El PP recurre cuatro art¨ªculos de la 'ley Corcuera' por inconstitucionales

El PP present¨® ayer recurso de inconstitucionalidad contra cuatro art¨ªculos -retenci¨®n para identificar, registros de domicilios sin orden judicial, multas basadas en informes policiales y necesidad de pagarlas para recurrir- de la Ley de Seguridad Ciudadana. Seg¨²n Federico Trillo, portavoz del PP, esa leyes "el mayor atentado contra las libertades que el Parlamento ha inferido desde que aprob¨® la Constituci¨®n". Izquierda Unida y el CDS no han considerado oportuno secundar el recurso.

El PP pide al Constitucional la tramitaci¨®n preferente del recurso, y la suspensi¨®n provisional de los art¨ªculos impugnados. Trillo admiti¨® que no hay precedentes de que el Constitucional, desaparecido el recurso previo de inconstitucionalidad, suspenda la aplicaci¨®n de art¨ªculos de una ley antes de dar su fallo. Seg¨²n el recurso, urge la suspensi¨®n porque Ios perjuicios que con la ley pueden causarse, sin duda inminentes y graves, no tienen reparaci¨®n posible: la privaci¨®n de libertad o la posible violaci¨®n del domicilio -siquiera sea una vez-, son da?os perpetuos, que s¨®lo muy limitadamente pueden quedar satisfechos mediante una simb¨®lica reparaci¨®n pecuniaria". El recurso, aunque asegura que "el debate pol¨ªtico ha quedado atr¨¢s", brinda frecuentes argumentos con un tono m¨¢s de discurso parlamentario que jur¨ªdico.

Retenci¨®n para identificaci¨®n. El PP entiende que el retenido no se encuentra en libertad cuando es conducido contra su voluntad (art¨ªculo 20.2) a una dependencia policial para su identificaci¨®n, pero tampoco se encuentra detenido porque no le asisten las garant¨ªas que prev¨¦ la Constituci¨®n, como informaci¨®n de cargos, asistencia de abogado y tutela judicial. De a?adidura, se cree innecesario este art¨ªculo cuya aplicaci¨®n requiere "impedir la comisi¨®n de un delito", algo ya previsto en la detenci¨®n ordinaria regulada por la ley de enjuiciamiento criminal. La ¨²nica diferencia, seg¨²n el PP, estar¨ªa en la falta de garant¨ªas de la modalidad Corcuera.

Registros de domingos. Este art¨ªculo (21.2), definido por los juristas del PP como "patada a la puerta", quebranta los tres supuestos constitucionales de registro o entrada en un domicilio: consentimiento, resoluci¨®n judicial o delito flagrante. El PP entiende que la ley de Seguridad desfigura este ¨²ltimo principio ya que entiende que un delito flagrante es "aquel que se percibe directa e. inmediatamente; percepci¨®n que debe ser sensorial inmediata, que alcanza la evidencia o la audici¨®n". Por el contrario, en la ley tal criterio se transforma en "conocimiento fundado" de los hechos. "?Pero, fundado en qu¨¦?. "La expresi¨®n denota la insuficiencia del t¨¦rmino conocimiento", proclama el recurso. Asimismo, el PP ve desnaturalizado el delito flagrante al dar tal excepcionalidad al narcotr¨¢fico.

Sanciones de orden p¨²blico. El PP recurre tambi¨¦n los art¨ªculos 37 y 38 que facultan a la Administraci¨®n a aplicar sanciones por alteraciones del orden p¨²blico en virtud de meros informes policiales y obligan al ciudadano a pagar la multa para plantear recurso. "Este procedimiento de prueba, cuando s¨®lo interviene un agente, incurre en el siguiente defecto: una mera informaci¨®n son t¨ªtulo bastante para hacer saltar por los aires la presunci¨®n de inocencia. Se trata de la probatio diabolica: Corresponde al ciudadano probar su inocencia cuando es inculpado". Respecto de la necesidad de pagar la multa impuesta por la Administraci¨®n para poder recurrirla, el recurso proclama que "la potestad sancionadora se independiza, al menos temporalmente, del control judicial". "Se hace muy oneroso para el ciudadano, aunque gane el pleito, ejercer sus derechos fundamentales. Impide la suspensi¨®n autom¨¢tica de la sanci¨®n algo que se consideraba como " avance esencial en la protecci¨®n y garant¨ªa jur¨ªdica de los derechos fundamentales".

El secretario de Organizaci¨®n del PSOE, Jos¨¦ Mar¨ªa Benegas, juzg¨® ayer "incomprensible e inquietante" que el PP presentase dicho recurso.