pol¨ªtica que ponga en cuesti¨®n esta legitimidad de origen, tanto a causa de un injustificable y fr¨ªvolo incumplimiento de los plazos como de los requisitos constitucionales que se exigen en la elecci¨®n de sus miembros.