Regreso a la barbarie

El golpe de Estado es un t¨ªpico producto latinoamericano, como el tabaco y la coca¨ªna, pero bastante m¨¢s mort¨ªfero que ellos. Adopta variadas formas, y la elegida, el domingo 5 de abril, por Alberto Fujimori para destruir la democracia peruana se llama "bordaberrizaci¨®n", por el presidente uruguayo de ese nombre que, aunque no la invent¨®, la actualiz¨® y patent¨®. Consiste en que un presidente elegido clausura, con el apoyo de militares felones, todos los organismos de contrapeso y fiscalizaci¨®n del Ejecutivo -el Congreso, la Corte Suprema, el Tribunal de Garant¨ªas, la Controlar¨ªa-, suspende la Constituci¨®n y comienza a gobernar por decretos leyes. La represi¨®n acalla las protestas, encarcela a los l¨ªderes pol¨ªticos hostiles al golpe y amordaza, intimida o soborna a los medios de prensa, los que muy pronto empiezan a adular al flamante dictador.Las razones que ha dado Fujimori para justificar el autogolpe son las consabidas: las obstrucciones del Congreso a las reformas y la necesidad de tener manos libres para combatir con eficacia el terrorismo y la corrupci¨®n. Al cinismo y a la banalidad se a?ade en este caso el sarcasmo. Pues quien ahora se proclama dictador para moralizar el pa¨ªs protagoniz¨®, en las ¨²ltimas semanas, un esc¨¢ndalo may¨²sculo en el que su esposa, su hermano y su cu?ada se acusaban rec¨ªprocamente de hacer negocios sucios con los donativos de ropa hechos por el Jap¨®n a Ios pobres de Per¨²". La familia Fujimori y allegados podr¨¢n en adelante administrar el patrimonio familiar sin riesgo de esc¨¢ndalo.

Hay ingenuos en el Per¨² que aplauden lo ocurrido con este argumento: "?Por fin se puso los pantalones El Chino! ?Ahora s¨ª acabar¨¢n los militares con el terrorismo, cortando las cabezas que haya que cortar, sin el estorbo de jueces vendidos o pusil¨¢nimes y de los partidos y la prensa c¨®mplices de Sendero Luminoso y del MRTM'. Nadie se ha enfrentado de manera tan inequ¨ªvoca a la subversi¨®n en el Per¨² como lo he hecho yo -y, por eso, durante la campa?a electoral, ella trat¨® por lo menos en dos ocasiones de matarme-, y nadie desea tanto que ella sea derrotada y sus l¨ªderes juzgados y sancionados. Pero la teor¨ªa del "ba?o de sangre", adem¨¢s de inhumana e intolerable desde el punto de vista de la ley y la moral, es est¨²pida y contraproducente.

No es verdad que los militares peruanos tengan. las manos "atadas" por la democracia. El Per¨² ha sido declarado por organismos como Amnist¨ªa Internacional y America's Watch el primer pa¨ªs del mundo en lo que concierne a violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, empleo de la tortura, desapariciones, etc¨¦tera, y hasta ahora ni un solo oficial o soldado ha sido siquiera amonestado por alguno de esos abusos. A los horrendos cr¨ªmenes cometidos por los terroristas se a?aden, tambi¨¦n, por desgracia, horrendos cr¨ªmenes de la contrainsurgencia contra inocentes en esa guerra que ha causado ya cerca de veinticinco mil muertos.

Dar carta libre a las fuerzas armadas para luchar contra el terrorismo no va a acabar con ¨¦ste; lo va a robustecer y extender a aquellos sectores campesinos y marginales, v¨ªctimas de abusos, ahora sin posibilidad de protestar contra ellos por las v¨ªas legales o a trav¨¦s de una prensa libre, a qui¨¦nes Sendero Luminoso y el MRTA vienen diciendo hace tiempo: "La ¨²nica respuesta a los atropellos de la polic¨ªa y el Ej¨¦rcito son nuestras bombas y fusiles". Al perder la legitimidad democr¨¢tica, es decir, su superioridad moral y jur¨ªdica frente a los terroristas, quienes mandan hoy d¨ªa en el Per¨² han perdido el arma m¨¢s preciosa que tiene un Gobierno para combatir una subversi¨®n: el apoyo de la sociedad civil. Es verdad que nuestros Gobiernos democr¨¢ticos apenas la consiguieron; pero ahora, al pasar el Gobierno a la ilegalidad, el riesgo es que la colaboraci¨®n civil se vuelque m¨¢s bien a quienes lo combaten con las armas.

Es tambi¨¦n inexacto que una dictadura pueda ser m¨¢s eficiente en el combate contra el narcotr¨¢fico. El poder econ¨®mico que ¨¦ste representa ha hecho ya estragos en el Per¨², poniendo a su servicio a periodistas, funcionarios, pol¨ªticos, polic¨ªas y militares. La crisis econ¨®mica, que ha reducido los ingresos de empleados p¨²blicos y de oficiales a extremos lastimosos -el sueldo de un general no llega a 400 d¨®lares mensuales-, los hace vulnerables a la corrupci¨®n. Y, en los ¨²ltimos meses, ha habido denuncias muy expl¨ªcitas en el Per¨² de colusi¨®n entre los narcotraficantes del Alto Huallaga y alguno de los oficiales felones que encabezan el disimulado golpe militar. No se puede descartar, por eso, lo que la revista Oiga, de Lima, ven¨ªa denunciando hace tiempo: una conspiraci¨®n antidemocr¨¢tica fraguada por el entorno presidencial y militares comprometidos con los narcos del oriente peruano.

A algunos han impresionado las encuestas procedentes del Per¨² seg¨²n las cuales m¨¢s del 70% de los lime?os aprobar¨ªan el asesinato de la legalidad. No hay que confundir desafecto por instituciones defectuosas de la democracia con entusiasmo por la dictadura. Es verdad que el Congreso hab¨ªa dado a veces un espect¨¢culo bochornoso de demagogia y que muchos parlamentarios actuaban sin asomo de responsabilidad. Pero eso es inevitable en pa¨ªses donde la democracia est¨¢ dando sus primeros pasos y en los que, aunque haya libertad pol¨ªtica y elecciones libres, la sociedad a¨²n no es democr¨¢tica y donde casi todas las instituciones -partidos y sindicatos incluidos- siguen impregnadas de los viejos h¨¢bitos de caciquismo, corruptelas y rentismo. No se cura un dolor de cabeza decapitando al enfermo. Clausurando un Congreso representativo y fabricando uno ad hoc, fantoche, como hacen todas las dictaduras y como el ingeniero Fujimori promete hacer, no van a mejorar las costumbres ni la cultura democr¨¢tica del Per¨²: van a empeorar.

El desencanto de los peruanos con el Poder Judicial es grande, desde luego. Los jueces, que ganan sueldos de hambre -menos de 200 d¨®lares al mes, como promedio-, no se atreven a condenar a los terroristas ni a los narcos, por temor o porque se doblegan al soborno. Y tampoco a pol¨ªticos como el ex presidente Garc¨ªa P¨¦rez, a quien la Corte Suprema, en una decisi¨®n escandalosa, hace poco se neg¨® a juzgar pese a la solicitud del Congreso y de haber muy serias evidencias de negocios millonarios mientras ejerc¨ªa la presi

Pasa a la p¨¢gina siguiente